La explotación está prevista para una duración de 26 años, lo que permitiría alcanzar una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio. Diseño: Arte EE 2z3i5d
Cáceres y la 'fiebre del litio': los australianos prometen 700 empleos y sus detractores avisan de un desastre ambiental 4y4t27
Desde la solicitud del primer permiso en 2015, el proyecto de Valdeflorez no ha hecho más que toparse con trabas, en un drama cuyo desenlace nadie puede prever. Ahora, con la autorización de la UE para impulsar la minería de tierras raras, vuelve al centro de la polémica. 432m3k
El 11 de abril de 2024, la Comisión Europea adoptó la Ley de Materias Primas Fundamentales con el objetivo de conseguir la independencia energética del Viejo Continente y para transicionar hacia la electrificación del transporte. Un año después, la UE acaba de anunciar 47 proyectos estratégicos para reforzar la producción de materias primas esenciales en Europa, entre ellos siete en España —seis minas y una planta de reciclaje— ubicados principalmente en Extremadura y Andalucía.
Y a la ciudad de Cáceres, que de momento no está entre ninguna de las seleccionadas, le ha tocado el litio, o al menos eso dice la empresa Extremadura New Energies (ENE), filial española de la minera australiana Infinity Lithium, para la que la ciudad extremeña alberga, ni más ni menos, que el segundo yacimiento prospectado más grande de Europa de este mineral en roca dura.
Según datos de la empresa, está previsto que la explotación tenga una duración de 26 años, lo que permitiría alcanzar una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio destinadas a la fabricación de baterías de vehículos eléctricos.
No obstante, debido al permanente rifirrafe entre la istración pública, las plataformas ciudadanas y la propia mercantil, no se vislumbra un final en el horizonte. En el tira y afloja por el destino de Cáceres, ciudad de unos 100.000 habitantes, el proyecto minero de San José de Valdeflorez (Sierra de la Mosca) se ha convertido, para algunos, en una aberración ecológica y, para otros, en promesa de prosperidad.
Europa Press
Uno de los principales argumentos en su contra es que la explotación incumple el Plan General Municipal al situarse a menos de dos kilómetros del casco histórico de Cáceres, ciudad declarada por la UNESCO en 1986 como Patrimonio de la Humanidad.
¿Pan o circo? z3o7
Ramón Jiménez Serrano es consejero delegado (CEO) de ENE, promotora de explotación del litio, desde febrero de 2022. En una entrevista con EL ESPAÑOL, este directivo declara las virtudes del proyecto: "Solo el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cáceres es industrial; es prácticamente inexistente. Nosotros queremos ser un proyecto tractor que traiga industria asociada y fije trabajo".
"Crearemos 700 puestos de trabajo directos que nosotros pagaremos en nómina y dejaremos en las arcas extremeñas, cada año, cuando el proyecto esté en funcionamiento, 114 millones de euros al año. Eso da para hacer dos veces la autovía Badajoz-Cáceres que están haciendo ahora".
De hecho, en 2023, la minera realizó una encuesta sobre el apoyo o rechazo al proyecto y el 83% de los participantes no se mostró en contra: "Esto sugiere que, en el peor de los casos, sólo un 17% de la población estaría en oposición", comenta el CEO a este periódico.
Las elecciones generales posteriores ofrecieron otro indicio; un partido local, Cáceres Viva, cuyo eje central era el rechazo a la mina y que incluso prometió cancelarla si llegaba al poder, obtuvo solo 1.697 votos: "¿Refleja esto una oposición mayoritaria en la ciudad? Parece que no", concluye Ramón Jiménez.
Imagen de la plaza Mayor de Cáceres durante la manifestación contra el proyecto de la mina de litio. EFE
Pero para Montaña Chaves, la directora de la asociación AmA Cáceres y uno de los fundadores de la plataforma Salvemos la Montaña, no es oro todo lo que reluce: "Lo de más de 700 empleos directos y 1650 empleos indirectos son cifras totalmente infladas, ficticias, irreales".
El número de empleos prometidos por la empresa ha ido aumentando con el tiempo, pasando de 199 en el proyecto inicial a entre 700 y 1.000 puestos. A pesar de ello, experiencias previas en minería en España reflejan cifras muy inferiores y empleos de corta duración: "La mina de Aguablanca llegó a 200 trabajadores antes de cerrar en menos de 3 años, mientras que La Parrilla, la mayor mina de wolframio de Europa, también cerró tras un ERTE", explica Chaves.
Montaña Chaves, directora de AmA Cáceres, en una manifestación contra la mina en Cáceres. Montaña Chaves
Y añade: "Estas iniciativas suelen estar respaldadas por empresas pantalla, lo que permite a las grandes compañías evitar responsabilidades financieras en caso de quiebra". La insolvencia deja impagos a istraciones y trabajadores, mientras que "las indemnizaciones son asumidas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), replicando esquemas vistos en crisis como la del ladrillo en 2008", advierte la activista.
Medias verdades 456y25
Aunque la empresa modificó su propuesta en 2022 para convertirla en una mina subterránea, con una inversión prevista de algo más de 1.430 millones de euros, el cambio no ha convencido a los opositores, quienes avisan sobre el impacto ambiental de los residuos y la afectación al acuífero kárstico de El Calerizo, de 14 kilómetros cuadrados.
En principio, la viabilidad técnica y medioambiental del proyecto no ofrece dudas para Jiménez Serrano: "El acuífero de El Calerizo no está reconocido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que no abastece a la ciudad de Cáceres".
De hecho, el CEO no tiene empacho a la hora de revelar que quienes actualmente perforan y utilizan agua de la zona son "los propietarios de chalets ilegales, que la emplean para llenar sus piscinas".
Mega-escombrera y balsas, según informes de la minera J. G. M.
En cuanto a la mina, aunque sus instalaciones estarían sobre esta masa de agua subterránea, el proyecto cumple con la normativa de "Vertido Cero", lo que significa que el agua se reutiliza en cada fase del proceso "sin generar residuos líquidos contaminantes", expone Jiménez Serrano. Y zanja: "las afirmaciones sobre la existencia de balsas de residuos tóxicos son falsas, ya que la ley no permite su almacenamiento en el lugar".
J. G. M., experto en geología y vinculado a las plataformas de oposición a la mina, no puede evitar ver gato encerrado: "Los informes presentados a la Junta contienen errores y datos cuestionables. Uno de los puntos más controvertidos es la afirmación de que el proyecto no afectará al acuífero del Calerizo".
Según el proyecto presentado, las instalaciones industriales estarán ubicadas precisamente sobre este terreno, "en lugar de hacerlo sobre el granito, que es impermeable y menos vulnerable". Otro aspecto "dudoso" es la supuesta presencia de una "capa de arcilla impermeable" entre las instalaciones y el acuífero.
Zona endorreica situada sobre el acuífero kárstico de El Calerizo. El agua de la lluvia almacenada en estos charcos desaparece a los pocos días por filtración. Sobre este lugar va proyectada la planta de procesado del litio y una balsa de "agua fresca" . J. G. M.
A juicio de este experto, lo más preocupante es que en la zona elegida para la escombrera y la planta industrial: "La caliza aflora en la superficie, lo que contradice las afirmaciones de los estudios geológicos". Estas inconsistencias ponen en duda la veracidad de la documentación presentada por la empresa".
Por su parte, Jiménez Serrano asegura que parte del material extraído será "reintegrado a la montaña para evitar dejar cavidades", mientras que otra parte se depositará en una escombrera. Niega que esta vaya a ser "visible desde Cáceres o que alcance los 50 metros de altura", argumentando que los datos reales están reflejados en el proyecto de 2022.
Megavertedero de la mina, según informes de la minera. J. G. M.
En cuanto a la restauración del terreno tras la explotación del yacimiento, el consejero delegado de ENE argumenta que el plan no es "arbitrario", sino que sigue estrictamente "las indicaciones de los técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura".
A toda ley 6pn5j
La Ley de Minas de 1973 otorga derecho a la expropiación forzosa y urgente de los terrenos afectados por el proyecto, aunque en palabras de Jiménez Serrano, la empresa asegura que prefiere "llegar a acuerdos con los propietarios".
En total, se estima que hay muchas menos propiedades afectadas de lo que se ha dicho públicamente, y algunas de ellas son "construcciones ilegales que nunca fueron regularizadas ni pagan impuestos".
La empresa esgrime que está ofreciendo compensaciones similares a las de otros proyectos industriales, como los "fotovoltaicos", y que aquellos propietarios que rechacen negociar tendrán que someterse a un "proceso de expropiación", donde el "justiprecio podría ser significativamente menor".
Alejo Hernández Lavado es profesor de derecho financiero y tributario y critica que la legislación minera en España siga basándose en la Ley de Minas de 1973, una norma "heredada del franquismo que otorga grandes privilegios al sector".
En su momento, esta ley respondió a la necesidad de desarrollo económico "sin considerar principios como la sostenibilidad, que hoy son fundamentales". Sin embargo, el contexto ha cambiado drásticamente.
Esto genera una contradicción evidente: por un lado, se impulsa una economía sostenible, pero por otro, "se mantienen leyes que favorecen un modelo industrial obsoleto y poco respetuoso con el medioambiente", subraya Hernández Lavado.
Pablo Ramiro Guzmán es activista y co-portavoz de la plataforma Salvemos la Montaña y cuestiona algunas de las contradicciones en las que parece incurrir la istración pública en el caso de la mina: "El año pasado (2024) se presentó un recurso de alzada contra la solicitud de explotación directa de la mina por irregularidades en el procedimiento".
Mina abandonada de estaño en el valle de Valhondo, donde la minera piensa extraer el litio.
A pesar de esto, el proceso sigue adelante y se han concedido hasta nueve meses para subsanar la documentación, un plazo cuestionado por su base legal. Además, la resolución "aún no ha sido entregada a las partes implicadas", lo que ha generado nuevas solicitudes formales para su revisión.
Entre dos aguas 3e3q6
Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo rechazó la solicitud de la empresa para extraer más de 1 millón de metros cúbicos de agua anuales. La empresa deberá responder sobre cómo piensa hacer frente a la gestión de los recursos hídricos necesarios para la extracción del mineral.
Jiménez Serrano refiere que mantiene acuerdos de opción de alquiler con propietarios de terrenos en la zona de Valdeflorez, incluido un ganadero local que: "Sigue adelante con su explotación ovina, realizando estudios y perforaciones relacionados con el abastecimiento de agua para su actividad, independiente de la captación de agua prevista para la mina".
Entrevista a Ramón Jiménez Serrano en Madrid.
El directivo enfatiza que la extracción de agua para el proyecto ya está contemplada en los informes presentados en 2022, los cuales considera "vinculantes". En estos documentos se detalla que el suministro hídrico provendrá de "la estación depuradora de aguas residuales de Cáceres (EDAR)". Y confirma que actualmente "se está tramitando la solicitud ante la Confederación Hidrográfica" para utilizar este recurso.
J. G. M. constata que la mina en Valdeflorez se sitúa sobre esta formación caliza vulnerable con capacidad para almacenar la mitad del agua del embalse del Guadiloba, del cual depende Cáceres para su suministro de agua potable.
Señala que la empresa "podría aprovechar este embalse natural para sus procesos industriales, evitando la construcción de balsas superficiales en un terreno protegido".
También denuncia que, pese a no tener aún permisos de explotación, "ya se han perforado cuatro pozos registrados a nombre de un ganadero local" con quien la empresa habría firmado un lucrativo acuerdo de alquiler.
Son pozos que tienen "unos 100 metros de profundidad y sale de ellos un caudal de aproximadamente 10 litros por segundo". Estos habrían sido colocados en"pares", lo que podría indicar una "estrategia de extracción y reinyección de aguas residuales" para mantener estable el nivel freático del acuífero, aunque con obvio "riesgo de contaminación".
Este activista alude al hecho de que, lejos de ser inofensiva, la extracción dejaría "túneles que luego se rellenarían con residuos químicos mezclados con cemento". A su juicio, esto no minimiza el daño, sino que equivale a generar un "cáncer" en el subsuelo por la acumulación de sustancias tóxicas.
El tiempo apremia 615s4b
La indignación de un sector de la ciudadanía ha ido creciendo tras la declaración de la mina como proyecto empresarial de interés autonómico (PREMIA) en junio de 2024 por parte de la Junta de Extremadura, lo que facilita su desarrollo y a subvenciones.
Aún así, ENE ha anunciado su renuncia a la subvención de 18,82 millones del PERTE VEC II, al considerar inviables los plazos de ejecución debido a nuevos requerimientos istrativos.
Para recibir estos fondos, Jiménez Serrano apunta que "la empresa tuvo que avalar el 80%, es decir, 15 millones, que están depositados en la Caja General de Depósitos del Estado. Los 3,8 millones restantes se colocaron en un depósito a plazo fijo mientras se definía el inicio del proyecto".
Montaña Chaves puntualiza que dicha subvención exigía que la mina comenzara a operar "antes de finales de 2026", pero la empresa ha itido que no podrá cumplir ese plazo: "Se sospecha que la compañía ha utilizado el proyecto con fines especulativos en la bolsa australiana de Sídney, beneficiándose de la incertidumbre en torno a la explotación minera y las ayudas europeas".
Este contexto se enmarca en una estrategia geopolítica de la Unión Europea (UE) para "reducir la dependencia de China y Rusia en materias primas críticas", impulsando la extracción de estos recursos dentro del continente.
Esto ha llevado a un "aumento de permisos mineros en España y otras regiones europeas", arguye Chaves.
Falta de pruebas y4r3w
La empresa tendrá ahora que actualizar su modelo financiero y realizar pruebas de procesado de litio en un laboratorio español, algo inédito por la falta de centros especializados en el país.
Jiménez Serrano declara al respecto: "Nuestro proceso, patentado en 2023, se desarrolló inicialmente en Australia y Alemania, ya que los laboratorios españoles no tenían experiencia ni capacidad para realizar las pruebas a tiempo ni para invertir en los equipos necesarios".
"Creímos que la homologación alemana era válida para la UE. Sin embargo, los técnicos de Medio Ambiente insisten en que las pruebas se hagan en un laboratorio español con certificación EMIGRE".
"Esto implica adquirir y montar nuevos equipos, lo que llevará al menos nueve meses y causará retrasos y costes adicionales. Mi principal preocupación no es el resultado de las pruebas, sino los retrasos y gastos", concluye el CEO.
Marino Linaje Trigueros es informático en la Universidad de Extremadura y activista de Salvemos la Montaña, y se expresa sin cortapisas en cuanto a lo que ENE espera conseguir sacar del yacimiento: "De cada 100 kilos de roca, solo 280 gramos son litio, lo que da un 0,28%, una cantidad ridícula".
Este porcentaje de litio "parece no ser rentable", pero se enmarca en el contexto de la creciente demanda de litio por la transición energética y los vehículos eléctricos en la UE. La empresa ha jugado con "márgenes de error del 40% al 35% en sus estimaciones", lo que genera "cifras muy imprecisas". A pesar de esto, han aumentado considerablemente las expectativas de extracción de litio del yacimiento, pasando de "17.000 a 33.000 toneladas anuales".
Algo que se relaciona con una "patente no concedida de la australiana Green Tech, participada al 100% por la empresa matriz Infinity Lithium, cuyo proceso aún no ha sido validado".
Este proceso promete recuperar un "90% del litio", algo que, según la Linaje Trigueros, "no se logra en ninguna mina del mundo", pues se suele recuperar alrededor del "50%", lo que genera escepticismo sobre su viabilidad.
De forma adicional, este activista cuestiona que la minería propuesta por ENE sea "verde y sostenible", ya que "dependería en gran parte de combustibles fósiles, usando enormes cantidades de diésel y gas en sus procesos".
Un informe advierte que solo la calcinación del metal generaría una "quinta parte de las emisiones industriales de Extremadura en 1 año" y que, en conjunto, la mina y la planta hidroquímica podrían igualar las emisiones de "toda la industria regional", concluye.
Dudas razonables 574q32
Infinity Lithium ha invertido más de "30 millones de dólares australianos" en el proyecto sin haber generado ingresos y ahora destinará "otro millón" para las pruebas adicionales exigidas por la Junta. Jiménez Serrano asevera que: "Si su objetivo fuera la especulación, habrían vendido cuando el precio del litio alcanzó los 80.000 euros por tonelada, pero no lo han hecho".
ENE cuenta con el respaldo financiero de 6 bancos españoles, como son "Santander, BBV, ABANCA, Unicaja, Bankinter y Sabadell", que han confirmado su disposición a "financiar hasta el 80% del proyecto".En respuesta a las acusaciones de recurrir a subvenciones públicas para comprar voluntades, el directivo replica que solo han recibido "una subvención para cursos de formación".
La empresa ha creado una fundación (FENE) que apoya a "personas con discapacidad, patrocina eventos deportivos y culturales y tiene previsto destinar fondos al desarrollo de Cáceres" cuando el proyecto esté en marcha. Actualmente, esta fundación se financia con "recursos propios de la empresa, sin apoyo gubernamental".
Aunque el músculo financiero está de parte de la minera, pintan bastos para su credibilidad, o de lo contrario la constante resistencia local a su proyecto no podría haberse dilatado a lo largo del tiempo de manera tan intensa.
En 2021, el periodista José María Pagador (Propronews) accedió a un foro de inversores australiano, Hotcopper, donde identificó comentarios que insinuaban la posible compra de concejales o personas influyentes en la istración local por parte de Infinity Lithium.
El mismo Pagador se hizo eco, en 2022, de las informaciones que apuntan a que Jiménez Serrano está imputado en un proceso judicial relacionado con la desaladora de Escombreras.
Según informaciones relativas al caso, la Fiscalía habría solicitado penas de entre 8 y 14 años de prisión para varios cargos públicos implicados, y acusa a 5 personas del ámbito privado y mercantil, incluido el propio CEO, por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación en el contrato de arrendamiento de la planta.
El auto judicial impuso una fianza de 70 millones de euros para cubrir el daño económico causado a la Comunidad Autónoma de Murcia. A pesar de ello, Jiménez Serrano ha minimizado el impacto de estas acusaciones, indicando que el señalamiento por parte de sus detractores en el proceso judicial solo refuerza "la seriedad" de la iniciativa minera en Extremadura.
*Carlos Subirá, autor del reportaje, es alumno de la segunda promoción 2024-2025 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC. Este reportaje es una actualización de su TFM.
