Última hora política, en directo | El PP cambia en el Senado la ley sobre asociaciones franquistas para ilegalizar las de ETA 6e1yl

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este lunes en la sede del Partido Popular de Alcalá de Henares el aval para apoyar la candidatura a la presidencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo para el XXI Congreso que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en Madrid.

Los avales podrán seguir presentándose hasta el día 3 de junio, pero hasta el momento, el PP de Madrid ha recibido 6.944 avales de apoyo a Núñez Feijóo, 2.377 de sedes de distritos de la ciudad de Madrid y 4.567 de sedes de municipios de toda la región, según han informado los 'populares' madrileños.

Núñez Feijóo presentará este martes los avales que ha recabado dentro del partido para optar a la reelección como presidente del partido y dará a conocer los apoyos con los que cuenta un día antes de que acabe el plazo marcado, dado que el 28 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas a la Presidencia del Partido Popular.

La vicesecretaria nacional de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que España "no funciona" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se ha preguntado "qué está ocurriendo" para que el Ejecutivo persiga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Llega un momento en este país en el que nos tenemos que preguntar qué está ocurriendo para que, desde el Gobierno, desde el partido que sostiene al Gobierno, se esté persiguiendo a la Guardia Civil, que es a su vez la que está persiguiendo e investigando a los corruptos", ha manifestado Fúnez.

También ha comentado que el grupo del PP en el Senado convocará a "la fontanera de Moncloa y Ferraz", en alusión a Leire Díez, colaboradora del secretario de Organización, Santos Cerdán, a comparecer en la comisión de investigación, enfatizando que "ha estado investigando a jueces y medios de comunicación" y que "esta mañana hemos conocido uno de los audios en los que pretendía perseguir a la Guardia Civil".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento este lunes a "paralizar" la opa de BBVA sobre Banco Sabadell con el argumento de que "no se puede hacer esta operación teniendo a toda Cataluña enfrente".

Un día antes de que expire el plazo para que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comunique si eleva la operación al Consejo de Ministros, Díaz ha vuelto a mostrar su oposición a esta opa durante su intervención en el cuarto congreso estatal de la federación de servicios de CCOO, que se celebra en Barcelona.

La vicepresidenta ha asegurado que no es "decente" que entidades "con beneficios superlativos" pretendan hacer "despidos masivos" y cerrar oficinas, porque ello empeorará los servicios que se dan a los clientes y hará aumentar la exclusión financiera.

"No se puede hacer esta operación teniendo a toda Cataluña enfrente", ha sentenciado.Según la vicepresidenta, la oposición a la opa une a la "política catalana", a los "sindicatos" catalanes e incluso a "asociaciones culturales".

La ley para disolver asociaciones franquistas que aprobó el Congreso va a ir al pleno del Senado totalmente transformada tras la aprobación este lunes del dictamen con las enmiendas del PP, que ha planteado en su lugar una reforma del Código Penal para poder ilegalizar asociaciones próximas a ETA.

En concreto, el nuevo texto elimina la apología del franquismo como causa de disolución de una asociación y pide poder declarar ilegales aquellas asociaciones que mediante el uso de la violencia, la amenaza o la incitación a la violencia promuevan cualquier régimen totalitario, independientemente de su ideología.

El siguiente paso es su aprobación en el pleno del Senado, donde saldrá adelante el nuevo texto por la mayoría absoluta del PP, aunque después tendrá que ir de nuevo al pleno del Congreso y allí, previsiblemente, la mayoría del bloque de investidura revertirá los cambios para volver a la ley original.

Incluye la posibilidad de declarar ilegales las asociaciones cuyas actividades supongan enaltecimiento o justificación de los delitos de organizaciones terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, así como las que menosprecien o humillen a las víctimas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que si PP rechaza la reducción de la jornada laboral tendrá "un grave conflicto, porque se va a colocar enfrente de la gente trabajadora de este país".

Díaz ha reiterado que está en manos de los grupos políticos del Congreso decidir qué pasa con la medida: si se avanza en el bien común del conjunto de trabajadores o si les "golpea".

"Lo que queremos hacer, compañeros y compañeras, es que la jornada laboral llegue a los camareros, llegue a las camareras, llegue a la gente que limpia, llegue a la gente que más lo necesita", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que el 30% de los convenios firmados en Catalunya durante el año pasado ya estaban por debajo de las 37 horas semanales, y ha defendido que la medida mejorará la productividad de las empresas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, retomará este martes su actividad en el Ejecutivo tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por cáncer.

Lo hará de manera progresiva después de haber recibido una autorización médica. Tras un mes de recuperación postquirúrgica, mantendrá un encuentro en el Palacio de La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A pesar de que el ministro suspendió su agenda durante el proceso de recuperación, sí que ha seguido al frente de sus funciones coordinando la actividad con sus dos secretarios de Estado.

El Gobierno está ultimando la documentación con la que va fundamentar el procedimiento para la extinción de la Fundación Francisco Franco y contempla solicitar la suspensión provisional de las actividades de la entidad hasta que haya una resolución judicial.

Según el plan diseñado por el Gobierno, tras recabar información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento, lo abriría y comunicaría el expediente a la fundación, con un plazo para que formule alegaciones. 

También se acordó solicitar un informe a la Abogacía General del Estado.

El Partido Popular citará en la comisión de investigación del Senado a Leire Díez, la "fontanera sanchista" que ha tratado de "extorsionar" al jefe de Delincuencia Económica de la UCO que investiga "las tramas de corrupción socialista", según informan fuentes del partido a EL ESPAÑOL.

El PP analizará en clave jurídica los audios publicados sobre esta operación "de acoso y derribo a la Guardia Civil", reservándose la posibilidad de ponerlos en disposición de la Justicia por si pudieran ser constitutivos de delito, ya que afirman que hay sospechas fundadas de que el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "intentando obstruir las investigaciones judiciales que le afectan".

Leire Díez, quien está detrás de esta operación contra la Benemérita que no puede quedar impune, ha cobrado del erario público desde 2018 hasta 2024 y es una persona muy cercana al núcleo duro de Sánchez y muy particularmente al actual número dos del PSOE, Santos Cerdán.

Su citación a la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado se añade a las 68 personas que hasta esta semana han pasado por la Cámara Alta, 8 de ellas del Gobierno y 22 altos cargos o funcionarios del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que los agentes de las UCO de la Guardia Civil "siempre actúan bajo principios de neutralidad y objetividad".

Así ha respondido a una pregunta sobre si confía en el teniente coronel Antonio Balas Dávila, mando que lleva alrededor de 15 años destapando los principales escándalos de corrupción que caen en esta unidad de élite del Instituto Armado, después de los audios desvelados por El Confidencial en los que una persona afín al PSOE trata de conseguir trapos sucios de este agente de la Guardia Civil con el fin de desacreditarle.

El ministro ha defendido que confía en los "funcionarios": "Son funcionarios públicos que hacen labores de Policía Judicial. Me remito al comunicado del PSOE, que es quien tiene que comentar cualquier circunstancia al respecto", ha señalado.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, considera que el rápido aforamiento del secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, es una "sucia artimaña" que a su juicio está impulsada desde Moncloa.

En rueda de prensa desde Génova, el dirigente popular ha denunciado las "maniobras", que, según ha dicho, están llevando a cabo los socialistas para "proteger" al líder del Ejecutivo de la investigación judicial que afecta a su hermano, David Sánchez, por la presunta adjudicación irregular de su puesto en la Diputación de Badajoz.

Por su parte, la dirección nacional del PSOE ha expresado su respaldo a que Gallardo pase a ser diputado en la Asamblea autonómica y, por tanto, adquiera la condición de aforado porque le consideran "otra pieza más de la cacería desatada por la ultraderecha política y mediática contra los políticos del PSOE y contra sus familias",

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que dar "muchas explicaciones" tras el procesamiento de su hermano, David Sánchez. 

El también secretario de Organización de la formación morada opina que resultaría "escandaloso" que se le hubiera adjudicado presuntamente un puesto de forma irregular en la Diputación de Badajoz.

El dirigente de Podemos ha agregado que resulta "muy preocupante" la apertura de juicio oral al hermano del presidente y que también estén procesadas "tantas personas" de la órbita del PSOE "involucradas" en este caso.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado por "echar todas las horas necesarias" para que la Unión Europea llegue a un acuerdo arancelario con Estados Unidos, debido el impacto que ya está teniendo en las empresas.

"Tenemos de margen (...) hasta principios de julio para alcanzar este acuerdo y vamos a poner todos los esfuerzos necesarios y echar todas las horas necesarias en ese diálogo y esa negociación", ha subrayado Cuerpo durante una rueda de prensa celebrada este lunes.

El ministro ha indicado que todos los Estados respaldan la labor negociadora de la Comisión Europea y ha reivindicado que el bloque comunitario tenga una "actitud constructiva", pero también con un "punto de firmeza". "Europa está preparada para llegar a un acuerdo justo y equilibrado", ha enfatizado Cuerpo.

La jueza de la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, mantendrá el procedimiento bajo su instrucción judicial hasta que el letrado mayor de la Asamblea extremeña certifique que este último ostenta la condición de diputado autonómico, cargo que conlleva el aforamiento.

Por ello, la jueza solicita a la Cámara legislativa que acredite tal condición de diputado autonómico.

Asimismo, pide a la Junta Electoral de Extremadura que aporte toda la documentación referida al proceso de designación de Gallardo como diputado regional tras la renuncia al cargo de la hasta ahora diputada María de la Cruz Rodríguez, quien salió elegida en las elecciones autonómicas de 2023.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado el posicionamiento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el conflicto entre Israel y el pueblo palestino: "La hipocresía ante el genocidio de Gaza del Partido Popular y de Feijóo es, desde luego, muy grave".

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios junto a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, tras visitar el espacio cooperativo Bloc4BCN de Barcelona.

"Vemos a un señor Feijóo que es profundamente hipócrita, están masacrando al pueblo palestino", ha lamentado Díaz después de que el presidente del PP haya asegurado que "el pueblo israelí no es genocida", en sus palabras.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado al Ministerio de Exteriores que retire a la embajadora en Tel Aviv como medida de presión a Israel y también ha solicitado al PSOE que respalde en el Congreso tramitar por vía de urgencia la ley para el embargo de compraventa de material militar con el país hebreo.

No obstante, ha subrayado que el socio minoritario no contempla ningún escenario alternativa como pedir que esta figura se apruebe en Consejo de Ministros por decreto, como sí exige Podemos para que el Ejecutivo demuestre que no es "colaboracionista" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, Urtasun ha celebrado que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, se posicione con el planteamiento de Sumar al mostrarse a favor de la opción de aplicar sanciones individuales a cargos del Gobierno israelí por el genocidio en Gaza, así como de suspender el acuerdo de colaboración entre la UE e Israel.

No obstante, ha opinado que el Gobierno todavía tiene "deberes en casa" y puede formalizar más actuaciones de presión a Israel, como retirar a la embajadora Ana Salomon o apoyar en el Congreso que la ley del embargo de armas, cuya isión a trámite se aprobó la semana pasada, se tramite por la vía de urgencia.

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar políticamente y "manosear" las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- para conseguir su oficialidad en la Unión Europea "para sobrevivir políticamente" y satisfacer a sus socios independentistas.

"No le interesa el catalán en la Unión Europea, le interesa sobrevivir y contentar al independentismo. Y luego, ya veremos", ha afirmado en una rueda de prensa.

Sémper ha calificado esta estrategia del Gobierno como un "movimiento deslavazado" y ha denunciado un "apagón informativo" en torno al proceso de negociación para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Según el portavoz popular, el Ejecutivo central "no está siendo transparente" y está generando "incertidumbre y debate innecesario".

Preguntado directamente por la posición del Partido Popular en relación con la oficialidad de las lenguas cooficiales en la UE, Sémper ha respondido que su formación "quiere más a las lenguas cooficiales que Pedro Sánchez", porque no las utiliza "como herramienta política" ni las "manosea".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha dicho este lunes que no tuvo "ninguna relación" con el Gobierno de Canarias, ni en el plano político ni istrativo, para intermediar con la compra de material sanitario durante la pandemia de la Covid-19.

"No tengo nada que ver", ha indicado en una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia en la que ha señalado que tampoco sabe "cómo y a través de quién" llegó Soluciones de Gestión --empresa implicada en el 'caso Koldo'-- a las islas, una sociedad que facturó hasta 12 millones de euros.

Ábalos ha apuntado que no se va a encontrar "ninguna constancia" de un papel de intermediación entre la empresa y el Ejecutivo regional y subrayado que "en ningún momento" mantuvo conversaciones de ese tipo. "No estaba para ocuparme de contrataciones de otras istraciones, no estaba para contratitos", ha agregado.

El exministro, que se planteó acogerse a su derecho a no declarar por estar investigado por el Supremo, finalmente sí respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios porque no se siente "concernido" por el 'caso mascarillas', los contratos suscritos con Soluciones de Gestión o de pruebas PCR a través de una empresa de laboratorios.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya tiene encima de su mesa los informes de Red Eléctrica y el Centro Criptológico Nacional acerca del apagón sufrido en la Península el 28 de abril y ha acordado extender el secreto de sumario en su investigación al menos un mes más.

Las pesquisas sobre si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas -algo que podría encajar en un delito de terrorismo- continuarán por el momento bajo secreto por decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, según han informado a la agencia Efe fuentes jurídicas.

El juez Calama ha adoptado esta decisión en un momento de la investigación en el que ya tiene a su disposición varios de los informes que reclamó tras abrir, de oficio, la causa.

En concreto, según las fuentes, han llegado al juzgado los informes de Red Eléctrica y del Centro Criptológico Nacional que el magistrado solicitó para que indicasen la o las causas que motivaron el apagón. El magistrado también reclamó un informe preliminar sobre lo sucedido a la Comisaría de Información de la Policía Nacional.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha dicho este lunes que los socialistas catalanes atienden "con prudencia" la decisión del Consejo de Asuntos Generales de la UE con relación a la oficialidad del catalán, si bien ha destacado que "se ha trabajado mucho" para lograrla.

En rueda de prensa, Moret ha evitado opinar sobre los movimientos del PP para evitar el éxito de esta cuestión, que figura en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE que tendrá lugar mañana martes.

"Lo que haremos será esperar con prudencia a la resolución de mañana. En función de esto, todo el mundo deberá explicar qué ha hecho y qué no ha hecho", ha indicado.

Moret sí ha aplaudido el "buen" e "intenso" trabajo que ha desplegado el Gobierno central y, en especial, el ministro José Manuel Albares para lograr la oficialidad del catalán -así como del gallego y del euskera- en el seno de las instituciones comunitarias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un plan de ayudas directas dirigida a los menores de 16 años para la compra de gafas y lentillas.