Abel Marín, abogado: “El empresario ya no puede pactar libremente ni con el trabajador ni con la realidad” 6v2g9

El Senado ha aprobado un proyecto de ley que, básicamente, elimina el despido automático por incapacidad permanente del trabajador.

Todos los grupos políticos, con la excepción de Vox, han dado su visto bueno a esta reforma del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicha reforma establece nuevas condiciones para los despidos. Así, la incapacidad permanente deja de ser una causa automática para rescindir el contrato unilateralmente, y el despido queda condicionado a la decisión del empleado.

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“Esta reforma no es solo un desliz legislativo. Es un torpedo a la libertad contractual", afirma con rotundidad Abel Marín, abogado y socio de Marín & Mateo Abogados.

Y añade: "Otro paso hacia una economía intervenida al más puro estilo soviético, donde el empresario ya no puede pactar libremente ni con el trabajador ni con la realidad”.

Consecuencias de la reforma 3q575p

Con esta reforma, que fue aprobada por 251 votos a favor, ninguna abstención y solo tres votos en contra, se penaliza “al que produce, invierte y arriesga, y terminará provocando que las empresas cierren, se deslocalicen o dejen de contratar”.

Y es que, según Abel Marín, con la misma “el empresario pierde capacidad de decisión sobre la continuidad de una relación laboral que, por definición, se ha tornado inviable”.

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Recapitulemos: con la reforma de la ley, las empresas se ven obligadas a reservar hasta dos años el puesto de una persona que ha sido declarada incapacitada.

Además, la carga probatoria recae así en ellas. Por tanto, y en el caso de querer rescindir la relación laboral, deberán justificar la incompatibilidad laboral en un entorno istrativo y judicial.

Según Abel Marín, dicho entorno “difícilmente le será favorable”. 

Desde su punto de vista, con este cambio “se minará el incentivo a contratar porque el despido se convierte en una odisea judicial”.

Asimismo, “se favorecerá la contratación temporal o externalizada como vía de escape al riesgo regulatorio”.

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Por último, el abogado califica la medida de intervencionista porque el empresario “ya no puede decidir si el puesto que creó tiene sentido sin esa persona".

Y concluye: "Es una iniciativa que judicializa aún más la gestión interna de recursos humanos y que convertirá la empresa en una institución asistencial”.