El Gobierno ite ahora que con los menas no cumple el derecho internacional, y Canarias estalla: "Es indecente" 2r4p4

En aquel escrito, el Alto Tribunal exigía al Gobierno que se haga cargo de los 1.008 menores inmigrantes demandantes de asilo que se encuentran en Canarias.

"Es indecente", denuncian fuentes del gobierno canario consultadas por EL ESPAÑOL.

A raíz de un recurso presentado por el Ejecutivo de Clavijo, el Supremo dictó el 25 de marzo un auto en el que exigía al Gobierno que, "en un plazo improrrogable de 10 días", se hiciera cargo de mil menas solicitantes de asilo que permanecen en Canarias.

Sin embargo, la vista celebrada este jueves en el Supremo sirvió para constatar, dos meses después, que el Gobierno central ha incumplido esta orden.

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Así lo reconoció el abogado del Estado Luis Serrano, que itió que en este período de dos meses "no se ha podido evaluar individualmente a esos menores" y tampoco "se ha llevado a cabo ninguna acogida".

Los menores siguen encontrándose bajo la tutela del Ejecutivo regional, que además se ve obligado a asumir el coste de su alojamiento y manutención.

Durante la vista, la directora general de Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Amapola Blasco, derivó las responsabilidades al Ministerio del Interior, que es el encargado de tramitar las solicitudes de protección internacional de los demandantes de asilo.

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Por su parte, el director general de Protección Internacional del Ministerio del Interior, Octavio Rivera, intentó trasladar la culpa al Gobierno canario, al que atribuyó falta de "información" y "colaboración" para resolver este problema.

Rivera aseguró que no le parece ningún "problema que una persona haya podido manifestar voluntad y todavía no haya podido formalizar la petición porque manifestarlo ya es per se una garantía".

Pero el presidente de la Sección del Supremo que ha de resolver este contencioso, Carlos Lesmes, le recordó que algunos de estos menores llevan ya cuatro años esperando a que se tramiten sus peticiones de asilo.

Aunque el Gobierno ha incumplido la orden dictada por el Supremo el pasado 25 de marzo, sí ha dado varios pasos apresurados en vísperas de la celebración de la vista de este jueves.

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Seis días antes del acto judicial, la istración del Estado remitió a Canarias un listado de 723 menores que ya “han formalizado” su solicitud de asilo y pidió al Ejecutivo regional información adicional para completar sus expedientes, como ha informado este diario.

Y el miércoles, 24 horas antes de la vista, el Gobierno central remitió a Canarias el borrador de un protocolo para el acogimiento de estos menores.

El presidente canario, Fernando Clavijo, explicó este jueves que su Ejecutivo no va a suscribir dicho protocolo, por considerar que trata a los menores inmigrantes demandantes de asilo "como si fueran cajas de manzanas".

Estos menores, señaló Clavijo, "no son cajas de manzanas que vamos a meter en un avión, en un contenedor. Son niños que están ya escolarizados, están integrados, han sufrido lo impensable en esa travesía y ahora no les vamos a generar a esos niños un segundo desarraigo".

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"A lo mejor están integrados" durante su estancia en Canarias, indicó el presidente regional, pero "hay a lo mejor otros de 16, 17 años que sí se quieren ir, porque tienen redes familiares en la península o en otro sitio".

Por ello, consideró que el Gobierno de España tiene que decretar su integración en el sistema de protección internacional.

Fernando Clavijo realizó estas declaraciones tras participar en un minuto de silencio por los inmigrantes que murieron el miércoles tras volcar en el muelle de La Restinga, en El Hierro, la patera en la que viajaban.

Clavijo reconoció que el miércoles fue el "peor día" de su trayectoria política, debido al trágico suceso, y reconoció sentir "impotencia" por las dificultades para acoger a todos los inmigrantes que llegan a las Islas.

El Congreso de los Diputados convalidó el pasado mes de marzo el decreto aprobado por el Gobierno que establece un reparto desigual de algo más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados (menas) que se encuentran en Canarias: sólo 27 irán a Cataluña, mientras que el Gobierno llevará a 700 a Madrid.

El Tribunal Constitucional ya ha itido a trámite cuatro recursos en los que los Ejecutivos regionales de Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura denuncian que dicho decreto (que el Gobierno pactó con Junts) "vulnera su autonomía regional" y utiliza "un instrumento de urgencia para modificar el sistema de acogida de menores sin debate".