Los socios de Sánchez no le retirarán su apoyo "hasta que las pruebas" contra el Gobierno sean "irrefutables" 1v66f

Ni el juicio contra su hermano. Ni los mensajes de Ábalos. Ni las presiones políticas a jueces y fiscales han cambiado el escenario parlamentario.

La legislatura de Sánchez depende de ERC, Junts, Bildu y PNV. Los dos primeros son actualmente los que más aprietan al PSOE reclamando concesiones que justifiquen su eventual apoyo a los Presupuestos de 2026.

Estos aliados parlamentarios creen poder mantenerse a salvo de un contagio, de modo que esperarán a que las pruebas sean "fehacientes" e "irrefutables". Así lo trasladan fuentes de ambos grupos a este diario.

En la formación de Carles Puigdemont lo resumen con frialdad: "Estamos como los demás, a la espera de acontecimientos".

Desde la dirección de ERC lo rebajan un poco. "El tsunami de corrupción llega muy matizado a Cataluña", explica una fuente cercana a Oriol Junqueras. "No ocupa la atención de la gente. Estamos a otras cosas".

Los socios separatistas ven el escándalo como una tormenta circunscrita a Madrid. "Aquí se percibe como una situación casi guerracivilista", añaden las fuentes citadas. "Cuando bajamos a Madrid, a la vuelta todos decimos lo mismo: hay una tensión brutal, parece un arsenal esperando una cerilla".

Ni el banquillo para David Sánchez —primer familiar directo de un presidente en democracia en sentarse ante un juez por corrupción— ha encendido las alarmas.

Tampoco el hecho de que la jueza subraye en su auto la "capacidad de influencia" de Pedro Sánchez sobre los responsables socialistas que le dieron la plaza a su hermano.

Desde la oposición se denuncia que el Gobierno no solo no se desmarca de la corrupción, sino que además ha entrado en guerra abierta contra los jueces. 

Tanto que el PSOE justifica que Miguel Ángel Gallardo, procesado junto al hermano del presidente, no sea suspendido de militancia —como sí se hizo con Ábalos sin estar siquiera investigado— escudándose en que el caso nace de "denuncias de la ultraderecha" y que los estatutos (modificados en el congreso de Sevilla) no obligan a actuar.

Las principales asociaciones de jueces y fiscales llaman a un paro general el 11 de junio en protesta por la ley Bolaños

El Ejecutivo acusa a la magistrada del caso hermano de formar parte de una conspiración mediática y judicial de la ultraderecha. Así lo ha defendido públicamente la ministra María Jesús Montero: "Es otro bulo más de la ultraderecha".

Pero los hechos siguen acumulándose. Y los escándalos también.

Tras una semana repleta de mensajes privados en las portadas entre el presidente y su ex mano derecha, José Luis Ábalos, reconoció que él mismo había autorizado la filtración parcial de sus propios mensajes con Sánchez porque eran "positivos" tanto para él como para Sánchez.

En realidad, los mensajes revelan que siguió de cerca las negociaciones del rescate de Air Europa, mientras su asesor Koldo García presionaba para canalizar contratos e, incluso, recogía presuntamente un pago de 500.000 euros para el exministro de Transportes.

"Puedo hacer caer al Gobierno", llegó a decir Ábalos en privado, según sus propias palabras. Ahora utiliza los whatsapps como arma de presión.

En paralelo, la acusación popular ya ha pedido al juez del Supremo que cite a la exnovia de Víctor de Aldama por el audio sobre pagos por el rescate de Air Europa, con nuevas revelaciones en la comisión de investigación del Senado sobre Jésica, la sobrina de Ábalos, protegida desde Adif. 

El presidente del Gobierno, lejos de dar explicaciones, huyó del asunto en la sesión de control calificando como "delito" la filtración de los mensajes, aunque ni él, ni el PSOE, ni el Gobierno han presentado denuncia alguna.

"Feijóo tiene miedo a la democracia", espetó Sánchez en el Congreso. "Usted tiene miedo de Ábalos", le respondió el líder del PP.

Entorno enrarecido 1k6om

La presión sobre el sistema judicial va más allá del ruido mediático. Las principales asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro general el 11 de junio, en protesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como ley Bolaños, que consideran un ataque directo a su independencia.

Bolaños escribe una carta a las asociaciones de jueces y fiscales para defender la reforma que les ha puesto en pie de guerra

También hay un entorno enrarecido en Europa, donde se acumulan las críticas. La Eurocámara ha llamado la atención al Gobierno por sus ataques a la separación de poderes y ha puesto en duda la legalidad de la Ley de Amnistía.

Esta misma semana, una delegación parlamentaria europea se mostró "alucinada" por la defensa del Gobierno de la sobrerrepresentación electoral del separatismo catalán en Bruselas. Según sus conclusiones preliminares, el PSOE ha frenado de forma deliberada la reforma electoral que eliminaría los privilegios de Junts, ERC, Bildu, el PNV... precisamente los partidos que "esperan acontecimientos" pese al tsunami de corrupción. 

El clima político se enrarece. La credibilidad institucional se erosiona. Pero los aliados de Sánchez mantienen la posición. "No hay menoscabo", apuntala una fuente más de ERC. "Si llega el momento en que la situación sea inaceptable, se valorará. Pero de momento no lo es".