El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un pleno en el Senado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un pleno en el Senado. Europa Press 2k1822

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Interior justifica la compra de balas a Israel para no pagar 6,6 millones de euros por cancelación del contrato 1k5h2y

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska habría tenido que pagar el 100% de la adjudicación en balas israelíes si se hubiera anulado como exige Sumar. 5du39

Más información: El Gobierno adjudicó 29 M en 5 años a una empresa que vendió 6.000 pistolas defectuosas a Interior 71564b

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El Ministerio del Interior habría tenido que abonar el 100% de los 6,6 millones de euros en 15,3 millones de balas si hubiera cancelado, tal y como le exigen sus socios de Sumar, el contrato con la empresa israelí a la que adjudicó esa licitación.

Así lo confirman fuentes del Ministerio del Interior conocedoras de esta compra millonaria de munición del calibre 9mm para la Guardia Civil. El contrato del ministerio se formalizó con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. 

El contrato en cuestión fue licitado el 21 de febrero de 2024 y adjudicado el 21 de octubre de 2024 por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Sin embargo, debido a la presión de sus socios de Ejecutivo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska inició en aquel entonces el proceso istrativo para rescindir el contrato.

"El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza", aseguró Interior en un comunicado difundido en aquel entonces. Días después, el 29 de octubre, sin embargo, Interior puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado.

Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio decidió atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato. La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados.

Según revelan a EL ESPAÑOL mandos de la Policía Nacional y del Instituto Armado conocedoras de los procesos de contratación, en estas licitaciones se suelen incluir alguna cláusula según la cual el Estado debe abonar un porcentaje determinado a la compañía si el contrato finalmente se cancela. Las empresas israelíes suelen estipular una porción mayor en sus contratos con la istración General del Estado.

En este caso, la indemnización a Guardian Defense & Homeland Security S.A. habría sido del 100%, así que por ello Interior optó por no tirar el dinero por el desagüe y continuar finalmente con la adquisición de los 15 millones de munición para las pistolas de los agentes de la Guardia Civil.

Salida del Gobierno 4i2v31

Izquierda Unida (IU) ha abierto por primera vez la puerta a que Sumar salga del Gobierno de coalición si el Ministerio del Interior no da marcha atrás en este millonario y polémico contrato.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha acusado a Pedro Sánchez de abrir "una crisis de Gobierno" y su portavoz en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha dicho que "no descartamos ningún escenario" ante la pregunta directa de si planean salir del Gobierno de coalición.ç

Santiago ha acusado al PSOE de estar entrando "en una dinámica muy peligrosa" por estar tomando decisiones sobre gasto militar de manera unilateral dentro del Gobierno de coalición. De todas formas, ha asegurado que las decisiones se tomarán "colectivamente". Es decir, que en principio descarta que sólo Sira Rego, la única ministra de IU, abandone el Ejecutivo. Ha pedido una reflexión colectiva en el seno de Sumar para ver cuál debe ser el camino a seguir.

Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz, se ha revuelto este miércoles tras conocer que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha formalización la adjudicación de las balas a la empreas israelí.

La primera reacción ha sido la de enviar dos comunicados, uno en nombre del movimiento Sumar y otro en nombre del grupo parlamentario en el Congreso. Además de exigir la cancelación inmediata del contrato, Sumar ha pedido que Fernando Grande-Marlaska comparezca en el Congreso para dar explicaciones.

Esta sería la primera vez que desde Sumar se pide que un miembro del ala socialista de la coalición comparezca en la cámara, iniciativa que también se produce en pleno choque entre socios por el nuevo gasto militar aprobado.

De esta forma, argumenta que la suspensión del comercio de armas con Israel "no es sólo una medida justa en el contexto del genocidio" que está sufriendo el pueblo palestino, sino también es consecuente "con los tratados internacionales sobre comercio de armas".

"Exigimos una rectificación inmediata", ha añadido en una declaración ante los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Sobre la argumentación de Interior de que este es una posición recomendada por la Abogacía del Estado, Enrique Santiago ha asegurado: "Si no han sido capaces de hacerlo, todos tienen que dar un paso al lado y permitir que otras personas ocupen sus responsabilidades".

Según reveló EL ESPAÑOL, el Gobierno ha adjudicado a lo largo de los últimos 5 años hasta 51 contratos por un valor superior a los 29 millones de euros a Guardian Homeland Security. Esta es la misma empresa que vendió a la Guardia Civil a través del Ministerio del Interior 6.000 pistolas 'low cost', muchas de las cuales resultaron ser defectuosas. 

El empresario responsable de la compañía realizó servicios de seguridad para Miguel Ángel Moratinos cuando era ministro de Exteriores en el año 2005.

Solo un año después Ilan Arzooan, exmiembro de una agencia de seguridad israelí, establecería la firma en España en el año 2006 como filial del grupo internacional Guardian LTD Israel.

Su empresa se dedica, según los datos que ofrecen en su web, a la importación y distribución de material táctico policial y militar, a la formación especializada, a servicios de protección de personas y a tareas de asesoramiento de seguridad, entre otros asuntos.