
Rafa Mas, portavoz de Compromís, en una reciente comparecencia en el Ayuntamiento de Alicante. Compromís 6y5g29
Compromís lleva a pleno la demora del Ayuntamiento de Alicante en asumir el control de los pisos turísticos 623259
Málaga ha contratado una empresa privada para inspeccionar el cumplimiento de la legalidad de sus pisos turísticos en 417 barrios. 241v1f
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Compromís Alicante insiste en presionar al gobierno municipal del popular Luis Barcala para que vigile y actúe ante la ilegalidad de la proliferación de muchos pisos turísticos en la ciudad sin licencia. Por eso llevará este asunto al próximo pleno municipal que se celebra esta semana en forma de pregunta.
Como ha venido informando este diario, tan solo en la provincia de Alicante el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho efectiva su adhesión al convenio firmado el pasado mes de enero en el transcurso de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) entre la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y los ayuntamientos más importantes.
Una delegación de competencias en la vigilancia, control y sanción de las viviendas en situación irregular que permite a los ayuntamientos con cuerpo de Policía Local asumir la gestión y resolución de procedimientos sancionadores por infracciones relacionadas con viviendas de uso turístico. Es decir, recaudar hasta 600.000 euros por vivienda irregular en los casos más graves,
En el caso de Alicante, EL ESPAÑOL desveló esta misma semana que por el momento no se adherirá por falta de personal en el área de Urbanismo, que es donde se transferirían esas competencias. Por el momento se contenta con los resultados que está dando la moratoria de licencias para pisos turísticos (Viviendas de Uso Turístico VUT) aprobada el pasado mes de enero.
Desde Compromís, su portavoz Rafa Mas, asegura que "el número de viviendas con fines turísticos se ha incrementado exponencialmente durante los últimos años, no solo en el centro tradicional e histórico de la ciudad, sino en gran parte de los barrios".
"Esta circunstancia está afectando en parte, de forma negativa, a la ciudadanía alicantina que está viendo cómo el a la vivienda es muy complicado por el alto precio para alquiler o compra, hasta el punto que, atendiendo a la definición de zona tensionada según la Ley de Vivienda, todos los distritos de la ciudad de Alicante entrarían dentro de zona tensionada", añade Mas.
De hecho, Compromís ha detectado mediante su página web quenotetiren.com casi 500 denuncias de vecinos que han sido trasladadas a Urbanismo. "Y ante la falta de respuesta interpusimos una queja al Síndic", añade el portavoz municipal.
Por eso, preguntará: "¿Cuándo tiene previsto el Ayuntamiento de Alicante hacer efectiva la adhesión al manifiesto y asumir las competencias sancionadoras para las viviendas de uso turístico en situación irregular?".
Se da la circunstancia de algunos municipios con este mismo problema, y con alcaldes del PP como lo es Málaga, han externalizado la gestión de vigilancia contratando a una empresa privada con un sistema de recogida de datos mediante el que disponer de un conocimiento cuantitativo y controlar los usos de este tipo de inmuebles.
Para Compromís Alicante esa podría ser una solución ante la falta de personal. No en vano, "este aumento viene en paralelo al incremento de pisos ilegales, que operan con uso turístico de manera ilegal en todos los barrios de la ciudad de Alicante, lo que contribuye significativamente a la economía sumergida".
"Estas propiedades no declaradas no solo evaden impuestos y regulaciones, sino que también distorsionan el mercado inmobiliario, afectando al sector turístico en general que opera en el mercado siguiendo la normativa vigente. Es fundamental tomar medidas para regularizar esta situación y garantizar una competencia justa y transparente", añade Mas.
Para concluir, "además, el aumento de viviendas de uso turístico ilegal ocasiona conflictos de convivencia con los residentes locales. En este aspecto, también se hace necesario establecer una regulación urgente, clara y efectiva para proteger los derechos y la armonía de quienes habitan en estas zonas.