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El Tribunal Constitucional ite a trámite el recurso de Aragón contra el reparto de menores migrantes 3d3t6z
A juicio del Gobierno de Azcón, este Real Decreto “vulnera competencias autonómicas” y “quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades”. 5b4842
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El Tribunal Constitucional ha itido a trámite el recurso que presentó el Gobierno de Aragón contra el reparto de menores propuesto por Moncloa. En la misma línea se presentaron otros dos recursos de inconstitucionalidad, por las comunidades de Cantabria y Extremadura, que también han sido atendidos por el TC.
A juicio del Gobierno aragonés, este Real Decreto “vulnera competencias autonómicas” y, además, “quiebra los principios de igualdad y solidaridad entre comunidades autónomas”. “Aragón no va a ser partícipe en un acuerdo basado en la desigualdad y la xenofobia”, expuso la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en rueda de prensa.
Además de este recurso, el frente judicial del Gobierno de Aragón contra el reparto de inmigrantes se fundamenta en otras alegaciones ante el TSJ de Madrid por la petición de información sobre las plazas disponibles y ante la Audiencia Nacional por la convocatoria de una conferencia sectorial. Ambas han sido también itidas a trámite.
El Gobierno de Aragón hace hincapié, igualmente, en que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo central no es el indicado para regular cuestiones que afectan a los derechos fundamentales y libertades públicas, en este caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación debe hacerse mediante Ley Orgánica.
En el recurso, redactado por los servicios jurídicos de la DGA, se pone de manifiesto que esta normativa “impone una reubicación forzosa de menores” en situación de extrema vulnerabilidad desde otros territorios sin los consensos necesarios.
Así, Aragón entiende que el Real Decreto "desprecia e ignora" el modelo de gestión de contingencias migratorias vigente hasta ahora para atender a los menores migrantes no acompañados. También considera que esta norma “dinamita los consensos” que se han ido alcanzando en diferentes conferencias sectoriales.
En su lugar, dice la consejera, el Gobierno de España ha pretendido “imponer una regulación pactada con un partido político independentista catalán”, que lo hace “conforme a razones políticas muy alejadas del interés superior del menor”, y que se ha redactado “a espaldas del resto de autonomías”.
