El Tribunal Constitucional concluye el primer debate sobre la 'ley trans' sin acuerdo y sin fecha para retomarlo 1b2j34

Conde-Pumpido ni siquiera quiso dar su opinión sobre la ponencia -que, como adelantó EL ESPAÑOL, respalda la constitucionalidad del grueso de la controvertida ley- tras constatar que el texto de Campo no es que divida al grupo progresista: es que solo se ha explicitado un único apoyo, el de Ramón Sáez.

Ayer terminó la ronda de intervenciones con los pronunciamientos del magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez y de las progresistas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.

Las magistradas progresistas del TC Montalbán y Balaguer se rebelan contra la ponencia de Campo que avala la 'ley trans'

Esta última, vicepresidenta del Constitucional, fue rotunda en sus discrepancias con la ponencia, en particular en lo referido a la autodeterminación del sexo en las inscripciones del Registro Civil, un asunto que ha dividido al movimiento feminista.

La ley permite la rectificación registral de la mención relativa al sexo sin ningún tipo de condicionamiento a los mayores de 16 años.

Ese cambio, dice la ley, "en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole".

El recurso interpuesto por los diputados del PP combate este precepto argumentando que el hecho de que la modificación registral del sexo se base en la “simple declaración de voluntad de la persona”, sin exigir una “estabilidad en la situación de transexualidad" ni "prueba alguna de la incongruencia de género”, vulneraría distintos preceptos constitucionales, comenzando por la seguridad jurídica: la certeza en las relaciones jurídicas y sociales, la eficacia probatoria privilegiada y la presunción de exactitud e integridad que dan las inscripciones registrares.

Para el ponente, sin embargo, la importancia de esas consideraciones "es secundaria frente a la garantía de la autodeterminación de las personas trans respecto de su identidad sexual y su derecho a la intimidad personal".

Balaguer, por su parte, incorporó una crítica no tratada en la ponencia ni tampoco en el recurso. A su juicio, la 'ley trans', que formalmente se llama Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, debería tener rango de ley orgánica por afectar a derechos fundamentales.

También la opinión de Enríquez, como la de los otros cuatro magistrados conservadores, fue crítica con la ponencia.

Campo también agradeció el tono del debate y se mostró dispuesto a valorar las observaciones que sus colegas quieran remitirle por escrito.

Pero nadie en el tribunal apuesta por una pronta reanudación del debate sobre la ley trans después de ponerse de manifiesto la dificultad de articular una mayoría progresista sobre el texto presentado por un magistrado también progresista. Y menos cuando el TC está a punto de iniciar otra deliberación de alto voltaje, la referida a la ley de amnistía de los responsables del proceso separatista catalán.

Mientras tanto, la 'ley trans', vigente desde marzo de 2023, continuará aplicándose.

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