El empresario Álvaro Romillo (centro), junto a sus abogados, en la Audiencia Nacional, este miércoles. 1u2e32
Piden al juez que envíe a prisión bajo fianza de 60 millones de euros al cabecilla de la estafa promocionada por Alvise 1i4l6r
La Audiencia Nacional ya ha ordenado bloquear una cuenta en Singapur a la que se transfirieron 29 millones que provendrían de los fondos estafados. 6k3r3p
Más información: El juez bloquea 29 millones en una cuenta de Singapur a la que se envió el dinero de la estafa promocionada por Alvise 1n6r3u
Varios denunciantes del caso Madeira han pedido a la Audiencia Nacional que envíe a prisión a Álvaro Romillo. Este empresario está investigado como cabecilla de la estafa cometida, supuestamente, por Madeira Invest Club (MIC), el conglomerado de compañías del que es dueño.
En 2024, la web del MIC fue clausurada sin previo aviso y los pagos a los inversores cesaron de golpe, por lo que decenas de ellos le denunciaron ante la Audiencia Nacional.
Ahora, algunos de éstos han solicitado al juez José Luis Calama que envíe a prisión a Romillo y a su padre. Lo hacen al apreciar un "evidente riesgo de fuga" y después de que EL ESPAÑOL desvelase este martes la existencia de una cuenta en Singapur que custodia al menos 29 millones de euros que provendrían de los fondos presuntamente estafados.
La Audiencia Nacional ya ha acordado el bloqueo de esta cantidad. Aun así, el abogado Víctor Soriano i Piqueras, en representación de varios denunciantes, alerta a Calama del posible peligro de que Romillo y su padre se fuguen de España. Por ello, solicita que ambos ingresen en prisión, bajo una fianza de 60 millones de euros.
Este periódico publicó que como titular de la cuenta singapureña figura la empresa Lemus Trading HK Limited, registrada en Hong Kong.
En verano de 2024, dos mercantiles hicieron varias transferencias para alimentarla, hasta que alcanzó los 29 millones de euros de saldo. Fueron las compañías portuguesas Maidentok Lda y Sabrosso Lda. Y ambas pertenecen a Álvaro Romillo y a su padre, Domingo Romillo.
Madeira y Alvise 174721
Antes de que su nombre saltara a los titulares de las páginas de información judicial, el nombre de Madeira Invest Club adquirió cierta notoriedad después de que, en abril de 2024, el eurodiputado y agitador Luis Pérez (conocido como Alvise Pérez) lo promocionara en un acto público.
Alvise Pérez, en el acto de promoción de Madeira Invest Club.
Micrófono en mano y ante mil personas, Alvise ensalzó el MIC, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) había advertido en 2023 sobre este chiringuito financiero.
Y parece ser que Pérez no lo hizo gratis. El propio Romillo confesó ante la Fiscalía que, en mayo de 2024, entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise para financiar su campaña electoral a las europeas. Los mensajes de WhatsApp entre ambos evidencian que el entonces candidato le prometió que haría "lobby masivo" desde Bruselas en favor del MIC y de la inversión en criptomonedas cuando obtuviese su escaño.
El bloqueo de la cuenta 5q6t1t
A finales de 2024, fueron las autoridades de Singapur las que advirtieron a la Audiencia Nacional de las "sospechosas" transferencias que hicieron las dos empresas lusas de los Romillo en favor de la cuenta de Singapur.
La Justicia española, con apoyo de la Fiscalía, ya ha bloqueado esta cantidad, que la Audiencia Nacional considera que "procede de los hechos delictivos". Es decir, de la supuesta estafa, que Soriano cifra en un total de 150 millones de euros.
En un escrito fechado este martes, el letrado advierte que en dicha cuenta "sólo se habrían retenido fondos por valor de 29 millones de euros, por lo que es de deducir que el restante de los importes estafados (al menos, 120 millones de euros adicionales) deben radicar en otras entidades bancarias, criptomonedas o bienes de cualquier clase que se mantienen ocultos a la acción de la Justicia".
Por ello, el abogado solicita que los Romillo sean ingresados en prisión, ante el peligro de que "se sustraigan a la acción de la Justicia", fugándose de España. "Tener medios económicos elevados o soporte en otros países significa que el investigado podría financiar su estancia en la clandestinidad o encontrar refugio fuera del alcance jurisdiccional, lo cual es un indicio relevante de peligro de fuga", subraya el abogado.
"En fases iniciales de la causa o si se prevé un proceso largo, podría haber mayor tentación de fugarse. Y estamos, sin duda, ante un proceso que se prevé de extraordinaria duración", añade el escrito.
"En la presente instrucción hay indicios claros tanto de la existencia de delito, que han sido denunciados y que han sido corroborados por las diligencias practicadas, como también que el presunto responsable de los mismos es el investigado [Álvaro Romillo]", recalca.
Riesgo de fuga 4l1d6j
"Existe un riesgo claro de fuga y de ocultación patrimonial, pues los propios delitos tienen como consecuencia que el investigado [Álvaro Romillo] haya adquirido una posición patrimonial de extraordinaria comodidad, habiendo amasado mediante la estafa una fortuna millonaria que oculta en una jurisdicción donde quede protegida de la acción de la Justicia española", expresa Soriano en su escrito.
Apunta, además, que el nivel de vida del que Romillo gozaría en el extranjero es mayor que el que tiene en España, donde tiene más difícil seguir haciendo negocios, al estar investigado por la Audiencia Nacional.
"Así las cosas, es evidente que el investigado tiene alicientes sobrados para marchar del territorio nacional, quedando indisponible para la acción de Justicia, como también que, con independencia de marchar o no, los tiene para ocultar los pingües rendimientos de su estafa para, incluso ante una eventual condena, poder disfrutar de ellos una vez cumplida la pena", concluye el abogado.
"Con el escaso patrimonio personal que se le conoce en España, no puede ni remotamente hacer frente a la responsabilidad civil elevadísima que se le exigirá como consecuencia de los hechos que nos ocupan", finaliza su escrito, en el que, en el caso de que el juez no acuerde la prisión provisional, Soriano pide que se prohíba a Romillo salir de España.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Víctor Soriano señala que el caso Madeira es "una de las investigaciones por posibles delitos de estafa más importantes de la historia de España".
"Podemos deducir que han desaparecido en el entorno de 200 millones. El Juzgado y la Policía Judicial han hecho un buen trabajo durante el tiempo en el cual la causa ha estado bajo secreto, pero todavía quedan muchas incógnitas en este procedimiento, que nos hacen pensar que es difícil que los afectados vayan a poder recuperar la totalidad de su dinero", advierte.
"Estamos además, en un supuesto en el que las personas investigadas podrían disponer de grandes cantidades de dinero en el extranjero, con el consiguiente riesgo de fuga, por lo que pedimos al juez que adopte medidas cautelares a la mayor brevedad posible para garantizar que van a estar a disposición de la Justicia e intentar que colaboren en la recuperación del dinero", finaliza.
