Vox exige a Azcón y a Miras que se opongan a recibir menas para firmarles los Presupuestos como en Valencia y Baleares 1c2t3c

Según ha podido confirmar este periódico en fuentes de las negociaciones, tanto en Aragón como en la Región de Murcia el proyecto de ley presupuestaria está cerrado. Al Partido Popular sólo le exige una cosa la formación de derecha radical: el veto a la acogida de menas y una oposición explícita al Pacto Verde europeo.

El pasado 17 de marzo, Mazón atendió las condiciones y convocó una rueda de prensa expresamente para ello. Y una semana después, el día 25 del mismo mes, Fernando López Miras mandó los mismos mensajes.

En principio, con eso bastaba, tal como confirmaron fuentes de la dirección nacional de Vox. Pero al líder regional, José Ángel Antelo, no le pareció suficiente. Y desde entonces, el pacto está sólo a falta de firma, a la espera de que el barón popular pase por el aro de convocar a la prensa "poco menos que para rectificar y aplaudir a Vox por haber dejado el Gobierno regional hace un año".

El factor Prohens 5e4a13

En el documento firmado en Baleares, al que ha tenido este diario, Vox logró incluir como condición para su apoyo que no se reciba "más menores extranjeros migrantes procedentes del reparto de otras comunidades autónomas, ni se financien nuevos centros de acogida".

Asimismo, se recoge explícitamente el "rechazo al Pacto Verde". Y esto se traduce en la reserva de una partida para "compensar los efectos de las políticas europeas" sobre el campo y en medidas fiscales favorables al relevo generacional agrario.

Pero la realidad, es que Prohens no ha tenido que convocar rueda de prensa alguna. Según fuentes de su entorno, porque "la presidenta ya lo había hecho antes de que lo pidieran", como una posición propia de su Govern, "así que no ha habido mucho problema" en estos puntos.

Además, el PP balear ha preservado al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, a pesar de las numerosas polémicas protagonizadas por éste.

Una decisión impulsada por Prohens, pese a contar con los votos necesarios para relevarlo. Vox ha valorado ese gesto como una concesión política significativa.

En Murcia, "no basta"

Pero ahora, el partido de Santiago Abascal sí quiere replicar la fórmula valenciana en Aragón y la Región de Murcia.

En concreto, Vox ha redoblado su presión sobre los presidentes López Miras y Jorge Azcón. Según fuentes conocedoras, Vox exige que ambos presidentes emitan declaraciones explícitas y monográficas en las que reconozcan que "Vox tenía razón" al romper la coalición cuando ambas CCAA participaron del último acuerdo para la reubicación de menores inmigrantes.

En el caso de Murcia, López Miras ya realizó una comparecencia, sólo una semana después de la de Mazón, en la que expresó su rechazo a la política migratoria del Gobierno central y al Pacto Verde.

Fuentes de la dirección nacional de Vox se dieron por satisfechas, pero para Antelo "no bastaba" y se sigue exigiendo un gesto específico “que valide el discurso de Vox”.

Desde el entorno de López Miras se insiste en que el presidente ha sido "muy claro" al respecto y que "no hace falta más". Pero el bloqueo de Vox a los Presupuestos sigue vigente, a pesar del acuerdo programático cerrado con el PP hace semanas.

Azcón, el punto muerto

En Aragón, la situación es aún más tensa. La formación de Abascal ha planteado exigencias que en el entorno de Azcón califican de "inasumibles". No sólo se pedía esa declaración pública, sino incluso la lectura de un texto redactado por Vox.

Además, el partido ultraconservador quiso imponer demandas como el dragado del Ebro. Una ilegalidad, al ser una acción de competencia estatal, que podría suponer, literalmente, "que algún responsable político fuera a la cárcel", según fuentes del PP aragonés.

En el equipo de Azcón ya se asume que no habrá Presupuestos para 2025, pese a tener acordadas las cuentas. "Eran muy fáciles de pactar, porque es un proyecto de ley de Presupuestos continuista con el que ya firmamos en 2024", apuntan.

El barón regional del PP, en todo caso, evita confrontar públicamente y se limita a responder con frases como "todo depende de que ellos dejen de obedecer órdenes de quienes hacen política nacional en Madrid y atiendan a los intereses de los aragoneses".

Castilla y León y Extremadura

Las otras dos autonomías donde el PP necesitaría de los votos de Vox para aprobar las cuentas de 2025 son Castilla y León y Extremadura.

En el caso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, la ruptura con Vox es total. No hay negociaciones abiertas ni las habrá, según fuentes del Ejecutivo regional.

Con las elecciones previstas para febrero o marzo de 2026, Mañueco ha optado por distanciarse de sus exsocios. Las encuestas internas, según ha podido saber este diario, indican que acercarse a la mayoría absoluta puede pasar por ignorar a Vox.

Además, la crisis interna del partido de Abascal en esta comunidad —acentuada tras la salida del Gobierno de Juan García-Gallardo— ha dejado a Vox sin capacidad negociadora.

En Extremadura, la presidenta María Guardiola optó ya desde enero por una vía legal para esquivar el pulso con Vox. Su Gobierno impulsó modificaciones legislativas para poder hacer cambios de partidas presupuestarias por decreto, consciente de que no habría facilidades para aprobar nuevos Presupuestos.

Así, se ha librado del "chantaje", según fuentes cercanas a su Ejecutivo.

Coincidencias PP-Vox

Para un barón del PP implicado en varias de estas negociaciones, "la diferencia clave" con estos casos "es que Vox nunca entró en el Gobierno balear", lo que da más margen de maniobra a Marga Prohens. A diferencia de otras comunidades, la líder balear tiene mayoría suficiente para gobernar sin ellos.

El documento firmado en Baleares concreta, sin desviar el programa del PP, todas las demandas de Vox: desde pruebas más fiables de edad a los menores, planes de retorno, exclusión de ayudas a las ONG que "colaboren con la inmigración ilegal".

También se refleja el rechazo expreso al "Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí" en las escuelas. Y además, la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear, nuevas condiciones para la renta social y una batería de medidas contra los "pisos patera" y la ocupación ilegal.