Algunos inmigrantes en el hotel París, en el barrio del Gancho de Zaragoza. E.E Zaragoza 2hr14
Aragón exige al Gobierno de España que cumpla con sus competencias en materia de inmigración 1i2e3a
La DGA comunica sus datos de acogida y lamenta que se esté echando a la calle a jóvenes de 18 años a los que el Gobierno central traslada desde Canarias. 3x6g5u
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El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias en atención a la infancia vulnerable, ha atendido en todo 2024 a 1.804 niños/as, adolescentes y jóvenes españoles, extranjeros y extranjeros no acompañados.
En la Comunidad, según defiende el Ejecutivo, actualmente no hay ningún niño menor de seis años en un centro residencial y Aragón es una referencia en este aspecto, tal y como certifica el último informe de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia publicado esta misma semana. Ese mismo informe señala que las CCAA que más plazas de menores extranjeros no acompañados han destruido desde 2021 han sido Cataluña y Navarra.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, recuerdan que Aragón ya está atendiendo a todos los menores de edad que llegan a la Comunidad a través del programa de protección internacional que depende del Gobierno de España, y que llegan camuflados entre los adultos. De todos ellos se está haciendo cargo la DGA, con sus propios recursos y en cumplimiento de lo que establece el marco competencial.
En ese sentido, el Gobierno de Aragón deplora las recientes referencias a la atención que se les está prestando en Aragón a los menores vulnerables, sea cual sea su circunstancia o procedencia, usando para ello términos como “crueldad” o “insumisión”, que han realizado en la última semana representantes del Gobierno de España.
Es precisamente el Gobierno de España quien tiene todavía que responder al Tribunal Supremo sobre qué va a hacer para atender a más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias.
En todo lo relativo al Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, el Gobierno de Aragón recuerda que cumple la Ley y acata las decisiones de los tribunales. Aragón ha considerado desde un primer momento que ese Decreto Ley para imponer a las CCAA el reparto de los menores migrantes que permanecen en Canarias y Ceuta es inconstitucional y conculca, además, todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales, con lo que se han quebrado los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas, una vez más, en favor de intereses que no tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables.
El Gobierno de España ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político y lo ha hecho conforme a razones muy alejadas del interés superior del menor que debe presidir esta normativa, que se ha redactado a espaldas del resto de CCAA.
Cuestión de competencias u5vs
El Gobierno de Aragón apremia al Gobierno de España a que se ocupe del ejercicio de las competencias que le corresponden; entre ellas, dar una respuesta a las más de 40 personas que están atendiendo los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y que, pese a tener reconocida la protección internacional del Gobierno de España, han sido expulsados y se han visto expuestos a vivir en la calle cuando cumplen tres meses en el programa o incluso cuando se les detectan problemas de salud mental.
También se puede plantear al Ejecutivo central que audite cómo se está atendiendo a las madres con hijos menores de edad que están en cualquiera de los programas de atención humanitaria y del sistema de acogida de protección internacional que son responsabilidad del Ejecutivo central en varios puntos de la Comunidad.
Entre las competencias del Gobierno de España se encuentra asimismo dotar de personal suficiente a las oficinas de la Seguridad Social, que en Zaragoza están faltas de profesionales, para tramitar gestiones como el IMV –la Comunidad Autónoma debe complementarlo porque se ha demostrado insuficiente para las familias y también ha retomado la actualización de las prestaciones de las pensiones no contributivas que se había abandonado– y los permisos de trabajo.
Queda pendiente también, a juicio del Gobierno de Aragón, que los Ministerios competentes clarifiquen qué va a suceder con todas las familias de origen migrante, trabajadoras, que debido a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería están en riesgo de quedarse sin papeles, sin sustento ni modo de obtenerlo.
