Las 88 personas de origen subsahariano rescatadas en dos pateras rescatadas por Salvamento Marítimo son trasladadas al Puerto de Arrecife (Lanzarote), el pasado jueves. Efe y193m
El Gobierno dilata el reparto de 4.000 menas al llevar a Aragón al TC tras desoír la orden del Supremo de dar asilo a 1.200 y7156
Canarias acusa a Moncloa de tratar de "tapar su desacato al Supremo" con los solicitantes de asilo con "tácticas de distracción que sólo buscan culpar al PP y no solucionar la emergencia humanitaria de los menores". 5h5n6e
Más información: El Supremo obliga al Gobierno a explicar en una vista por qué no atiende a mil menores migrantes que han pedido asilo. 5v5i56
El Consejo de Ministros anunció este martes su decisión de llevar al Ejecutivo de Aragón ante el Tribunal Constitucional por "negarse a colaborar" con el reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados (menas) procedentes de Canarias y Ceuta. Justo el mismo día, el Tribunal Supremo emitía un auto durísimo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber cumplido con la orden de hacerse cargo de unos 1.200 menores solicitantes de asilo "hacinados" en las islas.
Por eso, la iniciativa de Moncloa fue interpretada desde el Gobierno canario de Fernando Clavijo como una "táctica de distracción" para ocultar que el propio Estado lleva "más de 50 días sin cumplir otro auto del Tribunal Supremo" alegando que sus servicios y recursos "están saturados".
Fuentes cercanas al presidente canario, aseguran que el Supremo ha dado un "repaso jurídico" al Ejecutivo de Sánchez. "Se hará una vista abierta el 29 de mayo, donde se cita al Gobierno de España y al de Canarias, y el Supremo les va a pedir explicaciones", señalan desde el entorno del también líder de Coalición Canaria (CC).
"Le han hecho un papelón al Estado, que no ha hecho absolutamente nada desde que recibió el requerimiento. Cero patatero", expresan estas fuentes, satisfechas con el requerimiento del Supremo.
Desde el Gobierno canario insisten en que "la Abogacía del Estado ha ignorado los plazos" y advierten de que el Supremo puede incluso llegar a pedir "el nombre de los responsables de desobedecer una orden judicial", citando expresamente a la ministra de Inclusión, Elma Saiz; al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.
"Táctica de dilación" 9q
Canarias denuncia que mientras no se desarrolla el decreto sobre contingencias migratorias, convalidado hace ya un mes, los más de 4.400 menores siguen sin poder ser trasladados. Y achacan esta parálisis a una estrategia premeditada: "Llevar a Aragón al Constitucional no es una medida de presión real, es una excusa para ganar tiempo y no aplicar la ley que el propio Gobierno impulsó".
A juicio del Ejecutivo regional, si realmente hubiera voluntad de actuar contra Aragón por no enviar los datos sobre los menores tutelados, el procedimiento sería distinto: "Se manda un requerimiento, y si no responden, se los lleva a un juez por desobediencia. No al Constitucional. Eso es sólo para aparentar firmeza, pero dilatar el cumplimiento de la ley".
Según estas fuentes cercanas a Clavijo, "el Gobierno prefiere que parezca que el problema es del PP, para esconder que ellos también están incumpliendo".
Desde el Parlamento canario, el vicepresidente y líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, lanzó un mensaje claro al Grupo Socialista: "Díganle al Ejecutivo de Sánchez que cumpla la ley y las sentencias del Supremo".
El popular criticó que, mientras se señala a las Comunidades Autónomas del PP por no colaborar, el Gobierno central lleva "más de 50 días incumpliendo una sentencia del Supremo que les daba 10 días para hacerse cargo de más de 1.000 menores".
A pesar de formar parte del Gobierno con CC, el PP canario se opone al actual decreto de reparto de menas —como el resto de comunidades gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo—, pero Domínguez insistió en que "una ley es una ley, y hay que cumplirla", recordando las palabras de Isabel Díaz Ayuso.
Según fuentes próximas a Domínguez, el decreto se pactó con Junts para favorecer a Cataluña, reforzar la posición de Sánchez en el Congreso, "y poder buscar un culpable, no una solución para la emergencia humanitaria".
Acusaciones cruzadas 2pk70
Desde Génova, las críticas son también contundentes. El PP considera que Moncloa está utilizando la crisis de los menas como arma política: "Son maniobras de distracción para no cambiar su no-política migratoria y culpar al PP de todo", señalan fuentes de la dirección nacional.
Los populares denuncian que el Gobierno central "mandó un email con preguntas inconcretas" a las CCAA, y Aragón recurrió eso ante el Supremo. Y ahora, pese al requerimiento judicial, Moncloa no ha enviado "ni el expediente completo ni los datos claros que le pide el alto tribunal".
Además, los populares remarcan la contradicción del Gobierno: "No cumple con la sentencia del Supremo, que le obliga a hacerse cargo de más de 1.000 niños solicitantes de asilo, y acusa al PP de facha por estar saturado… ¡cuando el propio Estado alega lo mismo!".
El conflicto político ya no es sólo entre el Gobierno central y las CCAA gobernadas por el PP, desde Canarias, el reproche se extiende también al plano financiero.
"Han incumplido con el Supremo, con su propia ley, con la UE, con Frontex y con nosotros", señala un alto cargo del Ejecutivo regional. Recuerda que no se han transferido los 100 millones de euros comprometidos desde Madrid, a pesar de que Canarias invirtió más de 160 millones en 2024 para atender a los menores.
De hecho, fuentes del Gobierno aragonés de Jorge Azcón (PP) resaltan la "absoluta hipocresía" con que el Gobierno central aborda el problema de la migración.
"A las autonomías nos exigen aplicar medidas injustas, y acordadas exclusivamente con Junts, mientras luego ellos se niegan a adoptar las medidas que les reclama el Tribunal Supremo para asumir sus responsabilidades sobre 1.000 menores". Según el entorno de Azcón, la actitud de Moncloa "es una auténtica vergüenza".
El bloqueo persiste h6y4o
Ahora, tras el recurso del Gobierno al Constitucional por la presunta "falta de colaboración" del Ejecutivo aragonés, todo se enquista.
La falta de desarrollo reglamentario del decreto impide declarar la situación de contingencia migratoria, paso clave para repartir a los menores entre las comunidades autónomas. Mientras tanto, "el problema no sólo sigue, se agrava", recuerda un miembro del Ejecutivo canario.
Según datos del Gobierno insular, más de 6.000 menores permanecen hacinados en los 86 centros de acogida de Canarias, y más de 500 en Ceuta, sin que se haya reubicado a ninguno. "Ni siquiera de los llegados desde la entrada en vigor del nuevo decreto, aunque ya es ley".
El conflicto jurídico y político, lejos de resolverse, se intensifica con cada movimiento del Ejecutivo. Mientras los ministros de Sánchez tratan de exhibir firmeza señalando a las autonomías del PP, el Supremo puede certificar en dos semanas que el Gobierno le ha desobedecido. En juego, además del modelo de gestión migratoria, está el interés superior de miles de niños cuya tutela sigue en el aire.
