
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a su salida del pleno del Congreso, este martes. EP 4t2t3s
El PSOE incluye la revisión de penales caso a caso que pedía el PP para la regularización de 500.000 'sin papeles' en España 623951
El Gobierno se desmarca de su posición inicial y propone ahora un procedimiento extraordinario, mientras el PP denuncia una "injerencia" del Ejecutivo en la labor parlamentaria. 4w3d1a
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El PSOE ha asumido una de las condiciones clave del Partido Popular para apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que podría permitir la regularización de unos 500.000 inmigrantes en situación irregular en España: la evaluación "caso a caso" de los expedientes, atendiendo a los antecedentes penales de cada persona.
Son dos giros significativos. Por un lado, porque los socialistas, en origen, no eran partidarios de una regularización masiva como la propuesta en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva casi un año de lenta tramitación en el Congreso. Y por otro, por aceptar la condición principal de las esgrimidas en su día por el PP, la revisión de los antecedentes penales de cada una de las personas aspirantes a obtener los papeles.
En un principio, el ala socialista del Gobierno había apostado por otra vía: una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería como vía alternativa para facilitar el a la residencia legal.
La ILP, registrada con más de 600.000 firmas y respaldada por un centenar de ONG, fue itida a trámite en abril de 2024 con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox. Su objetivo es abrir un proceso excepcional para regularizar a cientos de miles de extranjeros que llevan años residiendo en España sin documentos legales.
Según estimaciones de las organizaciones promotoras y de fuentes parlamentarias, el impacto de esta ley podría alcanzar a entre 500.000 y 750.000 personas. Las ventajas son múltiples: afloramiento de economía sumergida, incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social, y una mejora general de las condiciones sociales, laborales y familiares de quienes viven en la sombra legal.
"Injerencia del Ejecutivo" 43172k
La iniciativa se encuentra ahora en fase de ponencia parlamentaria. Es decir, en pleno proceso de redacción del texto que se elevará a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En comisión, cada grupo puede proponer cambios técnicos, invitar a expertos y acordar modificaciones.
Las enmiendas clave, hasta que el Gobierno ha aparecido con un nuevo texto, eran las del Grupo Popular.
El PP exige que toda regularización sea "individualizada", incluso cambiando el nombre de la proposición de ley. Su texto excluiría a quienes tengan antecedentes penales o reincidan en delitos leves.
Además, reclaman los populares que se valoren elementos como el arraigo laboral o social, y la voluntad de integración. En sus propuestas —a las que ha tenido EL ESPAÑOL— los populares insisten en que los solicitantes se comprometan con "los valores constitucionales" y en que los procedimientos deben seguir el espíritu del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo de 2024.
Ese documento, como ya establecía el de 2008, señala que "los procesos de regularización no pueden ser generalizados, sino tratados caso por caso", tal y como recalcan fuentes del Grupo Popular... y como asumía el PSOE hasta hace unas semanas.
Pero el pasado viernes, el PSOE sorprendió al resto de grupos presentando un nuevo texto alternativo en la ponencia, lo que ha encendido las alarmas en la oposición.
"El Gobierno ha irrumpido en la labor del Legislativo con unas prisas inusitadas", denunció el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien calificó la maniobra como "una falta de respeto al trabajo parlamentario" y una "injerencia intolerable" del Ejecutivo en el Congreso.
Nuevo plan del PSOE 12v5w
El Gobierno se decanta ahora abiertamente por una regularización extraordinaria, planteando que puedan acceder a una autorización de residencia quienes se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2024.
Esto supone un desmarque del enfoque original del Ejecutivo, que había defendido mantener la tramitación vía reglamentaria para evitarse incoherencias con lo votado en Bruselas.
El PP ve con buenos ojos que se asuma la vía "caso a caso", pero fuentes del partido insisten en que "hacen falta recursos para que esa revisión sea eficaz". Los de Alberto Núñez Feijóo podrán plantearse el apoyo a la iniciativa "si el Gobierno pone personal suficiente en las oficinas de extranjería, protección y asilo para estudiar cada expediente de forma individualizada", y se atienden otras de sus enmiendas.
Esas condiciones del PP son exigentes. A las ya citadas se añaden el "arraigo demostrable" y vínculos laborales o un "proyecto de autoempleo". Eso sí, se contempla que quienes tengan solicitudes de asilo en trámite puedan desistir voluntariamente para acogerse a este nuevo proceso.
Minigira por África 5u4w4o
Al inicio del curso político, el PP ya expresó públicamente esta disposición a estudiar una regularización si se hacía conforme al derecho nacional y europeo. Pero entonces, Pedro Sánchez realizó una gira por varios países africanos, en la que promocionó la migración regular… y generó "estupor" en las Comunidades Autónomas más afectadas por la crisis migratoria en España.
Aquella estrategia del presidente del Gobierno fue calificada por Feijóo como un "efecto llamada". Tellado planteó entonces incluso que mientras en otros países de la UE "se valoran ya las deportaciones masivas", el Gobierno "alienta a las mafias a seguir explotando la necesidad de miles de personas".
Especialmente grave era —y sigue siendo— la situación en Canarias. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, reaccionó denunciando su "emergencia humanitaria" en las islas, con más de 6.000 menores extranjeros no acompañados "hacinados" en 86 centros. Indignado por la falta de atención del Gobierno central, cambió los protocolos, se negó a acoger más menores y presentó un recurso ante el Supremo.
El alto tribunal dio la razón a Canarias hace dos meses, pero el Gobierno aún no ha cumplido la sentencia. Mientras tanto, pactó con Junts el decretazo de reparto de 4.400 menores entre las autonomías peninsulares, facilitando que Cataluña reciba menos y los de Carles Puigdemont refuercen su colaboración con Moncloa.
"Lo que está haciendo Sánchez es volver a utilizar la migración como arma política", denuncian fuentes del PP. "Las mafias siguen enviando pateras, mueren miles de personas en el Atlántico, y ahora pretende lavar su imagen con una regularización improvisada".
A pesar del cruce de acusaciones, el nuevo texto parece avanzar. El PSOE y Sumar han pactado una nueva redacción que, según fuentes parlamentarias, ya se está negociando con el resto de grupos.
El Ejecutivo trata de cerrar el proceso antes del verano. Pero con las tensiones abiertas con el PP, las resistencias autonómicas, y el precedente del decretazo para los menas, nada garantiza una aprobación rápida. Y menos aún sin ruido.