Carmiña, la limpiadora que le gana 40.000 € en un juicio a la Embajada de Argentina tras su despido: "Me sentí humillada" 1n1w3n

Con estas escuetas líneas, fechadas el pasado 31 de julio de 2024, el embajador de la República Argentina en España por entonces, Roberto Bosch, informó a Carmen Ciobanita que dejaba de trabajar para esta representación diplomática después de 21 años.

Ese mismo día, Carmen envió un burofax al embajador para expresarle su total y absoluta disconformidad. Le avisó, además, de que demostraría que no había sido una "relación mercantil" de más de dos décadas, sino que se trataba de una carta de despido y, por tanto, improcedente.

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"Las formas y el tiempo en el que se me han comunicado mi despido han sido contrarias a derecho", sentenciaba en la misiva.

Ahora, casi un año después, una jueza ha dado la razón a Carmen y la embajada ha sido condenada a pagarle una indemnización y el finiquito, lo que abre las puertas a que el Gobierno de Javier Milei deba asumir también las cotizaciones a la Seguridad Social.

"Esto es otro procedimiento con la Seguridad Social, y calculo que las cotizaciones supondrán unos 100.000 euros", explica el abogado toledano Alberto Álvarez.

"Estaba desamparada" 5u4p6c

Este letrado ha llevado el caso de esta empleada rumana de 60 años, a la que en la embajada y en el consulado argentino conocen por Carmiña. "Estaba desamparada, se va a jubilar y apenas ha cotizado; tan solo unos años como autónoma y por el mínimo", recalca el letrado.

Señala también que la propia embajada llegó a confeccionar facturas irregulares sin IVA, una de las pruebas que aportó en el juicio que Carmen y él han ganado.

En una sentencia del Juzgado de lo Social número 33 de Madrid, la magistrada Yolanda Urban declara improcedente el despido y condena a la embajada a reitirla o a abonarle una indemnización de 37.518,90 euros, así como 916,26 euros, más el 10 por ciento de interés por mora, como vacaciones no disfrutadas en 2024.

La carta de despido.

La embajada se podía haber acogido a la inmunidad diplomática para no pagar. Sin embargo, ya ha consignado el dinero en una cuenta del juzgado.

Salario de 1.585 euros 1s1542

En el fallo se relata que Carmiña trabajó desde el 1 de julio de 2003 como personal de limpieza y cobrando un salario mensual de 1.585 euros, percibido en doce pagas.

Su relación laboral era indefinida, con una jornada de cinco horas diarias de lunes a viernes en horario de mañana. Y lo hizo en tres ubicaciones: en la calle de Pedro de Valdivia, en la de Serrano y en la actual, en el número 15 de Fernando el Santo.

En el juicio, celebrado el pasado 28 de abril, su abogado aportó facturas mensuales desde septiembre de 2005 firmadas por la embajada por los servicios de limpieza prestados. En ellas figura el abono de un importe fijo de 1.585 euros mediante cheques bancarios, una cantidad que no varió absolutamente durante años.

"Cobraba en negro" 2k1k48

El letrado también llevó a una testigo que aseguró que Carmiña ya trabajaba en 2003. "Cobraba en negro y no hay ninguna constancia documental de que estuviera allí entonces; por eso fue clave el testimonio de esta empleada", apunta el abogado.

La embajada emitió además en esos 21 años varios certificados en los que confirmaba que Carmiña trabajaba para ella: lo hacía por cuenta propia desde febrero de 2005, con una retribución de 7, 8 o 9,50 euros la hora, dependiendo de la fecha de cada documento, y la referida jornada de cinco horas diarias.

Documento de la Embajada de Argentina reconociendo que Carmiña llevaba trabajando allí desde 2005.

Sin embargo, en la vista oral, la embajada negó que ella estuviera sujeta al círculo organizativo, sino que desempeñaba su trabajo "con independencia y sin sujeción a horarios ni instrucciones, además de aportar su propio material" para la limpieza.

Unas excusas que la magistrada echa por tierra. "No podemos obviar que se trata de una relación mantenida durante dos décadas, de prestación diaria de servicio", recalca en su fallo.

Falsa autónoma 61712j

Carmiña estuvo dada de alta en el Régimen Especial de Empleados del Hogar de la Seguridad Social desde el 24 de junio de 2005 al 30 de junio de 2012. "Se considera que estos siete años fue falsa autónoma porque la sentencia reconoce la relación desde 2003", expresa Alberto Álvarez.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había comunicado a Carmiña que desde el 1 de febrero de 2012 ese sistema se integraría en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que significaba que la embajada debía realizar las cotizaciones en función de las retribuciones percibidas, y comunicarlo también a la TGSS.

Como la representación diplomática no lo hizo, la TGSS dio de baja a Carmiña y quedó excluida en el nuevo sistema especial para empleados del hogar, pues ningún trabajador en ese régimen podía cotizar por cuenta propia desde el 1 de julio de 2012.

"Desde entonces hasta hoy, Carmen estuvo en el limbo trabajando para la embajada, que seguía emitiendo irregularmente las facturas", subraya el letrado.

Casi nueve años después, concretamente el 5 de abril de 2021, la embajada certifica que ella forma parte de la plantilla de la empresa a efectos de los desplazamientos al lugar de trabajo por la crisis sanitaria a consecuencia del COVID-19.

Y si necesitaba pedir un crédito bancario, añade el letrado a modo de ejemplo, el representante de la embajada en ese momento le expedía un certificado en el que aseguraba que trabajaba desde 2005 y recibiendo unos ingresos.

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El 11 de julio de 2022, Carmiña escribe al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; en concreto, se dirige a su punto focal en materia de género, al que relata en una carta su relación laboral con la embajada desde 2003.

Ese año fue "contratada" por cuatro horas diarias, de lunes a viernes, firmando siempre un recibo por los servicios prestados. "La Embajada no me efectuaba ningún tipo de aporte a la Seguridad Social", señala en esa misiva, que se recoge también en la resolución judicial.

Con el tiempo, "por necesidades y al haber más empleados", le ampliaron la jornada a seis horas diarias con un sueldo fijo, "y firmando desde entonces una factura confeccionada por el departamento de istración de la Embajada", que continuaba sin cotizar por ella en la Seguridad Social.

Pidió regularizarlo 3q3w3l

Carmiña, que trabajó para cuatro embajadores, cuenta también que en diversas ocasiones solicitó un contrato laboral para regularizar su situación. La propuesta siempre fue aceptada "de forma verbal", se lee en la carta, pero nunca se llegó a producir.

Tampoco tuvo un incremento salarial en los 21 años en la embajada, donde realizó también otras tareas: servicio de camarera a funcionarios, visitas y en reuniones de trabajo; reparto de prensa o compra de provisiones para el personal, como café, leche, agua y otros artículos.

Veinte días después de esta misiva enviada al Ministerio, a Carmiña le comunican mediante una carta "la finalización de la relación mercantil" con la embajada. El 23 de agosto, su abogado presenta la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid, y nueve meses después esta mujer ya sonríe.

Ella se queja de desplantes del cuerpo diplomático en estas dos largas décadas y habla de un "trato ofensivo y denigrante" durante la etapa de Roberto Bosh, hacia ella y otros compañeros". "Se lo dije a la cara y le importó un pino", asegura.

Todavía está triste por las formas empleadas para echarla y sin darle un motivo: "Desconfiaron de mí después de 21 años; pusieron a una persona detrás de mí hasta que me marché del edificio, y esto me dolió más que el despido. Me sentí humillada".

— ¿Cómo se encuentra ahora, Carmiña?

— Tranquila.