Imagen del barranco del Poyo a su paso por Paiporta tras la dana. Eduardo Manzana / Europa Press
Pradas aporta un vídeo del desbordamiento del Poyo a las 18.42 para probar que el correo de la CHJ llegó después
La defensa de la exconsellera presenta a la jueza de la dana una publicación del Ayuntamiento de Paiporta y argumenta que a esa hora "era imposible tomar especiales medidas de prevención".
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La exconsellera de Interior Salomé Pradas ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de la investigación sobre la gestión de la dana, en el que aporta un vídeo del desbordamiento del barranco del Poyo publicado a las 18.42 horas.
La defensa de la exdirigente del PP trata de probar con ello que el correo de las 18.43 de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el que alertó de la brutal subida de caudal se produjo con posterioridad.
El vídeo fue colgado por el Ayuntamiento de Paiporta en sus redes sociales oficiales el pasado 29 de octubre, día de la dana. "Aviso urgente. Barranco desbordado. Puentes cortados. No salgan de sus casas", ponía en el texto del vídeo el consistorio.
"De lo anterior se desprende que, cuando la CHJ remite el email de las 18:43 horas en el que se refleja un caudal del Poyo de 1686 m³/s con tendencia ascendente, dicho barranco ya se había desbordado", indica el escrito presentado a la jueza por el abogado de Pradas.
Así, hace hincapié en que el Ayuntamiento de Paiporta publicó en sus redes el desbordamiento del Poyo "antes de que la propia CHJ avisara por email del crecimiento del caudal a la cuenta general del 112 de la Generalitat". Cuestión que, remarca, "nunca se comunicó de forma expresa al Cecopi".
"En consecuencia, resulta de gran importancia resaltar que el mensaje oficial del Ayuntamiento de Paiporta como aviso a la población se produjo a una hora en la que era imposible tomar especiales medidas de prevención como resulta de su contenido", argumenta el escrito del abogado de Pradas.
Recientemente, el letrado presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la manera en la que está llevando la instrucción la jueza en una causa en la que Pradas figura como investigada.
Eduardo de Urbano denuncia en el escrito que el derecho de defensa de su clienta "está siendo gravemente afectado": "La instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".
Entre los motivos de la queja se encontraba la "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; la "predeterminación del objeto de la instrucción"; la "denegación reiterada de diligencias solicitadas por las partes"; o "la limitación del derecho de defensa durante las declaraciones".
