Polémica en León tras la aprobación de un nuevo centro universitario privado por parte de la Junta 5n1c13

La Junta de Castilla y León anunció este pasado jueves, tras el Consejo de Gobierno, la aprobación de la solicitud de adscripción de un nuevo centro universitario privado en Ponferrada, vinculado a la Universidad Católica de Ávila.

Pues bien, la medida ha desatado una oleada de críticas tanto desde el ámbito académico como sindical, por la falta de transparencia del proceso y su posible impacto sobre el campus público de la Universidad de León (ULE) en la comarca del Bierzo.

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La rectora de la Universidad de León, Nuria González, emitió un comunicado oficial en el que, aunque reconoce que la institución tenía conocimiento previo de la iniciativa, lamenta la ausencia de información concreta y oficial por parte de la Junta.

González se ha mostrado prudente a la hora de valorar la decisión, aunque reiteró el compromiso firme de la ULE con su campus de Ponferrada, un proyecto que, recordó, ha sido “estratégico para la universidad, con una oferta académica en expansión y una fuerte vinculación con el tejido social y económico de la zona”.

En términos mucho más contundentes se ha expresado el sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León, con el apoyo de la unión comarcal de CCOO Bierzo.

La organización sindical manifestó su “rechazo frontal” a la decisión, a la que calificó de “nuevo ataque a la educación superior pública” y denunció la ausencia de diálogo, transparencia y participación de la comunidad educativa en el proceso.

Víctor Bejega, secretario general del sindicato, criticó duramente la apuesta por un modelo universitario privado que, según afirmó, representa "la mercantilización de la enseñanza", con condiciones laborales precarias y titulaciones de baja calidad.

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CCOO alertó también de que aún se desconocen las titulaciones que se impartirán en el nuevo centro y el proyecto educativo completo, vinculado a entidades privadas y plataformas de formación online.

Desde el sindicato se insistió en la necesidad de reforzar la educación pública como garantía de calidad, cohesión territorial y condiciones laborales dignas, frente a lo que consideran una privatización encubierta del sistema universitario en Castilla y León.