Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. Arte EE 6r4ws
Diez Estados y los servicios jurídicos de la UE bloquean el nuevo intento de Sánchez de hacer oficial el catalán 2w2q2x
En el comité técnico preparatorio del Consejo de Asuntos Generales celebrado este martes sólo Bélgica y Portugal apoyaron la iniciativa española. 4m3o6w
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El Gobierno de Pedro Sánchez fracasa en su nuevo intento de que el catalán sea oficial en la UE para contentar a Carles Puigdemont y conservar el apoyo de Junts en el Congreso. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desarrollado en las últimas semanas una "intensa campaña" en Bruselas y pretendía forzar una decisión en el próximo Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo, cuya agenda incluye el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas como punto para "adopción".
Sin embargo, en el primer debate preparatorio a nivel técnico del Consejo de Asuntos Generales, celebrado este martes en Bruselas, una decena de Estados se han opuesto abiertamente a la petición de Sánchez o cuanto menos han señalado su escepticismo, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes europeas. En la lista figuran sospechosos habituales como los bálticos, Bulgaria o República Checa, pero también Italia, Alemania o incluso Francia.
Además, los servicios jurídicos del Consejo han puesto sobre la mesa sus dudas sobre la compatibilidad del reconocimiento del catalán con los Tratados. Mientras que el Gobierno de Sánchez defiende que puede hacerse mediante una simple reforma del reglamento sobre el régimen lingüístico de la UE, otros expertos aseguran que se requeriría un cambio en los propios Tratados.
Al final del debate, sólo 2 de los 27 Estados han respaldado de forma pública y expresa la petición de Albares sobre el catalán. Se trata de Bélgica y Portugal, según relatan a este periódico las fuentes consultadas. La reforma del reglamento sobre el régimen lingüístico de la UE requiere unanimidad, por lo que salvo un brutal giro de los acontecimientos, Sánchez perderá de nuevo esta batalla en Bruselas.
La decena de Estados que rechazan la oficialidad del catalán en la UE han repetido los mismos argumentos que en el pasado. Alegan que persisten numerosos interrogantes sobre el impacto político, financiero, logístico y legal de la petición española, que no se han resuelto pese a los casi dos años transcurridos desde que Albares presentó por primera vez la solicitud. Además, los informes solicitados sobre estas cuestiones siguen sin concluirse.
El principal miedo de estos países es que el reconocimiento del catalán se convierta en un precedente al que recurran en el futuro otras lenguas minoritarias europeas, como es el caso del ruso en los países bálticos. Un problema que se agravaría cuando se produzca la entrada en la UE de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes.
132 millones 3v5n2x
En un intento de aplacar las inquietudes de sus socios, el Gobierno de Sánchez se ha ofrecido a cubrir íntegramente todos los gastos, que según una primera estimación de Bruselas ascenderían a 132 millones de euros al año. Esto supondría de entrada un trato diferente al del resto de lenguas oficiales de la UE, que se financian con cargo al presupuesto comunitario. Albares ha alegado además que se trata de un caso excepcional que no busca sentar ningún tipo de precedente o generar nuevos derechos para otras lenguas.
Sin embargo, las garantías ofrecidas por el ministro de Exteriores no han servido para hacer cambiar de opinión a sus socios europeos. El próximo debate sobre la oficialidad del catalán tendrá lugar el miércoles 21 de mayo a nivel de embajadores. En ese momento, lo más probable es que se modifique el orden del día para que este punto vaya únicamente a discusión y no se vote. Una votación negativa supondría tumbar definitivamente el reconocimiento del catalán, mientras que con la fórmula del debate simplemente se mete en un cajón de forma indefinida.
La oficialidad del catalán en la UE es uno de los "pagos adelantados" que pidió Puigdemont a cambio de prestar su apoyo a Francina Armengol como presidenta del Congreso, antes incluso de la investidura de Pedro Sánchez. Albares aprovechó entonces la presidencia española de la UE del segundo semestre de 2023 para meter este punto en la agenda de todos los Consejos de Asuntos Generales, pese a la falta de avances.
La última vez que el reconocimiento del catalán se abordó en el Consejo de Asuntos Generales fue el 20 de marzo de 2024, bajo presidencia belga de la UE. El debate se limitó no obstante a una corta intervención de poco más de cinco minutos del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, sin que ningún otro Estado miembro, ni la Comisión ni la presidencia se molestaran siquiera en pedir la palabra para dar la réplica. Desde entonces, la petición de Sánchez se había puesto en el congelador.
Tampoco hay avances en la demanda que Albares ha dirigido a la presidenta de la Eurocámara, la popular maltesa Roberta Metsola, para que el catalán pueda usarse en los plenos. Metsola se ha limitado a crear un grupo de trabajo formado por cinco vicepresidentes -entre ellos el socialista Javi López y el popular Esteban González Pons-, que desde septiembre ha celebrado tres reuniones sin ningún resultado concreto.
