La plaza del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), con una estelada y símbolos independentistas presidiendo sus fachadas. EE c1h37
El Senado rechazará el traspaso a Cataluña y País Vasco de los interventores municipales, que actuaron de dique en el 'procés' 6v1364
La portavoz del PP, Alicia García, denuncia que se están debilitando los mecanismos de control: "El Estado no es de Sánchez, es de los españoles". 411b1k
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El Senado, con el impulso del Partido Popular, se prepara para frenar el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir a Cataluña y País Vasco las competencias sobre los "habilitados nacionales", un cuerpo de funcionarios clave en el control legal y económico de los ayuntamientos.
La iniciativa, registrada por el Grupo Popular en la Cámara Alta, denuncia que el Ejecutivo está "entregando el Estado a trocitos a los independentistas a cambio de unos días más en La Moncloa".
La iniciativa trata de evitar que el Estado pierda el control sobre la selección y ejecutoria de un cuerpo de funcionarios que fue clave para dificultar y, en última instancia, parar el procés independentista de 2017.
Gracias a la labor de muchos de ellos, decenas de ayuntamientos no pusieron recursos públicos al servicio del independentismo en Cataluña. Y así dificultaron la celebración del referéndum ilegal impulsado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, todavía hoy líderes de los partidos que sostienen desde el Congreso a Sánchez.
La moción, a la que ha tenido EL ESPAÑOL, se presenta para su debate y votación en la comisión de Entidades Locales de la Cámara Alta. Y la mayoría absoluta de los populares le asegura a la formación de Alberto Núñez Feijóo el apoyo, precisamente, de la Cámara de representación territorial.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, advierte con contundencia que "el Estado no es de Sánchez, es de los españoles". Y en línea con la advertencia lanzada por Feijóo en una entrevista con este diario, donde aseguraba que cuando gobierne hará una enmienda a la totalidad de las leyes "colonizadoras" de Sánchez, García avisa: "Recuperaremos todas las cesiones que está regalando a los separatistas".
Según el PP, la decisión de "entregar los habilitados nacionales a los independentistas es un grave error, como ya se comprobó en el pasado, que a quienes va a perjudicar gravemente es a los ciudadanos", sentencia García.
Secretarios, interventores, tesoreros 3b206f
Los habilitados nacionales son funcionarios que acceden a través de una oposición estatal, pero que ejercen en la istración local, fundamentalmente en ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales. Se dividen en tres categorías esenciales: secretarios, interventores y tesoreros.
Los secretarios garantizan la legalidad de los actos istrativos y el cumplimiento de la normativa. Los interventores se encargan de fiscalizar el gasto público y supervisar que los pagos se ajusten al presupuesto y a la ley. Los tesoreros, por su parte, son responsables de la custodia y el movimiento de los fondos públicos.
Se trata de un colectivo profesional que funciona como columna vertebral del control legal y financiero de la istración local. Su papel es garantizar que los gobiernos municipales actúen conforme a la legalidad vigente, al margen de intereses políticos o partidistas.
El rechazo del PP a esta cesión no es sólo una cuestión técnica, istrativa o ideológica.
En la moción, y en palabras de sus portavoces, subyace una preocupación de fondo: en 2017, durante el auge del procés, fueron muchos de estos interventores los que actuaron como dique de contención ante los intentos de la Generalitat de utilizar instalaciones y material municipales para financiar y alojar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Sin su labor, el avance del secesionismo habría encontrado menos obstáculos.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, durante una sesión de control al Gobierno.
Otorgar ahora el control sobre la selección, provisión y nombramiento de estos funcionarios a las mismas istraciones que desafiaron al Estado es para el PP "una temeridad política y un desarme institucional".
El traspaso al País Vasco ya se ha consumado de forma opaca, a través de una enmienda pactada con el PNV, partido con el que el PSOE gobierna en coalición en la región. Fue incluida en la llamada ley Bolaños, sobre eficiencia organizativa de la Justicia, que nada tenía que ver con la cuestión.
Cesiones camufladas 4t2565
Se trata de lo que el PP ha calificado como una "enmienda intrusa", que ha escapado al debate público y parlamentario. Una cesión de alto impacto, camuflada en un texto técnico, sin transparencia ni justificación pública.
En el caso de Cataluña, el traspaso se ha acordado en el marco de una comisión bilateral entre el Gobierno central, del PSOE, y el Govern catalán, controlado también por el PSC de Salvador Illa.
Sin embargo, esta concesión no responde a un interés técnico o istrativo, según el PP, sino a la necesidad de Sánchez de cumplir los compromisos pactados con ERC y Junts, que aún sostienen su mayoría parlamentaria en el Congreso.
La portavoz del PP en el Senado recuerda que, ya en 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, se intentó una descentralización similar, que provocó un colapso del sistema. Entonces, se entregó la competencia a todas las Comunidades Autónomas.
"Más de la mitad de las entidades locales se quedaron sin funcionarios habilitados, y el control económico y legal se deterioró gravemente", señala el documento. La situación obligó a revertir la medida en 2013, bajo el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy, recuperando el Estado las competencias.
Organizaciones como COSITAL y APSITAL, que agrupan a estos profesionales, han manifestado también su rechazo frontal a estas cesiones. Denuncian que se convierten en "moneda de cambio política" y alertan del riesgo de volver a un escenario de "inestabilidad y arbitrariedad".
La moción del PP, que será debatida en la Comisión de Entidades Locales, insta al Gobierno a dejar sin efecto el acuerdo con la Generalitat y el Gobierno vasco y "garantizar la unidad del cuerpo de habilitados nacionales".
Además, insiste en "adoptar medidas para cubrir las vacantes" que todavía hay en ayuntamientos pequeños, "especialmente en la España rural".
Con esta ofensiva política, el PP pretende marcar una línea roja institucional y alertar del riesgo que supone "debilitar los mecanismos de control y legalidad en las istraciones locales", especialmente en las regiones donde el independentismo busca avanzar posiciones.
