El hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño, al banquillo por prevaricación y tráfico de influencias 12b3x

La magistrada les atribuye a ambos los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la creación y posterior adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz. Dicho puesto acabó siendo otorgada al artista.

Así consta en una resolución, fechada este mismo jueves y a la que ha tenido EL ESPAÑOL. Ahora bien, según ha podido saber este periódico, Gallardo recogió en la tarde de este miércoles su acta como nuevo diputado de la Asamblea extremeña, intención que, con el consiguiente revuelo, comunicó públicamente días atrás y que conlleva su aforamiento.

La juez subraya la "capacidad para influir" de Pedro Sánchez en los del PSOE que dieron la plaza a su hermano

Así las cosas, al ser ya parlamentario autonómico, sólo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) será el competente para juzgarle. El abogado del político, por tanto, no tardará en hacer constar este hecho a la instructora, ya que, por cuestión de sólo unas horas, el letrado no la considera autorizada para abrir juicio oral contra su cliente.

Por otro lado, la magistrada tampoco ha esperado —no tiene por qué hacerlo— a que la instancia jerárquicamente superior a su Juzgado, la Audiencia Provincial de Badajoz, se pronuncie acerca de su decisión de mandar a juicio a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo.

Las defensas de ambos investigados habían presentado sendos recursos para tratar de que este tribunal les librase de sentarse en el banquillo. La Fiscalía, de hecho, les apoyó y pidió que la causa fuese archivada. Ahora bien, ninguno de estos recursos tiene efectos suspensivos. Por eso, la juez ha optado por abrir ya juicio oral contra un total de once personas.

Otro de los integrantes de esta lista es Luis Carrero. Esta persona trabajó como asesor en la Moncloa hasta 2022. En 2023, sería fichado por la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo. Fue contratado en el Área de Cultura, el mismo departamento al que David Sánchez estaba adscrito desde 2017.

De hecho, se convirtió en colaborador de éste, dado su cargo de responsable del fomento de la cultura en el área transfronteriza (el territorio que separa Portugal de Badajoz).

En junio de 2023, antes de acceder a la Diputación, Carrero envió un correo electrónico a Sánchez, al que se dirigía como "hermanito". En dicho e-mail, se ofrecía a sí mismo para trabajar en el organismo provincial, lo que no tardaría en suceder.

Cuando declaró como investigado ante la juez, Carrero aludió a la amistad que, desde hace casi 20 años, le une a David Sánchez y señaló que aquel mensaje tenía un tono informal, desenfadado, cotidiano.

Corrige su error 1i2b25

En su resolución, la instructora no impone el pago de ninguna fianza a los acusados, al "no estar, en este momento procesal, cuantificada, ni siquiera aproximadamente, la cuantía de las responsabilidades civiles solicitadas".

Las acusaciones populares de esta causa (Manos Limpias, Hazte Oír, el PP, Vox, Iustitia Europa y Abogados Cristianos) solicitaron un total de tres años de cárcel para el hermano de Sánchez. La misma pena, para Gallardo. Y pidieron que el primero sea condenado a devolver todo el salario que obtuvo de la Diputación de Badajoz y a pagar una multa.

Por otro lado, este mismo jueves, tras haber dictado ya el auto de apertura de juicio oral, la magistrada ha emitido una corrección del mismo.

En efecto, Biedma ite un "error" en la primera resolución, que derivaba el caso a los Juzgados de lo Penal de Badajoz para su enjuiciamiento. A las 13:30 horas de este jueves, la instructora se corregía y planteaba a las acusaciones la posibilidad de que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial de Badajoz.

¿Por qué? Debido a una cuestión procesal: que el delito de prevaricación, del que están acusados tanto Gallardo y Sánchez como Carrero, conlleva una pena de inhabilitación de hasta 15 años.

Además de estos tres, Biedma también ordena la apertura de juicio oral contra varios cargos y empleados de la Diputación pacense que han sido investigados en esta causa. Son los siguientes: Ricardo Cabezas, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González Márquez, Elisa Moriano y Francisco Martos Ortiz.