El Constitucional ite tres nuevos recursos contra el "decretazo" de menas impulsado por el Gobierno de Sánchez 82f6f

Según las CCAA recurrentes, el decreto vulnera hasta 10 preceptos constitucionales.

Al recurso ya en trámite de la Comunidad de Madrid —aceptado el 29 de abril— se suma ahora los presentados por los gobiernos de Aragón, Cantabria y Extremadura, que denuncian una "invasión de competencias", una imposición sin medios, y la "utilización partidista de la política migratoria" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Se aprobó a espaldas de las Comunidades Autónomas, sin negociación, con oscurantismo, imponiendo las condiciones y sin financiación", ha denunciado la consejera de Inclusión de Cantabria, Begoña Gómez del Río. "El Gobierno ha perdido el rumbo, y no tiene política migratoria".

El "decretazo", aprobado en marzo, permite al Gobierno central redistribuir de forma obligatoria a los menores llegados a Canarias sin necesidad de acuerdo en la Conferencia Sectorial, sin ofrecer recursos ni medios económicos claros y sin permitir a las autonomías votar nuevos criterios de reparto.

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El Gobierno de Aragón lo ha calificado como un "atropello" jurídico y político. "Vamos a utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para intentar evitar que los socios independentistas de Sánchez impongan su política migratoria al conjunto de las CCAA", advierten fuentes del Ejecutivo de Jorge Azcón.

"Es intolerable que sea un prófugo de la Justicia quien imponga a España dónde se trasladan los menores, con un planteamiento xenófobo e insolidario", denuncian desde Zaragoza, en alusión a la negociación del decreto con el partido de Carles Puigdemont.

"Cantabria será solidaria ante el drama humanitario que vive España", añadía Gómez del Río, "pero exige que se desarrolle una clara política migratoria por parte del Gobierno central".

Los tres recursos itidos ahora se suman a otro procedimiento contencioso-istrativo en marcha, en el que Aragón también impugna el requerimiento de datos hecho por el Gobierno y la convocatoria extraordinaria de la última Conferencia Sectorial de Infancia.

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Según los documentos presentados por las autonomías ante el Constitucional, el decreto vulnera hasta una decena de apartados de la Constitución. Entre ellos, el artículo 86.1, que prohíbe legislar por decreto sobre derechos fundamentales, y los artículos 2, 138 y 156, que garantizan la autonomía, la solidaridad y la financiación justa de las CCAA.

Canarias, mientras tanto, sigue atendiendo a más de 6.000 menas en 86 centros, muchos de ellos hacinados. La reubicación anunciada no se ha iniciado. Y el Gobierno central tampoco ha cumplido con el requerimiento del Tribunal Supremo de hacerse cargo de los más de 1.000 menores solicitantes de asilo, alegando que no dispone de medios.

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Curiosamente, ése es el mismo argumento que esgrimen las comunidades gobernadas por el PP: que el Estado no puede exigir a otros lo que él mismo no cumple. "Este decretazo es simplemente desviar el problema de una política migratoria fallida hacia los demás", denuncian fuentes regionales.

La situación ha provocado ya la movilización de Bruselas. La Comisión Europea ha instado a España a solicitar fondos adicionales y activar la asistencia de Frontex para reforzar la vigilancia y el control de las llegadas.

El Parlamento Europeo también ha programado una misión oficial a Canarias, que llegará la víspera de que el Gobierno deba rendir cuentas ante el Supremo.

Mientras tanto, el Partido Popular aprovecha la "emergencia humanitaria" para usarla como ejemplo para endurecer su política migratoria comunitaria, impulsando medidas para devolver a inmigrantes ilegales a "terceros países seguros" y contener la entrada irregular por rutas marítimas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrió el decreto al considerar que "invade competencias exclusivas en protección de menores" y rompe la solidaridad territorial al no atender el equilibrio de recursos.

El Ejecutivo cántabro de María José Sáenz de Buruaga, por su parte, apela a los principios de descentralización, eficacia y coordinación recogidos en el artículo 103 de la Constitución.

La Extremadura de María Guardiola, en su recurso, subraya la violación de la seguridad jurídica y del principio de igualdad, y recuerda que los derechos de los extranjeros deben garantizarse sin discriminación, "pero también sin arbitrariedad".

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Todas las comunidades recurrentes alegan la infracción del artículo 81.1, que reserva a ley orgánica la regulación de derechos fundamentales, y critican que el Gobierno haya usado un decreto-ley —instrumento reservado a casos de urgente necesidad— para imponer un cambio estructural en la gestión de la infancia migrante.

El decreto no ha sido todavía aplicado en sus términos, y la reubicación efectiva no ha comenzado, pese al colapso de los centros canarios y a la resolución del Supremo. Las comunidades denuncian que el Gobierno ni siquiera ha aclarado cómo financiará el traslado y la acogida de los 4.000 menores anunciados.

El Tribunal Constitucional ha dado ahora un paso más al abrir la puerta al examen de fondo de una norma clave en la estrategia de Moncloa. Y deberá pronunciarse sobre si el Gobierno de Sánchez ha vulnerado la legalidad para imponer su hoja de ruta.

El problema de fondo, insisten las CCAA, no son los menores, "que merecen ser atendidos y amparados". Es la ausencia de una política migratoria seria y compartida, y la voluntad del Ejecutivo de utilizar la crisis como moneda de cambio parlamentario, sin coordinación institucional ni respeto a los principios constitucionales.