El fiscal de la Corte Penal Internacional se aparta del cargo mientras lo investigan por presuntos abusos sexuales 4s582l

El fiscal de la Corte Penal Internacional (I), Karim Khan, se ha apartado temporalmente del cargo hasta que finalice la investigación por presunto acoso sexual, según comunicó este viernes la oficina del propio fiscal.

"El 16 de mayo de 2025, el fiscal comunicó su decisión de tomar licencia hasta la finalización del proceso de la OSSI (Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas)", informó la oficina de Khan.

La gestión de la Fiscalía de la I recaerá en los fiscales adjuntos durante su ausencia, precisó la misma fuente.

Khan aseguró en reiteradas ocasiones que "no hay verdad alguna en las insinuaciones" que le señalan por presunto acoso sexual a una empleada de su oficina, y siempre se mostró dispuesto a "proporcionar cualquier información necesaria" a los investigadores, a la vez que subrayó estar "del lado de cualquier víctima de acoso o abuso".

Karim Khan, quien ejerce como fiscal de la I desde 2021, ha encabezado investigaciones sensibles, entre ellas las de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Entre sus decisiones más controvertidas figuran las órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania, y las solicitudes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el uso del hambre como táctica de guerra en Gaza.

En ese sentido, el fiscal ha advertido varias veces sobre las acusaciones que pesan en su contra que tanto él como la I enfrentan "una amplia gama de ataques y amenazas" debido a los casos en curso.

El pasado 28 de octubre, el fiscal solicitó formalmente a la Asamblea de Estados Partes de la I que instara al Mecanismo de Supervisión Independiente (IOM), que analiza este tipo de situaciones y tiene plena independencia operativa del tribunal, que abriese una investigación inmediata para esclarecer tanto las "alegaciones de mala conducta" como posibles casos de "desinformación".

Posteriormente, fue la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas la que asumió la investigación.