Vista general del acto en Memoria de las víctimas de los atentados del 11-M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2024, en Madrid (España) Jesús Hellín / Europa Press 1ec19
El Constitucional ite el recurso de Sánchez contra la ley con la que Ayuso trata de blindar la Casa de Correos 3u4b2l
El Gobierno regional había sacado adelante una disposición para que la colocación de placas en la fachada del edificio tuviera que contar con el visto bueno de la Comunidad. 71d4w
Más información: Qué pretende Sánchez con su empeño en poner una placa en la 'casa' de Ayuso como lugar "de represión y tortura". 3b444z
El Pleno del Tribunal Constitucional ha itido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la medida legislativa que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó adelante en la Asamblea para evitar que el Ejecutivo ponga una placa que recuerde las torturas del franquismo en la Real Casa de Correos.
Concretamente, el precepto impugnado aborda una disposición de la ley ómnibus aprobada por el PP de Ayuso en la Asamblea el pasado 21 de diciembre. En ella, se regulaban cuestiones relacionadas con la protección, la instalación de placas o distintivos y la celebración de eventos y actuaciones en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
¿El objetivo? Impedir a Sánchez colocar una placa que recordara las torturas que se habían producido durante el franquismo en la planta baja del edificio, como propone la Ley de Memoria Democrática del Gobierno central.
Ayuso metió este apartado a última hora durante la tramitación de una de sus últimas leyes ómnibus de la Asamblea de Madrid, pese a que la temática que se analizaba en la misma era referente a la mejora de la gestión pública del suelo.
Ahora, el Tribunal Constitucional, tras haber invocado el Gobierno en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación del citado artículo, desde la fecha de interposición del recurso (27 de marzo) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Presidente del Gobierno en su demanda alega que el precepto podría vulnerar la competencia estatal para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales" (art. 149.1.1ª CE), en relación con los artículos 49 a 53 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Y también sostiene que podría ser contrario a los artículos 10 y 15 de la Constitución. El pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional itió a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el Acuerdo, de 16 de octubre de 2024, de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, de incoación del procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la "Extinta Dirección General de Seguridad franquista", en Madrid.
En la actualidad, la Real Casa de Correos tiene en su fachada principal tres placas en homenaje y memoria del levantamiento contra la invasión sa, las víctimas de los atentados del 11-M y los fallecidos durante la pandemia del Covid-19. Con la propuesta del Gobierno serían cuatro y, la última, recordaría a las personas que sufrieron "represión y tortura" en ese lugar.
La propuesta de poner en marcha esta cuarta placa se inició el 24 de octubre de 2024, cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició el procedimiento para declarar como "Lugar de Memoria Democrática" el edificio de la Puerta del Sol, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Desde entonces, Gobierno central y autonómico están moviendo sus fichas para conseguir su objetivo. Los de Ayuso, parar la colocación de la placa, y los de Sánchez, ponerla cueste lo que cueste. Con esta decisión del TC, el gobierno central gana una batalla, pues deshabilita una de las estrategias del Ejecutivo autonómico para evitar que la placa se coloque.
