La ministra Sira Rego. 562e2r
El Gobierno de Sánchez lleva a Aragón al Constitucional por negarse a colaborar en el reparto de menores migrantes 2ez3z
El PP asegura que le ampara la ley y critica que el PSOE "incumpla la ley" y ponga en manos de Junts la política migratoria del país. 5bk2p
Más información: Las mil y una broncas de Lambán y Sánchez: del "ya no eres secretario general" al "páramo" para las voces propias. i29h
El Gobierno de Pedro Sánchez llevará a Aragón ante el Tribunal Constitucional por negativa a proporcionar datos sobre el número de menores que acoge en estos momentos la Comunidad.
La decisión ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Sira Rego, que en las últimas semanas venía advirtiendo a la DGA de que recurriría a la Justicia en caso de no rectificar. El recurso tomará la forma de un conflicto positivo de competencias y supone un nuevo frente abierto entre populares y socialistas.
El Gobierno entiende que el Ejecutivo autonómico, y en especial la Consejería de Bienestar y Familia que lidera Carmen Susín, no han atendido "a las exigencias del deber de colaboración” marcadas por el real decreto para el reparto de menores ante las “contingencias migratorias extraordinarias” que se vienen dando en los últimos meses.
La propia ministra y portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el plazo para enviar los datos ya ha terminado y que "el decreto ley aprobado es de obligado cumplimiento para todos los territorios".
Para el Gobierno de España se trata de una obligación legal suficientemente caracterizada en la norma y sujeta a plazo, cuyo incumplimiento conlleva un menoscabo competencial, en la medida en que priva de eficacia a la decisión adoptada por el legislador estatal en ejercicio de sus competencias exclusivas previstas en el artículo 149.1.1ª y 2ª de la Constitución Española.
Al amparo del artículo 161.2 de la Constitución Española, el Acuerdo adoptado este martes en el Consejo de Ministros invoca la suspensión de la decisión del Gobierno de Aragón y solicita al Alto Tribunal que se notifique personalmente la providencia de suspensión que se dicte a la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Asimismo, se solicita se le inste a dar inmediato cumplimiento a las obligaciones legales que le incumben.
Esas cifras son necesarias para establecer el cupo de cada comunidad, pero desde el Gobierno de Jorge Azcón se han negado desde un primer momento a facilitarlas al considerar que se estaba primando el interés político de Sánchez y beneficiando a Cataluña y País Vasco. De hecho, ha sido la única región que no ha aportado las estadísticas, y la intención sigue siendo recurrir todos los actos istrativos que deriven de este real decreto.
La reacción de Aragón 616d67
Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha recalcado que si Aragón se negó a dar esos datos es "porque el Gobierno de España está incumpliendo la ley".
"Está conculcando los principios de igualdad en los criterios de reparto de menores y delegando la política de inmigración a Junts, un partido en el que quien toma las decisiones es un prófugo de la justicia. No estamos dispuestos a que se conculque el principio de igualdad, y que tome esas decisiones un prófugo de la Justicia", ha aseverado.
Con esta acción, la DGA "está defendiendo a los aragoneses a través de los instrumentos jurídicos que cree oportunos". "Entendemos que el Gobierno de España haga lo propio, pero nosotros defendemos el principio de igualdad y nos negamos a que Junts y Puigdemont tomen las decisiones sobre política de inmigración. Creemos que nos ampara la ley y estamos esperando esas resoluciones", ha expuesto.
