Llega la financiación singular: Cataluña compartirá el impuesto de matriculación y participará ya en la Renta 2024 9k3g

El desarrollo de los acontecimientos evidencia que el Gobierno de España y el de Cataluña, ambos socialistas y en minoría, tienen claro que su supervivencia depende de sus socios independentistas. Y que eso implica impulsar los acuerdos del PSC con ERC, más allá del ruido que provoquen.

Este viernes, la consellera de Economía, Alicia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cerraron en Barcelona varios acuerdos, ya avanzados durante las últimas semanas por Albert Dalmau, conseller de Presidencia del Govern de Salvador Illa. Pero hay dos especialmente concretos que pretenden servir de "ensayo" para que, ya en 2026, la Generalitat pueda gestionar el IRPF, como consta en el acuerdo de investidura de Illa,.

Por un lado, la Generalitat y el Gobierno gestionarán ya de manera compartida el impuesto de matriculación. El acuerdo, según fuentes del Govern, permitirá trabajar conjuntamente y compartir datos entre la la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y la Agencia Estatal de istración Tributaria (AEAT).

Y por otro, la Hacienda española se abre a una "mayor participación" de la catalana en la campaña de Renta de 2024, a punto de empezar, "tanto en cuanto al número de efectivos como de los lugares de atención".

Esta mayor participación de la ATC en el IRPF de 2024 y el del modelo de "gestión compartida" del impuesto de matriculación son dos medidas que, según las citadas fuentes, se desarrollan "en paralelo a los trabajos de la Generalitat para implementar un nuevo modelo de financiación singular".

Es decir, que son proyectos piloto para que elaño que vienese pueda implementar la primera de las cesiones del "100% de los tributos que se pagan en Cataluña" a la Generalitat. 

Tomás Serrano.

El Gobierno condicionará la quita de la deuda a que las CCAA no bajen impuestos si se lo exigen sus socios de izquierda

Las fuentes del Gobierno autonómico insisten en que, en este sentido, "se considera necesario priorizar una hacienda catalana capaz de dar respuesta a los retos que plantea el nuevo modelo" en cuanto a la "asunción de mayores competencias en el ámbito de aplicación de los tributos".

Así lo ha expresado la consellera Romero: "Nuestra agencia hoy no está preparada, por eso tenemos que caminar conjuntamente con la AEAT para que en 2026 podamos gestionar el IRPF".

El resultado de la reunión viene a dar la razón a las sospechas que habían expresado los consejeros autonómicos del Partido Popular, cuando el pasado miércles plantaron a María Jesús Montero en el FF. "Es todo una mascarada para pagar el alquiler de la Moncloa para Pedro Sánchez y de la Generalitat para Illa", lamentan fuentes del PP.

En la cita del miércoles, que llegaba con un mes de retraso frente a lo comprometido en la Conferencia de Presidentes de diciembre, se suponía que se iba a empezar a negociar el nuevo sistema de financiación autonómica. Pero finalmente, una semana antes de la reunión, ese punto se sacó del orden del día, y sólo se aprobó el acuerdo para la quita de deuda de las CCAA.

Una medida rechazada de plano por los 14 gobiernos autonómicos populares, que consideran que no es más que "obligar a todos los ciudadanos a pagar la malversación separatista" en beneficio del PSOE y del PSC.

De hecho, en la reunión de este viernes de la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat se incluyó la quita de duda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como uno de los acuedos alcanzados. Así, ambas partes se comprometen a "impulsar los trámites e instrumentos legales necesarios para hacer efectiva la reducción de la deuda" de la Generalitat con el FLA, por un importe de 17.104 millones.

Para los populares, esto es aplicar la técnica de "los hechos consumados", forzada por la negativa de Montero a negociar la financiación autonómica, imponer la condonación con "unos criterios politizados" y, ahora, "romper la igualdad de los españoles en beneficio del cupo separatista".

El resto de acuerdos 2m2a3w

Fuentes de la Generalitat rechazan estos argumentos, y explican que la soberanía fiscal catalana "no tiene por qué suponer una merma" en el reparto de recursos al resto de regiones. Según estas fuentes, el Gobierno de España se ha comprometido a que "todas salgan ganando" y que eso se puede lograr "captando más recursos", es decir, subiendo impuestos y eliminando "el dumping fiscal de algunas Comunidades".

De momento, los acuerdos alcanzados este viernes son el primer paso efectivo para aplicar lo comprometido con Oriol Junqueras, que se reunió con el president Illa el pasado sábado en el Palau de la Generalitat.

La consellera Romero se mostró muy satisfecha con el resultado de la reunión con el secretario de Estado de Hacienda: "Cerramos una semana intensa y positiva para Cataluña, en la que se ha puesto de manifiesto que la colaboracióń siempre es mucho más beneficiosa que la confrontación. Estos acuerdos se traducirán en mejores servicios para la ciudadanía".

EP

"Reparten la tarta ya mordida": Montero lanza el IRPF catalán a la vez que cita a las CCAA para negociar su financiación

La gestión compartida "en red" del Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (matriculación) significará que las dos agencias "compartirán información, procedimientos y tecnología". Así, la Agencia Tributaria de Cataluña ejercerá "por primera vez competencias en la aplicación del impuesto", utilizando la información, las aplicaciones informáticas y los procedimientos que usa el AEAT.

Este modelo, como "prueba piloto para otros impuestos", prevé cuatro fases, tal como explican las fuentes de la Generalitat: primero, la designación de los funcionarios de la ATC y su formación; segundo, la fase de actuaciones preparatorias; tercero, el desarrollo informático; y finalmente, la implantación de la gestión compartida.

Además de la participación de funcionarios de la ATC en la campaña del IRPF de 2024, el tercer acuerdo es la puesta en marcha el grupo de trabajo para analizar "la creación de un consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones". Los cuatro representantes del Estado y los cuatro de la Generalitat -pertenecientes a los departamentos de la Presidencia, Economía y Finanzas, y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica- tendrán que terminar sus trabajos antes de acabar 2025.

El cuarto acuerdo es un compromiso para "calcular la financiación que tendrá que aportar el Estado" para la ampliación del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Se trata de cubrir el despliegue del cuerpo hasta lograr el objetivo de 25.000 efectivos en el año 2030.

Además, se acordó la transferencia de 25,5 millones de euros a la Generalitat para cubrir la deuda pendiente con Renfe en concepto del Plan de Acción de Cercanías del ejercicio 2024. Y la entrega anual de 2,1 millones para la financiación de becas y ayudas en el estudio. Un importe que se actualizará anualmente en base al IPC.

Finalmente, se amplía la vigencia del grupo de trabajo que debe analizar el impacto de la normativa estatal en el coste de prestación de los servicios penitenciarios, así como la situación de la jubilación de sus efectivos hasta el año 2030. "El grupo de trabajo tendrá que finalizar esta encomienda el diciembre del 2025", según lo pactado.