El Partido Popular logró este miércoles aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2025 gracias al apoyo y las cesiones a Vox. Todo un logro para el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, cuyo futuro político es incierto.
Pero pocas horas después de haber contado con los voxistas para sacar adelante las cuentas autonómicas, el grupo de Santiago Abascal ha registrado una iniciativa para instar al Ejecutivo valenciano a que rechace la reforma del sistema de financiación autonómico.
El texto presentado en el Parlamento valenciano se trata, en realidad, de una estrategia desplegada a nivel nacional en todos los parlamentos autonómicos para manifestar su rechazo al modelo autonómico actual.
El documento recoge una serie de reivindicaciones que los diputados autonómicos reclaman al Consell de Mazón. En primer lugar, que muestre "su rechazo a cualquier intento de impulso de una reforma del modelo de financiación autonómico".
Una petición que justifican en que "solamente contribuirá a profundizar en un sistema que nos hace desiguales, erosiona los servicios públicos, nos divide y permite el despilfarro y el chantaje separatistas".
La iniciativa es especialmente llamativa no por su contenido, sino por el momento utilizado para registrarla y defenderla. No en vano, el partido de Abascal siempre se ha mostrado contrario al estado autonómico.
Sin embargo, durante semanas el grupo parlamentario que en la Comunitat lidera José María Llanos ha estado negociando los presupuestos autonómicos con el PP y el presidente de la Generalitat.
A raíz de esas negociaciones, las cuentas valencianas de 2025 tienen el sello de los voxistas, dado que Mazón ha cedido a incorporar un buen número de sus exigencias -con una importante carga ideológica- a cambio del apoyo de los 13 diputados de Vox para sacarlas adelante.
Entre ellas, se encuentra un importante recorte a los fondos con los que contará la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que verá reducido su presupuesto en torno a un 45% respecto al año anterior y se quedará con apenas 2,2 millones de euros.
El PP también ha accedido a acometer un importante recorte a las subvenciones que reciben los sindicatos y la patronal valenciana, la CEV, de las arcas públicas.
El 'tijeretazo' a los primeros será de 210.000 euros a UGT y la misma cuantía a CCOO, mientras que los segundos ingresarán 125.000 euros menos de los que perciben habitualmente año tras año.
Los populares también han accedido a incorporar cuestiones de mayor trascendencia en términos ideológicos en las cuentas.
Como muestra, los presupuestos de este año incluyen una partida destinada a la realización de pruebas de edad a menores migrantes para cotejar si realmente no son mayores de edad.
También para la firma de "acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados para reagrupaciones familiares".
Es decir, la firma de convenios para acordar su repatriación, si bien la Comunitat no tiene competencias en materia de inmigración.
Reducción gasto político 3f2v6d
También reclaman que se rechacen las "negociaciones con los partidos separatistas en cualquier circunstancia". Además, considera que todas las cesiones competenciales "han contribuido a deteriorar los servicios públicos y han erosionado la igualdad y los derechos de los españoles".
La proposición no de ley registrada, además, considera "necesaria una visión nacional de la acción política y istrativa que permita poner toda la maquinaria y los componentes del Estado al servicio del bienestar y la prosperidad de los españoles por encima de entes autonómicos, burocracia y duplicidades".
Asimismo, insta a que se inicie el debate "acerca de cómo superar el actual sistema autonómico y alcanzar una financiación de las regiones, provincias, comarcas y municipios con una visión nacional que garantice la solidaridad entre territorios".
De la misma manera, que se asegure "la prestación de servicios públicos de calidad superando cualquier tipo de frontera artificial autonómica".
En última instancia, desde Vox proponen que se reduzca "de forma inmediata el colosal gasto político ineficaz destinado a mantener el estado de bienestar de los políticos" y permita llevar a cabo "una bajada masiva de impuestos a trabajadores, familias y empresas".
En este punto, conviene recordar que PP y Vox han aprobado una rebaja de impuestos en Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Pero esta no entrará en vigor hasta junio de 2026, por lo que los contribuyentes no podrán beneficiarse de ella hasta que realicen la declaración de la renta en 2027.
Así como que el Estado avance "hacia la recuperación de competencias" que han sido cedidas a las autonomías y que recoge la Constitución.