El Ayuntamiento emprenderá acciones legales contra los restaurantes de la Marina que sigan abiertos el 1 de junio 4q4w20

El Ayuntamiento de Valencia emprenderá acciones legales contra los restaurantes de La Marina que el 1 de junio todavía no hayan entregado los locales por incumplimiento contractual al mantener la actividad con la concesión caducada.

Así, lo ha señalado el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Junta de Gobierno.

El consistorio decidió no prorrogar la concesión de cuatro restaurantes en esta zona porque "se quiere apostar por otro modelo de ocio".

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Sin embargo, pese a la negativa del consistorio, los establecimientos afectados aseguraron este jueves que "permanecerán abiertos tras reconocer el Ayuntamiento que sus contratos de arrendamiento deben abordarse por la vía de lo civil".

Al respecto, Caballero ha apuntado que el Ayuntamiento "tiene conocimiento de que los hosteleros de esos locales siguen realizando la actividad y siguen abiertos" pese a que "no hay base contractual".

"Hay un incumplimiento por parte de los concesionarios en el acuerdo que habían llegado con el Ayuntamiento de Valencia", ha señalado.

Por ello, ha confirmado que, pese a que ha habido "un diálogo constante" durante "todo" el proceso, el Ayuntamiento "desde luego emprenderá acciones legales si el 1 de junio no se ha realizado la entrega de los locales".

Los cuatro locales 231z2p

La amenaza del Ayuntamiento de emprender acciones legales llega después de que los cuatro restaurantes de La Marina de Valencia comunicaran que "permanecerán abiertos tras reconocer el Ayuntamiento que sus contratos de arrendamiento deben abordarse por la vía de lo civil".

Según la Asociación Marina , "no puede ordenarse cese de actividad alguna", ya que "el Ayuntamiento de Valencia ha reconocido un error en la tramitación del expediente de desalojo y cese de Vlue Arribar".

Desde la defensa de los restaurantes sostienen que las cuestiones del contrato vigente, mientras no acuerde su extinción y lanzamiento el orden civil, "no pueden quedar a su caprichoso arbitrio".

A su juicio, esto implica que la declaración de cese de actividad y recuperación del inmueble, fijada para el 31 de mayo, "queda sin efecto y debe acudirse a los tribunales de instancia civil, para que sean ellos quienes declaren si esta es isible mediante sentencia".

El letrado ha criticado que el consistorio "insiste en otro acuerdo unilateral, donde se reitera el cierre ilícito y recuperación a través de la fuerza pública y sin posibilidad de alegaciones, en un claro ejercicio de indefensión, que supera la línea de la ilegalidad".

El presidente de la asociación, Ángel Brández, ha afirmado: "No cuestionamos que el local revierta a la Autoridad Portuaria (APV). No entendemos que el Ayuntamiento prefiera cerrar los locales hasta que la APV los adjudique de nuevo, en un plazo no inferior a seis meses, destruyendo trabajo y negocio".

Por su parte, consultado al respecto, el Ayuntamiento de València ha trasladado que el error a que se refiere la asociación "es un tema menor istrativo".

"El Ayuntamiento ejercerá las acciones civiles que considera legalmente procedente, ya que las empresas al firmar la renovación del contrato se hacía constar las fechas de cese de actividad y devolución de la propiedad", ha agregado.