El colegio del menor violado por otros cinco se defiende: "Cuando tengamos una resolución firme, adoptaremos todas las medidas" 58d31

Representantes del equipo directivo de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) y del Colegio Nuestra Señora de Loreto de Valencia, donde estudiaba el menor que fue presunamente agredido sexualmente por algunos compañeros en un viaje de fin de curso, han afirmado que cuando tengan una "resolución firme" por parte de las instancias judiciales adoptarán "todas las medidas".

Así lo han señalado en una rueda de prensa este lunes la directora general del equipo de gestión de la FESD, Julia Moreno; la directora general del centro educativo, María Dolores Esteban, y el director de comunicación de la FESD, Manuel Ángel Maestro Martín.

Además, han defendido que han aplicado los protocolos de la Conselleria de Educación y que todas las actuaciones "han sido supervisadas por la Inspección educativa".

El niño de 13 años violado por otros cinco menores en Valencia cambió de colegio a petición de la familia

La familia del menor denunció en 2023, cuando estudiaba segundo de ESO, que había sufrido una agresión sexual por parte de varios alumnos durante un viaje escolar.

Según ha desvelado Las Provincias y recoge Europa Press, dos años después, la Fiscalía de Menores de Valencia solo habría acusado a uno de los menores presuntamente implicados, mientras que otros dos son inimputables al tener 13 años cuando sucedieron los hechos. Otros dos se acogieron a su derecho a no declarar.

De acuerdo con esta información, la jueza de menores dictó un auto de sobreseimiento de la causa abierta contra los dos jóvenes, al considerar que no hay suficientes pruebas para continuar acusándolos, una decisión que debe ratificar la Audiencia Provincial de Valencia.

Desde el centro educativo han detallado que el viaje a Málaga, unas olimpiadas deportivas, tuvo lugar en el mes de marzo y "no hubo ningún tipo de comunicación a los profesores ni al miembro del equipo directivo" presente en el lugar.

"La primera noticia fue el 5 de junio, cuando la familia dice que su hijo no va a venir porque traslada que no se encuentra bien", sin precisar el motivo, según la directora del centro.

A partir de esa primera semana, el menor no regresó al centro escolar y "a los pocos días" la dirección conoció los hechos a través de una comunicación del psicólogo externo del alumno, en la que informaba de que había dado parte a las autoridades judiciales.

Así, desde marzo hasta la primera semana de junio, la víctima convivió en el colegio con sus presuntos agresores. A partir de junio el menor ya no volvió a la escuela, y para el curso siguiente ya se trasladó a otro centro.

Además, la directora ha explicado que no se expulsó a los presuntos agresores, que siguen estudiando en el centro.

"Tienen un seguimiento por parte de tutor, profesores y departamento de orientación, y no se ha detectado ninguna incidencia por parte de ellos ni cualquier conducta preocupante", ha indicado.

Desde la institución han alegado que los protocolos aplicados han sido los de la Conselleria y que "todas las actuaciones han sido supervisadas por la Inspección educativa".

Han explicado que se inició un procedimiento ordinario pero que, atendiendo al decreto 195/2022 de la Generalitat, "este tuvo que quedar suspendido en tanto no recaiga un pronunciamiento judicial". "Por lo tanto, estamos a la espera de esa resolución definitiva después de dos años", ha comentado.

La directora de la fundación ha subrayado el respeto al trabajo de las autoridades judiciales y ha asegurado: "En el momento en que tengamos una resolución firme, adoptaremos todas las medidas pertinentes. Mientras tanto, seguiremos trabajando por el bienestar de los alumnos".

Según las responsables, "el colegio actuó de modo inmediato cuando recibió la información" y se ha estado "al lado de la Justicia y aplicando la normativa de Conselleria", además de informar a Inspección educativa.

Desde el colegio y la fundación han explicado que el centro escolar no se ha personado en la causa. Una decisión que "se consultó con Inspección", y que se tomó porque el psicólogo ya había trasladado los hechos a Fiscalía.

"Nuestra aportación, puesto que no teníamos ni siquiera noticia de los hechos, no iba a ser relevante", han indicado.

"Nosotros hemos presentado toda la información que nos han solicitado. Incluso hemos presentado nuestros testimonios. Pero ahora mismo no somos parte del procedimiento", han añadido.

Además, desde la institución ha indicado que "no hay un reconocimiento expreso de los hechos" por parte de los menores y "hay un ejercicio de su derecho de defensa en el procedimiento judicial".

"Los padres de los alumnos están defendiendo lo que creen que son los derechos de sus hijos de la mejor forma que pueden y saben", han añadido.

Así, Moreno ha expresado la "solidaridad con las familias de los victimarios y el respeto a la presunción de inocencia máxima, cuando en este caso todos los implicados son menores y, por lo tanto, todos gozan de una mayor protección debido a su vulnerabilidad".

Además, ha mostrado la "tristeza" al pensar que algo así ha podido pasar en su colegio o "en una actividad organizada por el centro", así como ha insistido en la "condena más rotunda a todo tipo de abusos y violencia que afecten a menores".

Sobre si desde el centro o la fundación se ha realizado autocrítica sobre si algo falló, Moreno ha indicado que "por muy duro que sea, cuando realizas actividades escolares con salidas con pernocta, si no hay alguien en cada habitación, no existe un riesgo cero".

Además, ha indicado que "se han cambiado las normas" para realizar viajes con pernocta y ahora los menores firman por escrito un compromiso de cumplir unas normas que se explican a padres y alumnado.