Así quedará una de las cámaras que se instalarán en Delicias. E. E. 4b392t
Más de 20 municipios de Aragón piden cámaras para reforzar la seguridad y evitar robos en sus calles 3ld38
Se trata de una cifra inusualmente alta, ya que este órgano colegiado suele valorar entre seis y ocho expedientes por sesión. 502y51
Más información: Dos cámaras con inteligencia artificial reforzarán la seguridad de una de las calles más conflictivas de Zaragoza 6jf6c
Más de una veintena de municipios en Aragón han solicitado la instalación de sistemas de videovigilancia para espacios públicos dentro de sus núcleos urbanos, en el marco de la última Comisión de Garantías de Videovigilancia celebrada el pasado 28 de abril. Se trata de una cifra inusualmente alta, ya que este órgano colegiado suele valorar entre seis y ocho expedientes por sesión, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón a este diario.
La comisión abordó en esa jornada las solicitudes de 21 localidades: Zaragoza (en concreto, para el barrio de Delicias), Utebo, Codo, Pradilla de Ebro, Cariñena, Marracos, Magallón, Morés, Quicena, Muniesa, Belmonte de Gracián, Fuencalderas, Peraltilla, Bagües, Monreal de Ariza, Nonaspe, Osso de Cinca, Ráfales, Fayón, Fago o Salvatierra de Escá. El repunte de peticiones responde, según apuntan desde Delegación, a un creciente interés municipal por reforzar la seguridad y la prevención delictiva, especialmente en entornos rurales o zonas con recursos limitados de vigilancia presencial.
En el caso de Zaragoza, el Ayuntamiento ha centrado su solicitud en el barrio de Delicias, una de las zonas con mayores problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Las dos primeras cámaras, ya instaladas en el entorno del Jardín Vertical (uno de los puntos señalados por su conflictividad), están pendientes únicamente del visto bueno de la Comisión para entrar en funcionamiento.
El contrato adjudicado a Orbe Telecomunicaciones SL por 15.904,30 euros (IVA incluido) contempla cámaras equipadas con inteligencia artificial, capaces de detectar comportamientos sospechosos a partir del análisis de movimientos. Toda la información será anonimizada y solo se utilizará "a requerimiento judicial", según lo especificado en el pliego técnico. Las cámaras estarán conectadas por fibra óptica a un servidor en el Centro de Control de la Policía Local, lo que permitirá un análisis y almacenamiento eficiente de las imágenes en tiempo real.
Una puesta en marcha larga 6w3b71
El proceso, sin embargo, es largo y complejo. Todo empieza cuando un ayuntamiento presenta su solicitud a la Delegación del Gobierno o, en su caso, a las subdelegaciones provinciales (Huesca y Teruel). A partir de ahí se inician los trámites.
Primero se solicita un informe preliminar de Guardia Civil o Policía Nacional (según demarcación) sobre la conveniencia de instalar cámaras en ese municipio. Con ese informe, la Delegación inicia el expediente y solicita un segundo análisis técnico sobre el proyecto concreto.
Solo una vez completado todo ese procedimiento, el expediente puede entrar en el orden del día de la Comisión. Pero incluso con el visto bueno, la autorización no es inmediata: hasta que no se firme el acta en la siguiente reunión del órgano colegiado y esta se remita oficialmente a la Delegación, no puede emitirse la resolución istrativa definitiva. “Hasta ese momento, no se puede instalar ni activar ninguna cámara”, subrayan desde Delegación.
Seguridad 2m1c1w
Este modelo busca equilibrar la necesidad de seguridad ciudadana con las garantías legales y constitucionales en materia de privacidad. Por ello, la instalación de cámaras solo se permite en circunstancias justificadas, con estudios técnicos previos y siempre bajo supervisión jurídica. La creciente demanda demuestra, no obstante, que cada vez más municipios, incluso los más pequeños, ven en estas tecnologías una herramienta útil frente a actos vandálicos, robos o problemas de orden público.
Aunque para la mayoría de estos ayuntamientos el proceso acaba de comenzar, la alta participación en esta última comisión indica que la videovigilancia se está consolidando como un recurso clave en la política local de seguridad.
