María José Catalá tras una Junta de Gobierno Local. EE a4r50
El Partido Popular y Vox trasladan a la Comunitat Valenciana la estrategia nacional 'antiokupación' 5e6d3i
Catalá ha creado la oficina antiokupas y atribuido competencias en apenas una semana, mientras los 'voxistas' piden que tenga carácter autonómico. 25661h
Más información: Bomberos, Policía, Servicios Sociales… Catalá vuelca a medio gobierno de Valencia en la oficina 'antiokupas' 6e544w
El Partido Popular ha iniciado ya su despliegue para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en toda España. Una estrategia diseñada por la dirección nacional tras el éxito cosechado en Badalona (fue una medida estrella con la que ganaron las elecciones), y que busca movilizar a sus alcaldes y barones territoriales contra este tipo de delitos.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha tomado nota y ya se ha fijado entre sus prioridades el encargo que Génova ha puesto en sus territorios en este sentido. Y los avances que ha dado en apenas una semana han sido significativos.
La Junta de Gobierno Local creó el último viernes de marzo por procedimiento de urgencia la oficina 'antiokupas' de la ciudad y detallaron los servicios que prestaría. Los días siguientes, la agenda de la primera edil ha estado completamente centrada en su desarrollo.
El lunes pasado la semana arrancó con un viaje a Badalona para conocer de primera mano la fórmula del éxito de Xabier García Albiol tras ganar las elecciones municipales en el verano de 2023. Desde entonces, el dirigente catalán se ha consolidado como referente en este ámbito al hacer de esta lucha su principal bandera de gobierno.
A raíz de aquella visita, Catalá puso deberes a los grandes propietarios de vivienda: deberán instalar alarmas y otro tipo de medidas de seguridad para evitar que puedan ser ocupadas de forma ilegal.
"Vamos a hacerles corresponsables de esa posible situación", explicó la alcaldesa tras advertir que en la ciudad existen más de 37.000 viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler por el temor que tienen los propietarios a que sean okupadas. "Hay una gran inseguridad jurídica en estos momentos", dijo la primera edil.
Pancarta en un balcón por el desalojo del centro social 'okupado'. Fernando Sánchez / EP
El siguiente paso, apenas dos días después, consistió en convocar una 'cumbre' de las concejalías implicadas en la oficina; prácticamente, la mitad del ejecutivo local tendrá un papel a desempeñar en la misma.
Participarán Policía Local, Bomberos, el Padrón Municipal, los Servicios Centrales Técnicos, el área de Servicios Sociales locales, Vivienda y Urbanismo. La idea es que todos puedan mantener reuniones periódicas para estudiar la situación en la ciudad.
Entre todos elaborarán un protocolo para "prestar apoyo a los vecinos de la ciudad que sean objeto de los delitos de usurpación y allanamiento de vivienda", de manera que se agilice las acciones que pueden emprender.
Además del protocolo, la Policía Local de Valencia también habilitará una extensión telefónica y un correo electrónico para atender directamente las denuncias que tengan que ver con este tipo de delitos.
Mientras tanto, Emivasa ha desarrollado ya una aplicación para medir el consumo de agua en las viviendas. Algo que ayudará a los propietarios a detectar una posible 'okupación'.
Una batería de medidas puestas en marcha desde distintas delegaciones del Ayuntamiento de la ciudad que, precisamente, han recaído de forma íntegra en áreas gestionadas por el PP.
Vox no quiere quedarse atrás 3q4f2z
Ninguna de las que gestiona Vox están implicadas en la oficina antiokupas, a pesar de haber logrado retener el gobierno de coalición y haberse asegurado la gobernabilidad tras la crisis que ha vivido el partido de Santiago Abascal.
Conscientes del caladero de votos que este tipo de políticas arrastra, en Vox no se quieren quedar al margen. Y el partido a nivel autonómico ha aprovechado el trámite de enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2025 vinculadas a la citada oficina.
Los voxistas han planteado que esta tenga carácter autonómico, que dependa de la Conselleria de Vivienda que dirige la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, y que los empleados sean funcionarios de la Generalitat para que no haya un incremento de gasto en el capítulo 1, el de las nóminas, como consecuencia de su puesta en marcha.
Además, la medida ha sido registrada en solitario. Se trata de una enmienda firmada exclusivamente por Vox, lo que les permite gozar de cierto protagonismo en la defensa de esta propuesta llegado el trámite parlamentario.
Más aún si se tiene en cuenta que, con toda probabilidad, saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular, que acabará apoyándola por la estrategia desplegada en todo el Estado.
