El Gobierno impide votar a las CCAA el reparto de menas y lo impone sin aclarar cómo lo va a financiar 2x285y

"Es prácticamente reconocer que esta cita estaba convocada de manera ilegal y, por tanto, inefectiva", aseguraba una de las consejeras que participó en la reunión.

"No tenía sentido habernos llamado de manera extraordinaria y con urgencia, porque llevan dos años sin escuchar ni a Canarias ni a Ceuta ni a las autonomías gobernadas por el PP", añadía la consejera madrileña, Ana Dávila-Ponce de León.

"Ahora, la única urgencia real es la del Gobierno, para imponer los criterios pactados con un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, para mantener a Pedro Sánchez en el poder".

La crítica principal de las autonomías del PP radica en que el Ejecutivo ha impuesto un nuevo sistema de reparto de los menores migrantes, en sustitución del anterior que fue aprobado por unanimidad de todas las CCAA. El cambio que, aseguran, responde a este "pacto político" convierte el decreto en un texto legal "que sólo beneficia a Sánchez, a Puigdemont y a las mafias".

Según la unanimidad de las 13 regiones gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo, el problema real es "la no-política" migratoria del Ejecutivo, "que ha provocado que más de 10.000 personas hayan muerto en el mar queriendo llegar a nuestras costas". Y que esta reubicación se ha diseñado para favorecer a un partido independentista "que ni siquiera gobierna en una Comunidad Autónoma".

Según denunció la consejera madrileña, el Gobierno "conocía desde hace tiempo que debía abordar este asunto" y, sin embargo, "ha forzado un formato extraordinario para sortear el debate y la votación real en la Conferencia Sectorial".

El Ministerio de Juventud e Infancia había convocado el lunes pasado a las consejerías del ramo, pero el gran apagón suspendió la cita. Este lunes, la conferencia sectorial extraordinaria ya se iniciaba con polémica, pero acabó con acusaciones de "burla antidemocrática" y de "escándalo", al no permitirse la votación del criterio propuesto por el Ejecutivo.

La cita acabó entre fuertes acusaciones de "ilegalidad" por parte de los gobiernos del Partido Popular. Las consejerías de los 13 gobiernos del PP denuncian que se les ha impedido votar para que no constara en las actas, por un lado, que no es ideológico el rechazo (pues lo comparten regiones socialistas) y que iba a haber un consenso enorme, "si no unanimidad", en el rechazo a los criterios de reparto impuestos por el Gobierno.

"No aclaran la financiación" x26q

Durante la reunión, la ministra Sira Rego evitó someter a votación el nuevo reparto alegando motivos procedimentales.

Las comunidades populares denuncian que se impidió incluso la intervención de representantes como la consejera de Melilla. "Ni siquiera se nos permitió expresar el sentido de nuestro voto. El Gobierno decidió unilateralmente que no se votaba", denunció Dávila, quien anunció que ya se están estudiando medidas legales para solicitar la nulidad de pleno derecho de la reunión.

La consejera gallega Fabiola García fue tajante: "Esto no es un reparto, es un decretazo. Y ni siquiera sabemos cómo se va a financiar". El Ejecutivo de Alfonso Rueda advierte de que los 326 menas que les tocarían en el reparto "provocarán que tengamos que abrir guetos y romperán un sistema de acogida que lleva 30 años funcionando bien".

Denunció además que la decisión se haya tomado "sin escuchar a quienes tienen la competencia exclusiva" en protección de menores. Galicia, como otras comunidades, ha alertado del "riesgo de colapso" en sus centros de atención y acusó al Gobierno central de actuar con "absoluta deslealtad institucional".

Por su parte, Canarias expresó su profunda decepción. Su consejera, Candelaria Delgado, calificó la reunión como "un paso atrás" provocado por la falta de compromiso de otras autonomías pero también del Gobierno central.

Delgado recordó también que el Gobierno insular de Fernando Clavijo sigue esperando que el Ejecutivo se haga cargo de más de 1.400 menores solicitantes de asilo, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo. "No hemos venido aquí a pedir favores, sino a exigir responsabilidades. Canarias no puede más", señaló.

"Para perjudicar al PP" 141af

A la salida de la reunión, la consejera madrileña también acusaba además al Gobierno de utilizar a los menores como "moneda de cambio para mantener a Sánchez en el poder", criticando un reparto que considera "arbitrario, forzoso y diseñado para perjudicar a las CCAA gobernadas por el PP".

Recordó que Madrid ha creado más de 360 plazas en los últimos dos años, mientras que otras comunidades como Cataluña "sólo cinco", pese a tener poblaciones comparables en tamaño.

Además, las consejeras denunciaron que el Gobierno lleva más de un año y medio haciendo "repartos encubiertos" de menores, sin control ni coordinación, en lo que describen como un "desbordamiento constante de los centros de acogida".

En este sentido, alertaron de que se está mezclando a menores con adultos por la falta de verificación de edad, "poniendo en peligro la integridad del sistema público de protección".

Todas las comunidades del PP que no han presentado recurso ya han confirmado que llevarán este decreto al Tribunal Constitucional, alegando que el reparto vulnera competencias autonómicas y fue aprobado sin el consenso legalmente requerido.

Según Dávila, incluso el ministro Ángel Víctor Torres llegó a itir en una anterior conferencia sectorial que la aprobación del decreto podría ser "inconstitucional".