Las instalaciones de la biblioteca municipal de Santa Pola en Gran Alacant. 40535v
Más de seis años de cárcel al exalcalde Miguel Zaragoza por permitir una clínica privada en espacio público de Santa Pola 3n2mx
La Audiencia de Alicante condena al político por permitir este centro en el que también estaba contratada su hermana, aunque dejó de ir a su puesto. 3t4c4c
Más información: Piden hasta cuatro años de cárcel por el fraude en la compra de uniformes de la Policía en Santa Pola 422p3f
La Audiencia de Alicante condena a seis años y medio de cárcel al exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza. Le acusa de un delito continuado de prevaricación en concurso con fraude y otro de cohecho por permitir que una clínica privada trabajase en unas instalaciones públicas, un centro donde, además, trabajaba su hermana.
La sentencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana también condena al exconcejal del mismo Ayuntamiento Jorge Perelló, por los mismos delitos sobre esta clínica situada junto a una biblioteca pública en Gran Alacant.
El tribunal ha impuesto a los dos médicos que gestionaban este consultorio privado las mismas penas y por los mismos delitos (en el caso de la prevaricación como cooperadores necesarios).
Las relaciones personales que existen en este caso son una de las claves que dibujan cómo se había establecido. La hermana del que fuera alcalde entre 2003 y 2015 era también pareja del concejal mencionado y ahora recibe una condena de dos años y tres meses de cárcel y una multa, como cómplice del delito de cohecho.
El tribunal considera probado que Zaragoza y Perelló, que fue concejal en los periodos 2003-2007 y 2011-2015, permitieron que la empresa Gran Alacant SL prestara servicio como clínica privada en un edificio municipal sin pagar cantidad alguna como renta por arrendamiento ni por los suministros de luz o agua, que son necesarios para operar.
La sentencia detalla que tampoco le exigieron el pago de un canon anual ni otras obligaciones adquiridas en virtud de un contrato entre ambas partes, como el servicio de seguimiento de bajas por incapacidad temporal de funcionarios, entre otras irregularidades.
La Sala considera acreditado que los responsables políticos actuaron "de consuno" con los responsables de la clínica y se aprovecharon de su "posición como dirigentes del Ayuntamiento para obtener provecho" de la misma mediante la contratación de personas afines.
El retrato que hace del caso empeora porque la sentencia asegura que la hermana de Zaragoza dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo "consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello". De hecho, la empresa siguió pagando su salario íntegro "a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales", recoge la resolución judicial.
La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, condena también como persona jurídica a Clínica Gran Alacant SL por delito continuado de cohecho a una inhabilitación para obtener ayudas y subvenciones, contratos en el sector público o beneficios fiscales o de Seguridad Social.
¿Y ahora qué? El tribunal obliga a Zaragoza y Perelló, además de a los dos médicos condenados, a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento con 109.371 euros, de los que 13.022 ya han sido pagados por la empresa encausada.
La Sala ha absuelto en cambio a otros dos trabajadores del centro médico y a la concejal responsable de la urbanización.
