Protesta de propietarios de pisos de A Coruña que sufren impagos, en enero de 2025 en María Pita. Quincemil 4xf
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Una mujer lleva al juzgado de A Coruña el desahucio de su inquilina por impago durante cinco años 64r50
La afectada representa en la ciudad a la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica y atribuye una deuda de más de 23.000 euros a una inquilina que alegó vulnerabilidad. El juez convoca el juicio el lunes 5 de mayo 5z3c3t
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El impago del alquiler de una vivienda durante un prolongado tiempo, más de cinco años, llega a la Justicia en A Coruña. El próximo lunes 5 de mayo, el juzgado de primera instancia número 4 celebrará el juicio promovido por la propietaria de un piso de la ciudad herculina cuya inquilina no abona el arrendamiento desde hace un lustro, por lo que reclama el desahucio en los tribunales.
La afectada es Pilar Pérez Álvarez, vecina de Pontedeume y una de las quince fundadoras de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij). Esta entidad de reciente creación promueve las manifestaciones para dar visibilidad a la situación que sufren los propietarios de viviendas de alquiler cuyos inquilinos con contrato dejan de pagar la renta mensual al poco tiempo de estar instalados alegando vulnerabilidad.
Pérez Álvarez es la representante de Aprovij en A Coruña. El pasado mes de enero, antes de una concentración de afectados en la plaza de María Pita, contaba en Quincemil el problema que tiene con su inquilina, a quien atribuye una deuda de más de 23.000 euros.
La mujer explicaba que la alquilada llevaba cinco años sin abonar el alquiler mensual, además del agua, la basura y otros gastos de la comunidad, pagos que ha asumido la propietaria. Pérez cuenta con un informe de Servicios Sociales del año 2022 que determina que su inquilina ya no está en situación de vulnerabilidad y que aunque el Ayuntamiento de A Coruña le ha ofrecido hasta tres viviendas para mudarse, la mujer las rechazó.
La cofundadora de Aprovij ha denunciado su situación ante el Concello y los juzgados. Hace más de medio año tomó la determinación de dejar de pagar lo que le corresponde abonar a su inquilina y seis meses después le llegó una orden de embargo de la pensión que percibe por viudedad e incapacidad, ha contado a Quincemil.
Harta de la situación que padece, los abogados de Pilar Pérez han acudido de nuevo a los juzgados. El juez ha dejado sin efecto la suspensión del desahucio acordada en abril de 2021, en aplicación del real decreto de 2020 que el Gobierno estatal acaba de prorrogar hasta diciembre de 2025 para evitar los procedimientos de desahucio y los lanzamientos por impago de alquiler en hogares vulnerables.
La convocatoria del juicio devuelve la esperanza a esta mujer de recuperar una vivienda de su propiedad que ocupa una persona que no le paga nada por el alquiler.
