Además del deterioro del proceso político que lleva aparejado, el bloqueo político en el que está sumido la España sanchista tiene también un importante coste económico. España perderá cerca de 116.000 millones de euros de los Fondos Next Generation EU si no cumple para el 31 de agosto de 2026 con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
La falta de mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso dificulta sacar adelante las leyes que permitirían cumplir con los hitos que desbloquean las entregas de las partidas. El Gobierno sólo ha aprobado el 30% de las reformas comprometidas.
Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que afectan de lleno a la calidad democrática de nuestro país, condenadas al perpetuo postergamiento a causa del cortoplacismo y la inestabilidad en los que vive instalada la política española. Pero la situación se vuelve más dramática cuando el incumplimiento de estas reformas pendientes pone en riesgo la obtención de 32.000 millones en transferencias y de 82.200 millones en créditos.
España acumula ya dos retrasos sobre el calendario previsto en los desembolsos de fondos europeos. Y al Gobierno le queda menos de año y medio de plazo para aprobar los dos tercios restantes.
Y a la vista de que ya ha dado por perdida la aprobación de unos Presupuestos para este año, y de la cantidad de iniciativas legislativas que permanecen indefinidamente prorrogadas en el Congreso como estrategia dilatoria, no parece que Sánchez vaya a ser capaz de corregir este ritmo. Por lo que el resto de desembolsos no llegaría a tiempo.
Ante esta circunstancia, la duración de la legislatura ya no depende de la estrategia política del Gobierno, sino que sus tiempos están acotados por un calendario tasado. Por lo que se impone una disyuntiva: o logra antes de otoño amarrar los apoyos que permitan desbloquear las reformas legislativas, o disuelve las Cortes para dar una oportunidad a los españoles de modificar esta estéril aritmética parlamentaria.
Y no sería suficiente con que, como barruntan en Podemos, Sánchez adelantase las elecciones generales para hacerlas coincidir con las andaluzas de mediados del año que viene. Para dar tiempo a que se constituyera una nueva mayoría en el Congreso y un nuevo Gobierno que pudieran acelerar la consecución de los objetivos, Sánchez debería convocar elecciones a finales de este año o, como muy tarde, a principios del próximo.
Lo que está claro es que España no puede permitirse perder ese dinero por la debilidad política de Sánchez. Una debilidad que, en vísperas del aniversario de los cinco días de reflexión de Sánchez, podemos decir que no se ha enderezado, sino que lo único que se ha fortalecido ha sido su liderazgo absoluto en el partido. La situación de incertidumbre y de parálisis ejecutiva permanece, o incluso se ha agravado.
La fecha límite improrrogable de los fondos europeos no deja margen para que el Gobierno siga comprando tiempo a base de artimañas. Si Sánchez no consigue reunir una mayoría parlamentaria que le permita cumplir con Bruselas, que acuda a las urnas a buscarla.