La misión de la UE por la crisis de los menas visitará Canarias la víspera de que el Gobierno responda ante el Supremo 2l6o72

La cita judicial se celebrará en Madrid. La inspección política, en la isla más afectada por el año récord en llegada de migrantes irregulares al archipiélago, de lunes a miércoles.

Pero ambas apuntan al mismo foco: la crisis humanitaria de los menores extranjeros no acompañados (menas) que el Estado ha abandonado en Canarias, según denuncia el Gobierno autonómico de Fernando Clavijo y corroboró en marzo el propio Tribunal Supremo.

La vista oral en la Sala Tercera de lo Contencioso-istrativo se celebrará a las 10.00 horas en el Supremo. Según el auto, al que ha tenido este periódico, el Alto Tribunal afea que la respuesta del Gobierno hasta ahora evidencia que no ha cumplido en absoluto con lo ordenado. En la vista, el abogado del Estado deberá informar sobre cinco cuestiones concretas.

El Gobierno deberá dar explicaciones sobre cuántos menores han sido evaluados, qué plazas tienen asignadas, qué recursos ha activado y quiénes son los "responsables políticos" del "incumplimiento" de la orden judicial dictada el pasado 25 de marzo.

El Supremo da diez días al Gobierno para hacerse cargo de 1.200 menores migrantes en Canarias que han pedido asilo

Entretanto, hasta el día anterior, una delegación de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo -socialistas, liberales y todas las derechas- se habrá reunido con el presidente del cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, el presidente autonómico (de Coalición Canaria) y su vicepresidente Manolo Domínguez (PP), con autoridades judiciales, representantes del Frontex y de la Fiscalía de Menores.

Antes, tal como reflejan los documentos de misión, habrán examinado las instalaciones del puerto de La Restinga, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés y el centro de menores de La Frontera, donde se hacinan algunos de los más de 6.000 menas que acoge Canarias, llegados en cayucos y balsas desde África.

Y entre ellos, los 1.008 ya censados como solicitantes de asilo y protección internacional, de los que el Supremo exige al Gobierno central que se haga cargo.

La misión de la Eurocámara comienza el 26 de mayo y finalizará el 28, víspera de la vista pública en el Supremo. En la agenda se incluyen visitas al centro de acogida inicial en La Restinga, al centro de menores en La Frontera y al CATE de San Andrés, gestionado junto a Cruz Roja. También hay reuniones con entidades religiosas y ONG que apoyan la integración de menores.

La delegación de eurodiputados europeos buscará constatar la situación crítica de los 1.008 menores solicitantes de asilo que permanecen hacinados en 86 centros de Canarias, según los últimos datos oficiales. Ellos son sólo una pequeña parte del total de menas tutelados en las islas, que supera ya los 6.000 chicos y chicas.

Boicot de Interior 6c28w

Esta misión coincide, además, con una doble oleada de presión europea sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada, seis eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) han viajado a Melilla.

Pero el Ministerio del Interior no les permitió cumplir el programa de su misión para evaluar la situación migratoria y la seguridad en la frontera sur de Europa.

A los europarlamentarios les fueron denegadas las reuniones previstas con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según las fuentes presentes, tal vez porque allí se han constatado también "carencias estructurales, falta de recursos y descoordinación institucional".

En esa misión a Melilla participan los españoles Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido y Javier Zarzalejos, acompañados de eurodiputados de Suecia, Francia y Alemania para examinar en persona el perímetro fronterizo con Marruecos. Con quien sí pudieron reunirse fue con el presidente autonómico, Juan José Imbroda.

"Queríamos conocer de primera mano la situación. Melilla y Ceuta son frontera exterior de la Unión y hay que fortalecer lo que significan como enclave europeo", apunta Zarzalejos, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

La UE envía cinco misiones a España para investigar desde los narcos de Barbate hasta los fondos Next Gen

"No sólo por la exposición a estas presiones migratorias", continúa, "sino para analizar una estrategia integral que considere la relación comercial con Marruecos, las comunicaciones con la Península, equipamientos sanitarios y condiciones para atraer inversiones. Y hay que apoyar el esfuerzo de la ciudad para asistir a la población inmigrante, especialmente menores".

Advertencia de Bruselas 5c1s30

Ambas delegaciones comparten el diagnóstico político de la Comisión Europea: España es el único país de la UE en el que la inmigración irregular aumentó en 2024, con el segundo mayor número de llegadas de su historia y un récord absoluto de llegadas a Canarias (46.843) por vía marítima.

De hecho, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ya ha instado públicamente a España a solicitar más fondos europeos, más apoyo de Frontex y de la agencia europea de asilo.

Hace menos de un año, fue la misma Ursula von der Leyen la que, por medio de una carta, instó al Ejecutivo español a activar el Mecanismo de Solidaridad para repartir a los menores entre otros países .

Pero el Gobierno de Sánchez, según denuncian fuentes del PP en el Parlamento Europeo, ha preferido "no mover un dedo". Ni ha pedido ayuda, ni ha reformado el sistema, ni ha querido asumir sus competencias.

"La responsabilidad de los menores es del Estado, según la normativa europea", advirtió el comisario Brunner. La UE recordó, ha puesto a disposición de España 500 millones adicionales y hasta 3.000 efectivos adicionales de Frontex. Pero el Estado español no ha solicitado ni uno más de los 66 agentes ya desplegados en Canarias.

Encallados en España 6k5w1p

En paralelo, la crisis de los menas ha encallado también dentro de España. El decretazo del Gobierno, aprobado para repartir forzosamente a 4.400 menores desde Canarias y Ceuta hacia otras comunidades, mantiene su ejecución completamente bloqueada. "Pero también por responsabilidad del Estado", acusa el Ejecutivo canario.

"Si creen que no colabora", en vez de enviar un requerimiento al Gobierno de Aragón, "llevar al Tribunal Constitucional a esta autonomía sólo sirve para demorarlo todo". Lo ha hecho mientras él mismo desoye la orden del Supremo para acoger a los 1.008 menores solicitantes de asilo, recuerda el entorno de Clavijo.

Canarias prevé que el Gobierno "tarde un año" en reubicar a sus 4.000 menas y exige que salgan ya los 1.400 solicitantes de asilo

Desde Canarias, las dos alas del Gobierno (CC y PP) acusan a Moncloa de "hacer política con los niños". Y denuncian que el Supremo les da la razón en que se está "vulnerando la ley de Protección Internacional y la Convención del Menor".

También critican que en la última comisión sectorial con las CCAA, el Gobierno impidió que las autonomías votaran el reparto. Impuso el decreto sin explicar cómo se financiará ni cuándo se ejecutará.

"Los menores siguen aquí, sin medios, sin garantías, y sin que el Gobierno central cumpla ni con su propia ley ni con las órdenes del Supremo", explican fuentes del Ejecutivo canario.

El auto del Tribunal Supremo es rotundo. Y además, según fuentes jurídicas, la resolución judicial anticipaba también que el Estado deberá pagar 115 millones a Canarias por los gastos presupuestarios de haber atendido a estos más de 1.000 menores con derecho a asilo en estos casi dos años.

Pérdida de credibilidad 3s385h

Todo esto sucede mientras el Gobierno impulsa en paralelo una regularización extraordinaria de hasta 500.000 migrantes irregulares. Lo hace sin consenso, sin transparencia y aprovechando una Iniciativa Legislativa Popular, en lo que muchos ven una maniobra de "injerencia parlamentaria" que, además, "afecta de lleno a la propia UE".

Pero el migratorio no es el único frente del Gobierno que le está haciendo perder credibilidad en Bruselas. Hasta cinco misiones parlamentarias se acumulan en pocas semanas para examinar asuntos tan dispares como la gestión del narcotráfico y el posible asesinato de guardias civiles en Barbate hasta la ejecución de los fondos de recuperación NextGeneration EU.

También la semana pasada, otra misión de eurodiputados había visitado España para indagar en la sobrerrepresentación del separatismo en el sistema electoral. La Eurocámara investiga por qué el Gobierno ha bloqueado la reforma legal que eliminaría privilegios históricos de partidos como Junts o el PNV.

El resultado fue una acusación de desequilibrio democrático y de falta de voluntad de cumplir e incluso de "dialogar" del Ejecutivo español. Ningún ministro recibió a los eurodiputados, y el jefe de misión se confesó "alucinado" por una circunstancia "tan inusual e incomprensible".