
Felipe García en un montaje con un trabajador accidentado. 3z524x
Felipe García, abogado: “Nadie quiere contratar a empresas con este tipo de problemas” 6d4c2m
El socio director del despacho Círculo Legal analiza los impactos que tiene la siniestralidad laboral en las empresas. 3m6o6s
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El dato del Ministerio de Trabajo y Economía Social es terrible: 304 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales en España en los cinco primeros meses del año.
Un panorama que se traduce en un aumento de la presión judicial sobre las empresas. Dicho de otra manera, ya no enfrentan sólo a sanciones istrativas.
También a responsabilidades penales si detectan fallos en las medidas de seguridad y salud.
“Nadie quiere contratar a empresas con este tipo de problemas”, afirma Felipe García, socio director del despacho Círculo Legal.
“O, al menos, en un proceso de selección de un proveedor, promotor o constructor, la siniestralidad y los antecedentes del ofertante pueden resultar claves para finalmente ser la oferta ganadora”, matiza García.
Diferentes impactos 541w3y
Según el también experto en derecho penal económico y compliance corporativo, “el marco legal es por sí muy exigente”.
Además, la intervención del Ministerio Fiscal, junto con las Acusaciones Particulares, hacen que la presión en el entorno empresarial “crezca exponencialmente”.
Y es que, según el experto, el impacto va mucho más allá del ámbito jurídico: “Ya no se trata solo de riesgos penales, sino reputacionales, y como no, daños económicos muy relevantes”.
Daños que no sólo afectan a las empresas desde el punto de vista de las sanciones, sino que impactan directamente en el negocio.
“El escenario actual exige a las empresas ir más allá del cumplimiento formal”, afirma García. “Es aconsejable disponer de protocolos claros, en el aspecto preventivo”.
¿Y qué hacer cuando todo falla? “Tener un plan estratégico para saber cómo actuar rápidamente minimizando riesgos para la organización, sus empleados y directivos”, resalta el abogado.
Según su propia experiencia, la judicialización de estos casos tiende a extenderse dentro de la cadena jerárquica.
Y concluye: “Ante un accidente grave se imputa con frecuencia a encargados, coordinadores de seguridad, jefes de obra, técnicos de prevención, e incluso a proyectistas o calculistas. Todos ellos pueden ser considerados garantes de seguridad”.