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Los autónomos españoles tienen ser más cautelosos al declarar sus ingresos desde el mes de abril pues Hacienda ha lanzado una campaña de inspección más exhaustiva para reducir el fraude fiscal digital.

En un esfuerzo por cerrar las brechas fiscales y garantizar que todos los trabajadores por cuenta propia cumplan con sus obligaciones tributarias, el organismo tributario ha comenzado a enviar cartas a los autónomos, instándoles a regularizar cualquier ingreso mal declarado o no justificado.

Esta medida, que responde a un aumento de las irregularidades fiscales en el colectivo de autónomos, busca mejorar la trazabilidad de las transacciones y poner un freno a los movimientos no declarados, especialmente aquellos realizados a través de plataformas no reguladas, como ciertos intercambios de criptomonedas.

De acuerdo con los nuevos requerimientos, los autónomos deben aportar documentación que acredite la procedencia de sus ingresos, evitando así discrepancias que puedan llevar a sanciones significativas.

El control se ha intensificado debido a la creciente preocupación por el uso excesivo de efectivo en transacciones, así como la falta de transparencia en algunos sectores como la hostelería, el comercio minorista y los servicios personales. Estos sectores han sido tradicionalmente un caldo de cultivo para prácticas fraudulentas, lo que ha llevado a Hacienda a enfocarse en ellos como áreas prioritarias de inspección.

Los efectos de esta medida 2d4d16

A partir de este año, los autónomos no solo deben declarar sus ingresos, sino también justificar cómo los han obtenido, proporcionando pruebas detalladas de las transacciones realizadas. Esto supone una mayor carga istrativa para muchos trabajadores por cuenta propia, pero también representa una oportunidad para regularizar su situación fiscal y evitar posibles sanciones.

La medida no solo afectará a aquellos que hayan intentado evadir impuestos, sino también a aquellos autónomos que, por desconocimiento o error, no hayan declarado correctamente sus ingresos. En este contexto, Hacienda apunta a eliminar la economía sumergida, promoviendo una mayor equidad tributaria en el sistema fiscal español.

Aunque los plazos para regularizar las situaciones son amplios, con algunos casos permitiendo rectificaciones hasta el 30 de junio de 2025, los autónomos deben ser conscientes de que la falta de cumplimiento puede resultar en sanciones económicas que varían según la magnitud de la irregularidad detectada. Las sanciones por discrepancias en las declaraciones pueden oscilar entre un 50% y un 150% de la cantidad no declarada.

Además, los autónomos deben tener en cuenta que los ingresos recibidos de plataformas online, como ciertas criptomonedas o pagos digitales, serán sometidos a un mayor escrutinio, con un control más exhaustivo de su trazabilidad tanto a nivel nacional como internacional.