El fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en un acto en el Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2023./ E.E. 15a2c
García Ortiz no recurre el aval del Supremo al registro de su despacho: Hurtado seguirá sin la 'espada de Damocles' del TC 4a4p4z
Las dudas de que el Constitucional aceptara intervenir en medio de la instrucción disuaden a la Abogacía del Estado, que defiende que se vulneraron derechos fundamentales en la incautación de los dispositivos electrónicos. 3r4r5e
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La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general y a la fiscal jefe de Madrid en el proceso por revelación de datos tributarios reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado recurrir al Tribunal Constitucional por los registros llevados a cabo en los despachos de los investigados el pasado 30 de octubre.
En esa fecha, el instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, autorizó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a incautar todos los dispositivos electrónicos usados por Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez y clonar su contenido entre el 8 de marzo de 2024 y la fecha de los registros.
Esos siete meses iniciales fueron luego acotados por el instructor, que dejó en siete días (del 8 al 14 de marzo de 2024) el a la información incautada.
Esa limitación fue determinante para que la Sala de Apelación decidiera el pasado 21 de febrero respaldar los registros acordados por Hurtado.
La Sala itió que "ciertamente, los autos iniciales fueron excesivamente extensos,
pues abarcaba la investigación desde el día 8 de marzo de 2024 hasta el
momento de practicarse la diligencia (30 de octubre de 2024)".
"Desde luego que semejante amplitud temporal fue inadecuada e innecesaria", señaló, "pues los hechos [la revelación de secretos], de haberse producido, tendrían un acotamiento temporal muchísimo más corto".
Pero, después de que Hurtado redujera a siete días el al contenido de los dispositivos, la Sala de Apelación respaldó unos registros que consideró proporcionales, necesarios e idóneos para tratar de averiguar la filtración a la prensa de unos correos electrónicos dirigidos a la Fiscalía de Delitos Económicos por la defensa del empresario Alberto González Amador. En ellos se reconocía que éste había cometido dos delitos tributarios, ofreciendo un pacto de conformidad.
El plazo para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional concluyó el pasado viernes. Aunque las defensas de los investigados siguen pensando que los registros fueron desproporcionados y afectaron a los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, han decidido no recurrir ante las dudas de que el TC aceptara intervenir en medio de una instrucción en desarrollo y cuando esas alegaciones todavía pueden hacerse valer en el Tribunal Supremo.
Aunque en varios medios se difundió que García Ortiz estaba orientando su estrategia para que el TC interviniese a su favor declarando nulos los registros, lo cierto es que el Tribunal Constitucional no va a ser interpelado por ahora. La instrucción de Hurtado podrá continuar sin la 'espada de Damocles' que representaría tener un recurso de amparo del fiscal general pendiente de sentencia.
Tanto García Ortiz como Rodríguez han interpuesto numerosos recursos contra las decisiones de Hurtado. La Sala de Apelación no ha estimado, ni siquiera parcialmente, ninguno de ellos.
Únicamente en una resolución conocida el pasado 31 de marzo, con ponencia del magistrado Andrés Palomo, la Sala descartó la relevancia penal de la nota de prensa que la Fiscalía difundió el 14 de marzo para salir al paso de noticias falsas de que fue el Ministerio Público el que ofreció un acuerdo a González Amador, aunque luego lo habría retirado 'por órdenes de arriba'. El comunicado explicaba cuál fue la actuación real de la Fiscalía respecto a la denuncia por fraude tributario presentada contra la pareja de Ayuso.
"Cuando se publica la nota de prensa toda la información que se contiene en la misma ha resultado revelada", constató la Sala de Apelación respecto a un comunicado que Hurtado ha seguido incluyendo en el supuesto plan delictivo de los investigados para revelar secretos de González Amador.
