El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante el acto de entrega de los XIX Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Europa Press 3f3d1v
El juez del Supremo pone al fiscal general al borde del banquillo por filtrar datos tributarios de la pareja de Ayuso 1ir4v
Hurtado afirma que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" y le atribuye un presunto delito de revelación de secretos que conllevaría prisión e inhabilitación /También imputa a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. 2p5o70
Más información: El rechazo de diligencias indica que Hurtado da por terminada la investigación a García Ortiz y valora llevarle a juicio h5b16
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha dado por terminada la investigación al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y aprecia indicios bastantes de su presunta responsabilidad en la filtración de datos tributarios reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En una resolución conocida hoy, Hurtado imputa formalmente a García Ortiz un delito de revelación de secretos que conllevaría prisión de dos a cuatro años, multa e inhabilitación o suspensión.
Tras conocer la decisión del instructor, García Ortiz descartó dimitir. "Me reafirmo en mi compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma", dijo en un comunicado.
Asimismo, reiteró su "inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación".
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo el 29 de enero. Europa Press
El procedimiento, que empezó con una querella de González Amador contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le denunció por fraude tributario, pasó al Tribunal Supremo el pasado 15 de octubre, después de que el fiscal general asumiera en primera persona la difusión de una nota de prensa.
Ese comunicado desmentía informaciones falsas según las cuales la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso para que se declarara culpable de dos delitos fiscales.
La realidad era la contraria: fue la defensa de González Amador la que ofreció a la Fiscalía reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la pena.
"Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", escribió el abogado del empresario en un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Delitos Económicos.
El contenido de ese correo apareció en varios medios en la noche del 13 de marzo de 2024.
"La confidencialidad y reserva a que tenía derecho Alberto González Amador sobre el concreto contenido del correo de 2 de febrero de 2024 solo se vio quebrada cuando alguien ajeno a él y sin su autorización filtró su contenido", señala Hurtado.
El instructor afirma que, aunque el entorno de González Amador filtrara otros correos posteriores, una cosa era la "divulgación consentida" de estos, "que no supone quiebra alguna sobre la confidencialidad que caracteriza el delito de revelación de secretos, y otra completamente distinta la filtración del contenido de los datos personales de un ciudadano, que no lo autoriza, y su posterior continuación en la nota [de prensa] del día 14, que podría ser subsumible en el referido delito".
Junto a García Ortiz, el instructor del alto tribunal ve motivos para que Pilar Rodríguez también se siente en el banquillo al considerar que "fue determinante su intervención para la aportación de un material sensible", en referencia al expediente tributario de González Amador y los correos que intercambiaron la defensa y el fiscal.
"Indicaciones del Gobierno" 334w3m
El instructor afirma que García Ortiz actuó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".
"Aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas [con la información falsa de que 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que ita dos delitos fiscales'], García Ortiz, fiscal general del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales".
Ello tenía por objeto "preparar una respuesta y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo".
"Todos los indicios apuntan" a que fue Garcia Ortiz el que proporcionó el contenido del correo del 2 de febrero a la Cadena Ser, el primer medio que lo difundió a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024, tras haberlo recibido de Pilar Rodríguez por correo electrónico a las 21:59 horas. La noticia de esta emisora citaba fuentes de la Fiscalía y anunciaba que se estaba preparando una nota.
Envío del 'mail' a Moncloa 5x2i4a
Hurtado asume la tesis de la querella de que el fiscal general se implicó en el enfrentamiento político entre el Gobierno y Dìaz Ayuso y utilizó la información reservada a la que accedió por razón de su cargo para facilitar que se atacara a la presidenta de la Comunidad Madrid.
En este sentido, sostiene que "desde Fiscalía General del Estado, y antes de que
hubiera tenido difusión por otros medios", se envió a Pilar Sánchez Acera, encargada del gabinete de Óscar López, en aquel momento director del gabinete del presidente del Gobierno, el correo de 2 de febrero de 2024.
Sánchez Acera hizo uso de ese documento, "dando instrucciones a Juan Lobato [entonces portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid] para que lo exhibiese en su
intervención en la sesión del día 14 de marzo de la Asamblea de la Comunidad de Madrid en contra de Isabel Díaz Ayuso".
El instructor sostiene que la difusión del correo de 2 de febrero, en el que la pareja de la presidenta madrileña asumia, según su abogado, dos delitos fiscales, permitió que "en determinados medios y ámbitos" se llamara a González Amador "defraudador o delincuente confeso".
"Eso ha sido a raíz de la validez que se ha dado a la divulgación de una información, presumiblemente ilícita, contenida en un correo obtenido de manera aparentemente delictiva, cuando no lo era, al no haber recaído sentencia condenatoria que lo declarase", afirma.
Seguía siendo secreto 4z6j4
Tras las declaraciones prestadas por varios periodistas, Hurtado asume que, antes de que se filtrara el correo del 2 de febrero, "existió un conocimiento relacionado con el eventual pacto de conformidad" entre González Amador y la Fiscalía de Delitos Económicos.
Pero sostiene que el contenido del 'mail' "se filtró sin su autorización [de Alberto González Amador], pues lo que no consentía es que se divulgasen datos tan sensibles, afectantes a su intimidad, como los que había en este correo".
En la tesis del magistrado, "el secreto existirá mientras su dueño no le quiera dar publicidad y el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele".
"Si otro lo revela, estará quebrantando la reserva inherente a ese secreto y, con ello violando un
derecho a la intimidad personal".
