Los ataques del Gobierno a la jueza del 'caso David Sánchez' avivan la protesta de jueces y fiscales por la ley Bolaños Tomás Serrano n4ph
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Este viernes, las principales asociaciones judiciales y fiscales anunciaron un paro, sin descartar una huelga posterior, contra las reformas del Gobierno. 55k9
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Llueve sobre mojado. Los ataques del Gobierno a la juez que ha mandado a juicio a David Sánchez coinciden con la indignación generalizada en las carreras judicial y fiscal.
Casi paralelamente a que varios ministros salieran en tromba a criticar la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma, cinco organizaciones de jueces y fiscales acordaban un paro el próximo 11 de junio, a las 12 horas.
No por habituales las críticas del Gobierno a ciertos de la judicatura pierden su efecto y su gravedad. Avivarán, posiblemente, el enojo en el ya molesto sector judicial, que este mismo viernes llegaba al punto de anunciar ese paro sin descartar una huelga posterior.
¿Para qué? Para "visibilizar" su rechazo al proyecto de ley que reforma el a la Judicatura y la Fiscalía, y el anteproyecto de modificación del Estatuto Fiscal.
A esta medida de protesta de jueces y fiscales se enfrenta el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, impulsor de ambas iniciativas.
Este jueves, el ministro envió una carta a las organizaciones de jueces y fiscales defendiendo estas reformas como "la mayor transformación de la Justicia en décadas"
Lo que ha continuado tensando la cuerda este viernes entre el Gobierno y la judicatura han sido los reproches del Ejecutivo a la juez Biedma.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la investigación contra hermano de Sánchez está basada en "un bulo, una mentira".
Desdeñando los indicios con los que cuenta la instructora, dijo que la causa es una estrategia para "atacar al entorno del jefe del Ejecutivo" por parte de la "ultraderecha".
¿Con qué indicios cuenta la juez? A sus ojos, la Diputación de Badajoz, en manos del PSOE, otorgó ad hoc una plaza al hermano del presidente del Gobierno y la acomodó a sus gustos, deseos y horarios.
Ahora bien, el Gobierno lo niega. Este viernes, de forma genérica, la ministra Montero atriibuyó a ciertos grupúsculos el pretender que "todos los días" haya "pseudoinformaciones y pseudoinvestigaciones" en el debate público para "intentar denostar al contrario, para intentar deshumanizarlo, desprestigiarlo, dar una imagen que no se corresponde con la realidad".
La tercera integrante del Gobierno en cargar contra la juez Beatriz Biedma fue la ministra Isabel Rodríguez. En Onda Cero, denunció que "no habría caso" si no fuera por la relación familiar de David Sánchez con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.
Rodríguez aseguró que "este caso nunca hubiera llegado a la Justicia de no ser [David Sánchez] quien es y de no haberse emprendido por este tipo de organizaciones, que se deben a los intereses de los partidos de la ultraderecha, como claramente queda constatado".
Además, los reproches públicos del Gobierno se producen en pleno revuelo generado por el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo.
El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño forma parte desde este miércoles de la Asamblea de Extremadura, lo que le otorga así el privilegio de que, de ser juzgado, sentarse en el banquillo del Tribunal Superior autonómico.
"Descontento generalizado" d585b
En un comunicado conjunto firmado por las principales asociaciones de jueces y fiscales se expresaba el "descontento generalizado" con las reformas legales en el horizonte del Gobierno.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales —todas, menos Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, próximas al Gobierno— han plasmado sus quejas al el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ése es el nombre oficial de la ya conocida como la Ley Bolaños.
Las cinco organizaciones reclaman la retirada de ambas reformas. La que modifica el a la Judicatura y la Fiscalía, que ya ha sido enviada al Congreso, "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia", afirman en su comunicado.
La iniciativa, además, "incrementa los riesgos de su politización y debilita los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho", sostienen los firmantes.
Respecto la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consideran estas asociaciones que "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas".
Esta reforma, a su juicio, "da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".
Las asociaciones reclaman, asimismo, el cumplimiento de los acuerdos de 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga entonces anunciada.
