
El empresario Álvaro Romillo, junto a sus abogados, en la Audiencia Nacional. 1m31g
El juez descubre que el 'cripto-mecenas' de Alvise viajó a Punta Cana cinco veces en 8 meses y busca allí el botín de la estafa 1n261p
Calama envía una comisión rogatoria a República Dominicana y pide información fiscal sobre varias empresas de Álvaro Romillo y sus allegados. 5s6t5z
Más información: El empresario que dio 100.000 euros a Alvise declara ante el juez que esperaba "favores futuros" del político 2s3b2g
Álvaro Romillo, el empresario que confesó haber sufragado la campaña política de Alvise Pérez, viajó a República Dominicana cinco veces en ocho meses, a lo largo de 2024.
Romillo está investigado en el llamado caso Madeira, causa judicial que toma el nombre de Madeira Invest Club (MIC), el conglomerado de compañías que éste y personas próximas a él gestionaban.
A finales de 2024, la web del MIC fue clausurada sin previo aviso. Los retornos a quienes habían confiado su dinero —sobre todo, criptodivisas— a este "club privado de inversión" cesaron. Por ello, decenas de inversores denunciaron a Romillo ante la Audiencia Nacional.
Ahora, el juez José Luis Calama ha puesto en marcha una comisión rogatoria —un procedimiento en el que pide ayuda a las autoridades de otro país— dirigida a República Dominicana para tratar de averiguar si allí se esconde el botín de esta supuesta estafa.
Así lo hace constar el magistrado en una resolución a la que ha tenido EL ESPAÑOL. Fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que pidió este movimiento, tras detectar numerosos desplazamientos de Romillo y otros investigados, como su padre o su pareja, a Punta Cana.
En la comisión rogatoria, Calama pide a las autoridades dominicanas "toda la información mercantil, bancaria, laboral y fiscal" de varias empresas, ubicadas todas ellas en el país caribeño.
En una de ellas, figura Romillo como propietario. En una segunda, como socios, Romillo y su novia. En una tercera, padre e hijo. En otra mercantil, sólo la novia de este último.
Varias de estas sociedades están domiciliadas en el mismo lugar, un centro comercial en Punta Cana, lo que, a ojos del juez, "permite fácilmente inferir su interconexión", además de su posible uso instrumental.
Por todo ello, Calama ordena a las autoridades dominicanas que le trasladen información sobre estas 13 compañías y sus socios y/o es.
Romillo y Alvise 33463h
En septiembre de 2024, cuando ya estaba investigado por la Audiencia Nacional, Romillo confesó ante la Fiscalía que meses atrás había entregado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez.
Lo hizo poco después de que el agitador anunciara su intención de presentarse a las elecciones europeas del 9-J con su propia plataforma, denominada Se Acabó La Fiesta (SALF).

Alvise Pérez, en el acto de promoción de Madeira Invest Club.
Tal y como constatan los mensajes entre ambos que Romillo aportó como prueba, Pérez le agradeció que le sufragase una parte de su campaña. Y se comprometía a hacer "lobby masivo" en favor de los negocios de Romillo si obtenía un escaño en Bruselas.
Así acabó sucediendo. SALF logró tres asientos en el Parlamento Europeo. Por ello, al estar aforado, el Tribunal Supremo asumió la rama de esta causa que indaga en la supuesta financiación ilegal de la campaña de Alvise.
Poco antes de aquellos comicios, en abril de 2024, Alvise participó en un evento público de promoción de Madeira Invest Club. Micrófono en mano, alabó esta plataforma. Y recomendó la inversión en criptodivisas como método para esquivar el control estatal.
Ahora bien, ya desde 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) venía advirtiendo sobre el MIC. En ese año, el regulador avisó de que este chiringuito financiero —así lo denominó— no contaba con los permisos necesarios para las inversiones que ofrecía, en ámbitos como el arte digital, la promoción inmobiliaria y los coches y relojes de lujo.