Última hora política, en directo | El PP afirma que la UE le ha dicho a Sánchez que no es "moneda de cambio" del independentismo 2h22f

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho este martes a los nuevos secretarios de embajada, en un acto presidido por el Rey en la Escuela Diplomática, que una de sus funciones será trabajar por la diversidad lingüística de España y "por conseguir la oficialidad -del catalán, euskera y gallego- también en Europa".

En su discurso en el acto de entrega de despachos, Albares ha recordado que la España democrática "es un referente de progreso social, de diversidad. También de diversidad lingüística".

Así lo ha señalado el ministro en Madrid tras el aplazamiento de esta decisión en Bruselas ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete, debido a las dudas legales, financieras y políticas de siete Estados , que no ha querido citar, aunque ha dicho que Francia no está entre ellos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes una estrategia europea para la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes y que los recursos asignados a este fin puedan llegar directamente a las regiones involucradas en el fenómeno migratorio.

Fernando Clavijo ha formulado su petición durante una reunión en El Hierro con una delegación de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento europeo desplazada a Canarias para conocer el impacto de la Ruta Atlántica en el archipiélago.

Esta Comisión es la encargada de abordar las políticas de asilo y migración de la Unión Europea y sus representantes han viajado a El Hierro para conocer la dimensión de los flujos migratorios de la Ruta Atlántica y dar voz a las instituciones locales, entidades del tercer sector y sectores económicos que "cada día dan una lección de humanidad, de atención, de acogida y de solidaridad al mundo", ha subrayado el presidente Clavijo.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado en el Pleno del Senado que viajará mañana a Valencia, donde se reunirá con las asociaciones de víctimas de la dana del pasado 28 de octubre para explicarles las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para la recuperación de la zona.

Concretamente, la vicepresidenta se reunirá a las 19.00 horas con las asociaciones de víctimas en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia.

Aagesen ha señalado que el Gobierno está aplicando medidas "en tres niveles": recuperar las infraestructuras dañadas, apoyar a los ayuntamientos para que hagan lo propio y presentar un plan de resiliencia con la nueva información científico-técnica basada en lo que ocurrió en Valencia en la dana.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha negado "tajantemente" que el Gobierno haya hecho "ningún experimento" que propiciara el apagón en la Península Ibérica del pasado 28 de abril, como publicó el pasado viernes el medio británico The Telegraph.

Además, ha asegurado que "ningún experto tiene claras todavía" las causas del apagón y que un informe "fáctico" de "incidencias menores" a las del cero energético en España ha tardado "al menos seis meses" en otros países.

Dice que el comité del apagón sigue trabajando para identificar las causas y tienen un o constante con la Comisión Europea, con Francia y con Portugal, "y la sensación no es de que los Gobierno lo haya hecho mal, más bien lo contrario", ha recalcado.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha comunicado al ministro del Interior este mismo martes su deseo de dejar el cargo por motivos personales. El cese se producirá en el próximo Consejo de Ministros.

Rafael Pérez forma parte del equipo de Fernando Grande-Marlaska desde su llegada al ministerio, en julio de 2018. Primero asumió las funciones de jefe de Gabinete y, posteriormente, el 17 de enero de 2020, el ministro le nombró secretario de Estado de Seguridad, responsabilidad que ha ocupado hasta la actualidad.

El PP le ha echado en cara al Gobierno este martes el "vergonzoso" intercambio de mensajes entre los exministros José Luis Ábalos y Nadia Calviño sobre el rescate de Air Europa, tras lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado a los populares de superar "el límite del derecho a la privacidad".

El debate ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde el senador ha preguntado al ministro si consideraba un "sabotaje", un "ciberataque" o "casquería" los chats de agosto de 2020 entre Ábalos y Calviño que figuran en el denominado 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional.

En su turno de respuesta, Bolaños ha acusado al senador Juan José Sanz Vitorio de superar "el límite del derecho a la privacidad" y le ha preguntado por qué él no hace públicas sus conversaciones privadas sobre dirigentes del PP.

El PP ha instado este martes en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que pida perdón a la UCO de la Guardia Civil tras los audios de Leire Díez, la "socialista patanegra" señalada por presuntamente buscar información comprometida contra un mando de esta unidad policial.

Marlaska ha acusado al PP de "instrumentalizar" a la UCO y al resto de Fuerza de Seguridad y ha defendido que, desde que llegó al Ministerio del Interior en 2018, lo que ha hecho es cumplir con el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de devolver la "honorabilidad" a este departamento para que dejara de "oler a corrupción", tras la gestión tanto de Jorge Fernández Díaz como de Juan Ignacio Zoido.

"La Guardia Civil son más que nombres, son personas trabajadoras, y para nosotros es mérito y capacidad, no que se vengan muy cerca a adorarnos los oídos", ha continuado Marlaska en respuesta a Severiano Ángel Cuesta Alonso durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido suspender varios preceptos de la ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, recurrida por el Gobierno central por considerar que limitan y restringen los derechos de las víctimas.

El pleno ha itido a trámite el recurso, decisión que acarrea la suspensión temporal de la ley al haber invocado el Ejecutivo el artículo 161.2 de la Constitución, medida que es efectiva desde que se interpuso el recurso el 29 de abril.

Considera el Ejecutivo central que la norma autonómica, que fue aprobada en 2024 con los votos del PP y de Vox y supuso la derogación de la ley valenciana de Memoria Democrática.

En opinión de los recurrentes, se invaden competencias estatales al sustituir el régimen jurídico de la memoria democrática para derogarlo por otro de concordia y se limitan y restringen los derechos de las víctimas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes el plan que inyecta más de 10.000 millones de euros a la defensa ante las críticas del PP por no someterlo a votación y sufragarlo sin ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Deben sentirse orgullosos y satisfechos cada vez que se crea un empleo, cada vez que nuestros militares van mejor protegidos, cada vez que nos defendemos de los ciberataques", ha urgido la ministra.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador del PP y expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha acusado a Robles de querer "burlar" las Cortes al no llevar el plan de defensa: a su juicio, la estrategia de defensa del Ejecutivo no tiene "aval democrático".

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha pedido este martes que se haga una auditoría externa para aclarar definitivamente las intromisiones informáticas indebidas que realizaron dos trabajadores, que fueron despedidos la semana pasada. 

Sin embargo, fuentes de la dirección parlamentaria han explicado que no está prevista una auditoría externa como la solicitada por Espadas porque supondría enmendar la instrucción interna, que consideran que ha sido ejemplar.

La investigación interna continúa para dilucidar los s informáticos realizados por otros dos trabajadores, al margen del matrimonio que resultó despedido. Hasta ahora, se entiende que los s que fueron realizados en función de sus tareas laborales, sin que fueran intromisiones indebidas.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha suspendido la declaración como investigada de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en el llamado caso Koldo.

El magistrado la citó para este jueves, día 29 de mayo. Sin embargo, la abogada de Pardo de Vera solicitó a la Audiencia Nacional que pospusiese su declaración, debido a que no había tenido tiempo suficiente para analizar la documentación de la causa.

La exresponsable de Adif está investigada en esta causa por "la contratación aparentemente irregular" de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La joven estuvo en nómina de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

El Gobierno rechaza tener algún tipo de relación con la militante socialista Leire Díez tras la publicación de varios audios en los que pedía información contra mandos de la UCO de la Guardia Civil y rechazan que actuase bajo mandato gubernamental.

De hecho, fuentes de Moncloa señalan que las ofertas de acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado son promesas que no podía cumplir.

Sin embargo, no contemplan iniciar acciones legales contra ella y dejan en manos de la dirección del PSOE una hipotética suspensión de militancia.

El Gobierno sigue así la misma línea del PSOE, que en la víspera dijo que Díez no estaba "en nómina" de Ferraz y no actuaba en nombre del partido sino a título individual.

El Gobierno ha autorizado una partida de más de 200 millones de euros para gasto sanitario con el objetivo de "garantizar la continuidad y el refuerzo de los servicios públicos de salud en el ámbito estatal" entre 2026 y 2029.

El Consejo de Ministros ha acordado este martes nuevos compromisos de gasto para los ejercicios de 2026, 2027, 2028 y 2029, orientados a servicios de salud estatal, principalmente atención especializada y atención primaria en Ceuta y Melilla, así como prevención y equidad.

En concreto, se han autorizado 154,4 millones de euros para que la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud tramite nuevos expedientes de gasto para asistencia técnica, estudios técnicos y convenios con entidades colaboradoras, servicios para programas de salud y compra y suministro de vacunas.

El segundo apartado del gasto corresponde a 113 millones de euros para el INGESA, para la atención hospitalaria y especializada en Ceuta y Melilla entre 2026 y 2029. La partida es para equipamientos, tecnología y energía.

Por último, se han autorizado 13,3 millones para asegurar la operatividad en centros de salud de atención primaria en Ceuta y Melilla, unos compromisos de gasto que también abarcan hasta 2029.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que representantes de la Unión Europea han pedido "fijar rápidamente las fechas de la reunión" para llegar a un acuerdo comercial, tras la amenaza del mandatario de imponer un arancel del 50 % al bloque por no ver avance en las negociaciones.

"Me acaban de informar que la UE ha llamado para fijar rápidamente las fechas de la reunión. Este es un evento positivo, y espero que, FINALMENTE, al igual que mi exigencia a China, abran las naciones europeas al comercio con los Estados Unidos de América", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump advirtió el pasado viernes que impondría un arancel del 50% a la UE a partir del 1 de junio por considerar que las conversaciones bilaterales no estaban "yendo a ninguna parte". También afirmó que se librarían del impuesto aquellas empresas que fabriquen sus productos en Estados Unidos.

Sin embargo, el domingo el mandatario acordó en una llamada por teléfono con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, extender el plazo para lograr un pacto hasta el 9 de julio.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno "va a presentar" nuevos presupuestos ante las Cámaras, mientras que le solicita al PP su disposición para aprobarlos. 

Así ha respondido a la senadora popular Alicia García en la sesión de control al Gobierno en el Senado que se está celebrando en la tarde de este martes: “¿Considera que se puede gobernar sin presupuestos, saltándose cada día la Constitución?”

“Veremos si el PP, ya que los pide, está dispuesto a escuchar y a apoyar unos presupuestos que suponen bienestar para los ciudadanos”, ha apostillado Montero. 

Tal y como ha comunicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el mediodía del 27 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que se regula "la actividad y el bienestar de los perros de asistencia".

En concreto, esta nueva normativa complementa la ya existente a nivel autonómico y autoriza a que los animales que dan servicio a personas con discapacidad, con trastorno del espectro autista, con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y a mujeres de víctimas de violencia de género y sexual puedan acceder a espacios públicos.

Según el ministerio, este cambio legislativo garantiza los derechos de las personas que necesitan perros de asistencia y también los de los propios animales en todo el territorio nacional.

El Partido Popular ha afirmado este martes que la decisión del Consejo de Asuntos Generales de la UE de aplazar la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego es un mensaje directo a Pedro Sánchez de que no puede utilizar a la unión como "moneda de cambio" del independentismo.

"Europa ha dicho a Pedro Sánchez que la UE no es moneda de cambio con el independentismo que le llevó a la Moncloa y que le mantiene en el poder", ha apuntado el partido en un comunicado.

Según el PP, el presidente del Gobierno "quería pagar con el dinero de todos los españoles los 132 millones al año que costaba cumplir las exigencias de Waterloo, pese a que ello implicaba cambiar los Tratados de la Unión".

Pese a que la UE no ha rechazado la propuesta sino que sólo la ha pospuesto, el PP ha afirmado que es "una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez", que ha visto cómo su capacidad de influencia "se ha topado con la convicción y la firmeza del resto de países de la UE".

Según el PP, los países de la UE han mandado a Sánchez "al rincón de pensar", a la mesa técnica a la que devuelven el proyecto, pese a "las amenazas y presiones vergonzantes" ejercidas por Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Una sentencia dictada hace apenas una semana por el Tribunal Supremo obligará al Gobierno a corregir la discriminación a la que venían sometiendo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al negarles el derecho a la jubilación anticipada del que sí disfrutan la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y los policías locales.

La sentencia, a la que ha tenido EL ESPAÑOL, fue dictada por la Sala de lo Contencioso-istrativo del Tribunal Supremo el pasado 21 de mayo de 2025.

En ella estimaba el recurso interpuesto por JUPOL y JUCIL después del silencio del Consejo de Ministros ante la solicitud de estas agrupaciones de que comenzasen a aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a estos agentes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha mostrado este martes "convencida" de que en el trámite parlamentario de la reducción de jornada laboral van a poder recuperarse las medidas de apoyo y acompañamiento para las empresas.

En la clausura la Asamblea General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Díaz ha defendido ante los empresarios que reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales "va a mejorar la productividad" y ha negado que suponga recortar un 6 % las horas de trabajo, ya que la media está ya en 38,2 horas semanales.

La vicepresidenta ha añadido que habrá que acompañar a las empresas que se encuentren en el "tramo más alto", es decir las que aún tienen jornadas de 40 horas semanales.

El Tribunal Constitucional ha itido a trámite el recurso que presentó el Gobierno de Aragón contra el reparto de menores propuesto por Moncloa. En la misma línea se presentaron otros dos recursos de inconstitucionalidad, por las comunidades de Cantabria y Extremadura, que también han sido atendidos por el TC.

A juicio del Gobierno aragonés, este Real Decreto “vulnera competencias autonómicas” y, además, “quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas”. “Aragón no va a ser partícipe en un acuerdo basado en la desigualdad y la xenofobia”, expuso la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en rueda de prensa.

Además de este recurso, el frente judicial del Gobierno de Aragón contra el reparto de inmigrantes se fundamenta en otras alegaciones ante el TSJ de Madrid por la petición de información sobre las plazas disponibles y ante la Audiencia Nacional por la convocatoria de una conferencia sectorial. Ambas han sido también itidas a trámite.