Félix Bolaños este viernes durante su intervención en la Comisión de Justicia del Senado. J.P.Gandul Efe 221z
Las principales asociaciones de jueces y fiscales llaman a un paro general el 11 de junio en protesta por la ley Bolaños 195l17
La convocatoria se produce 24 horas después de que el ministro les enviara una carta defendiendo los cambios en el a las carreras judicial y fiscal. 55482v
Más información: Bolaños escribe una carta a las asociaciones de jueces y fiscales para defender la reforma que les ha puesto en pie de guerra 66f5d
Cinco organizaciones de jueces y fiscales, entre ellas las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), han acordado hoy llamar a los integrantes de las carreras judiciales y fiscal a un paro el próximo 11 de junio, a las 12 horas, para "visibilizar" su rechazo al proyecto de ley que reforma el a la Judicatura y la Fiscalía y el anteproyecto de modificación del Estatuto Fiscal.
Es la primera medida de protesta de jueces y fiscales a la que se enfrenta el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, impulsor de ambas iniciativas. Ayer mismo, Bolaños envió una carta a las organizaciones de jueces y fiscales defendiendo estas reformas como "la mayor transformación de la Justicia en décadas".
La APM, la asociación judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales -todas las organizaciones de jueces y fiscales menos Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, próximas al Gobierno- han celebrado este viernes una reunión para analizar el "descontento generalizado" que ha provocado el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Las cinco organizaciones reclaman la retirada de ambas reformas.
La que modifica el a la Judicatura y la Fiscalía, que ya ha sido enviada al Congreso, "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia", afirman.
La iniciativa, además, "incrementa los riesgos de su politización y debilita los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho", sostienen.
Respecto la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, consideran que "supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas".
Esta reforma "da incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora".
Las asociaciones reclaman, asimismo, el cumplimiento de los acuerdos de 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga entonces anunciada.
También se pide una "amplísima convocatoria" de la oposición libre y del cuarto turno, "sostenida en años sucesivos", a fin de alcanzar una dotación suficiente de la Judicatura y la Fiscalía "que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad".
Las asociaciones han acordado una batería de medidas. La primera, enviar al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa sus informes sobre las iniciativas de Bolaños, con la idea de activar al GRECO y a la Comisión de Venecia. Se trata de "denunciar cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes", dicen.
En segundo lugar, van a solicitar reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones, "con el fin de explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer".
"En caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado, las cinco asociaciones firmantes nos comprometemos a impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta", indican en tercer lugar.
La cuarta medida es convocar un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, "a fin de que los de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos" fijados por las asociaciones.
"Ello", concluyen, "sin perjuicio de mantener nuestra plena disposición a seguir debatiendo con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, con rigor y sincera colaboración, como siempre hemos hecho, la base de los referidos proyectos, y sin renunciar, así mismo, a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivos".
