Isabel Díaz Ayuso durante un reciente desayuno informativo de Europa Press. Jesús Hellín / Europa Press 1j1039
Un juez imputa a dos exaltos cargos del Gobierno de Ayuso por las muertes en residencias al inicio de la pandemia 1y663v
Los investigados son Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos. 6ss45
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados el lunes 26 de mayo a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia.
Carlos Mur era director de Coordinación Sociosanitaria cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y fue el firmante de un protocolo que bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes enfermos por el simple hecho de ir en silla de ruedas o tener deterioro cognitivo.
Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo fue el coordinador del 'protocolo técnico', que complementaba al primero a la hora de especificar cómo debía ejecutarse, y que sustituyó a Mur como director de Coordinación Sociosanitaria en mayo de 2020.
El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.
El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.
'Marea de Residencias' y '7291: Verdad y Justicia' celebran que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos.
Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad.
En todo caso, ambas entidades se muestran convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo, que "cumplían órdenes".
Aunque en calidad de investigados no están obligados a decir la verdad pero se les pide que cuenten la verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron "un impacto brutal en la vida de muchos residentes".
El Ministerio Público repartió la denuncia colectiva entre la Fiscalía Provincial de Madrid (a la que correspondieron los casos de 53 denunciantes) y las Fiscalías de Área de Móstoles (28), Getafe-Leganés (15) y Alcalá de Henares (13).
En la denuncia colectiva se identificó a Carlos Mur, firmante del protocolo de no derivación, y a Francisco Javier Martínez Peromingo, autor del protocolo técnico, que complementaba al anterior.
El Ministerio Fiscal solicitó expresamente la instrucción y enjuiciamiento conjunto del delito de discriminación denunciado en 2024 y el homicidio imprudente y de prevaricación instruido en virtud de la querella inicial.
En una breve declaración a los medios de comunicación, Isabel Díaz Ayuso se ha limitado a decir que "el asunto estaba archivado" y "ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo". "Es toda la información que tengo de ello", ha concluido.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha destacado la "persistencia" y "dignidad" de los familiares de los fallecidos en pandemia en las residencias de la región.
En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Bergerot ha destacado que "gracias a la persistencia de las asociaciones de familiares, hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia".
"Fueron 7.291 y sólo pasó en Madrid. Sólo en Madrid hubo unos protocolos hechos por políticos para decidir quién tenía una oportunidad de salvarse y quién no, en función de si tenían un seguro privado o no. Sólo en Madrid", ha subrayado.
Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha sostenido que "después de muchos años de lucha se abre un rayo de esperanza para las familias de las víctimas que fallecieron en las residencias durante el Covid" en Madrid.
"Hoy por fin la Justicia, tras muchos años de lucha de todas esas familias, abre esa oportunidad para por fin poder investigar lo que fueron los protocolos de la vergüenza. Desde luego, la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones", ha subrayado.
