Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, saluda al presidente de Sabadell, Josep Oliu, el lunes a su llegada a la inauguración de la reunión anual del Cercle d'Economia. Quique García Efe Barcelona 2x711i
Una consulta pública para 'salvar' el interés general de una opa particular... que deja en el aire la libre competencia 2t294s
El único hueco que le queda al Ejecutivo tras la consulta sería justificar un bloqueo en la defensa de los consumidores y s por atentar a la libertad de opción. 3t10d
Más información: BBVA y Sabadell esperan a que Sánchez aporte más claridad sobre la opa para presentar sus respectivos planes estratégicos. 1t482s
El eco de la consulta pública sobre la opa BBVA-Sabadell que ha lanzado el presidente del Gobierno todavía resuena en los despachos de algunos de los principales bufetes de derecho de los negocios de este país.
Nadie en el mundo jurídico entiende para qué sirve una consulta que no podrá trastocar ninguno de los criterios que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado por solventados por unanimidad, tras casi un año de análisis.
Los abogados especializados en derecho de la competencia, bancario y fusiones y adquisiciones (M&A) advierten que los argumentos que salgan de esa consulta popular no podrán tocar aspectos relacionados con el crédito, el negocio de la cartera de pymes o el número de sucursales, a riesgo de abrir una batalla jurídica de límites desconocidos.
Europa Press San Cugat del Vallès (Barcelona)
Todo eso ya lo ha condicionado y dado por bueno la CNMC, cuya decisión tiene validez cuasi jurídica en el derecho comunitario, tras ver líneas de crédito, negocio con pymes, tipos aplicados, comisiones, transparencia, oficinas por distritos postales, clientes vulnerables y hasta operaciones gratuitas en ventanilla.
El Estado puede aducir en la decisión que tome las razones de interés general que sea menester, como la planificación, la unidad del sistema económico, la reserva pública de servicios esenciales y hasta la intervención de empresas, el medio ambiente, la defensa de consumidores y s o el urbanismo.
Precisamente es en este último ámbito, la defensa de los consumidores, por la posible afección de la opa a la libertad de opción en una operación que reduce marcas en el sector, donde puede agarrarse a una posible línea argumental tras la consulta.
No obstante, si Competencia no ha puesto pegas a eso, no será fácil de demostrar, más allá de servir de soporte a una decisión política. "Y eso puede llevar detrás un recurso de los gordos", advierte un experto en derecho istrativo y constitucional.
Todas esas razones de interés general están tasadas en la Constitución. Pero, de la misma forma, está avalada en sentencias del Tribunal Constitucional la defensa de la competencia, que aplica la CNMC y avala el derecho comunitario, como desarrollo de la libertad de empresa en Europa, recuerdan las fuentes jurídicas consultadas.
Buscar la complementariedad entre el informe de Competencia y los argumentos de interés general que se deriven de una consulta de dudosa ejecución, es un encaje jurídico muy difícil de realizar con ciertas dosis de credibilidad y muy atacable desde el punto de vista jurídico, advierten los expertos legales consultados.
Alerta en la CNMC 5b2p6j
En el entorno de la CNMC también se han levantado todas las antenas para evaluar hasta dónde puede apretar el Gobierno con su decisión tras la consulta que ha abierto Economía y hasta qué punto eso va a suponer una desautorización de la resolución de su Sala de Competencia.
La falta de algún precedente sobre esta cuestión mantiene muy desorientadas a todas las partes. Se han prohibido o frenado directamente fusiones en el sector energético por interés general; incluso se han suavizado condiciones sobre competencia para permitir otras en el sector audiovisual, ante la falta de acuerdo previo en Competencia.
Pero el dictamen unánime de la CNMC sobre la opa impidió la publicación de algún voto particular, que pudiera dar lugar a discrepancias internas en el organismo y justificar el hecho de una decisión estatal 'superior' más o menos conciliadora de las partes. Con lo cual, la situación es única y sin referencias jurídicas concretas a las que acudir.
Desde el ámbito socialista aseguran que la consulta pública para justificar una decisión polémica en el ámbito político ya se había contemplado en alguna reunión del partido, pero para otras cosas de mayor calado y que afectan a toda la sociedad, como puede ser la ampliación del gasto en defensa.
El grado de improvisación que, incluso dentro del partido, se atisba en el anuncio de Sánchez, ha pillado a todo el mundo desprevenido. Incluso en el entorno de la Generalitat de Salvador Illa advierten de que la incertidumbre sobre el resultado final de algo tan impreciso no beneficia a nadie.
Un bloqueo de la opa (a saber con qué justificación) que desautorice a la CNMC, se puede interpretar como un triunfo del nacionalismo catalán, más que un éxito de Illa, que habría necesitado del 'regate legal' de Sánchez y la complicidad de Carlos Cuerpo para frenar una operación que cumplía con todas las condiciones del mercado.
Si la consulta popular no sirve para frenar la opa y todo queda en manos de los accionistas, que es lo que espera el mercado que ocurra, puede suponer un triunfo a medias para el BBVA, que contempla incluso una opa sin fusión, para estrechar el control con el paso del tiempo.
Pero esa opción le pasaría factura a Salvador Illa en la Generalitat, incluso a Sánchez en Madrid por el malestar de Junts y ERC. Lo que nos lleva a que la situación en la que se ha entrado con la 'consulta sorpresa' del presidente tiene muchas menos ventajas que si la decisión se tomara, por razones de interés general, sin necesidad de mandar formularios a nadie.
Esa falta de necesidad es lo que no entra en la cabeza de alguno de los abogados mercantiles más brillantes de nuestro país y retumba en sus despachos. Junto al precedente que supone de poder utilizar el método de la consulta pública siempre que haga falta, para lo que sea.
