Pablo Enrique Rodríguez se convirtió en el director general de la Policía Municipal de Madrid el 27 de junio de 2019. Llegó así al cargo un "hombre de la casa" que había sido número 1 en sucesivos procesos de ascenso. Hoy, la izquierda madrileña pide su cabeza tras el atropello a una niña con un vehículo policial durante el apagón. Pablo Enrique viajaba de acompañante. Lo que desata la cólera de Más Madrid y PSOE es la manera en la que supuestamente actuó el alto mando y el Consistorio tras el incidente. El director general está, además, investigado por la Justicia por dos asuntos: el presunto amaño en unas oposiciones y los incidentes con el 'Capobus' de Hazte Oír.

Pablo Enrique ingresó en el cuerpo en 1986. A lo largo de su trayectoria, fue promocionando y ocupando diferentes puestos. Entre otras responsabilidades, lideró el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) y fue director general de Emergencias y Protección Civil. Además, está licenciado en derecho por la Universidad Complutense.

Según el portal de transparencia del Ayuntamiento de la capital, el policía cobra 101.580 euros brutos al año en su actual rol. Pocos días después de ser nombrado director general de los municipales, se dirigió por carta a su plantilla con el siguiente mensaje: "No podemos defraudar a los vecinos y visitantes de esta ciudad, acotando injustificadamente funciones para las que esta Policía ha demostrado solvencia, capacidad y especialización. Madrid necesita que su Policía Municipal despliegue todo su arco competencial".

El atropello a la niña 516815

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el Paseo de Extremadura, en pleno apagón. Sin embargo, no se conocieron hasta el jueves, cuando el incidente trascendió a la prensa. Al parecer, el vehículo circulaba por el carril de bus y taxi, en un momento en el que los semáfaros estaban apagados. La niña y su madre intentaron atravesar la calle unos metros por encima del paso de cebra cuando el coche policial, sin distintivo, golpeó a la pequeña.

Según informó El País, Enrique y el conductor se bajaron del vehículo y una ambulancia acudió rápidamente al lugar para atender a la niña, que según el citado diario sufrió una fractura en el tobillo y una posible rotura de rodilla, aunque la Policía Municipal calificó las lesiones como leves.

Fuentes de este cuerpo han confirmado a EL ESPAÑOL la apertura de una investigación interna sobre estos hechos para esclarecer lo sucedido y recabar todos los datos. Todo ello dentro del plazo de 10 días que tiene la Policía para hacer este trabajo, según su propia normativa. Las críticas, en este suceso, van en dos sentidos. Por un lado, fuentes sindicales cargan contra la gestión del correspondiente atestado. Por otro, Más Madrid y PSOE critican la reacción, a su juicio, tardía del Consistorio madrileño en aclarar lo ocurrido.

En declaraciones a Efe, voces sindicales explican que, en las primeras 24 horas en las que se produce el accidente, se debe dar de alta un primer parte con los datos básicos. Consiste en un informe con datos como el lugar, el día y la hora, los agentes que intervienen, la gravedad y el tipo de siniestro, el DNI del conductor y la matrícula del vehículo. Estas mismas voces aseguran que en un primer momento no consta ni el atestado ni la prueba de alcoholemia al conductor implicado en el accidente.

"Si algo ocultas, algo temes", valoran desde la Asociación Policía Municipal Unificada (APMU), que consideran que es "raro" que no se actuase siguiendo el procedimiento habitual. Según la citada agencia de noticias, otras fuentes sindicales creen que el apagón eléctrico masivo podría explicar que no se hubiera hecho el atestado en ese momento.

José Luis Martínez-Almeida aseguró el lunes que sí se estaba cumpliendo con todo el proceso istrativo y acusó a los grupos de la izquierda de "alimentar" teorías que ponen "en duda" el "honor" de los agentes. "Esperemos a la documentación oficial tanto de Policía Municipal como de Samur para esclarecer exactamente qué es lo que sucedió el lunes pasado", expresó. Además, el regidor popular prometió que "hará cumplir" cualquier "directriz" que no se haya cumplido.

Para Más Madrid y el PSOE, el suceso no solo pone en la picota a Pablo Enrique, sino a la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, como responsable política del Área de Seguridad y de la gestión del accidente. En un primer momento, el Gobierno municipal explicó que la mecánica istrativa policial se realizó "correctamente", abriéndose el plazo del formulario inicial en el plazo de 24 horas.

Los casos que persiguen a Rodríguez 1v5m2u

Por otro lado, el director de la Policía Municipal está siendo investigado por la justicia por unas supuestas irregularidades en las oposiciones a comisario e inspector del cuerpo. De hecho, Rodríguez declaró en abril, después de que la Audiencia Provincial reabriese la causa en 2024 por segunda vez, tras dos archivos previos de la causa. El agente está bajo sospecha en este proceso junto a otros mandos y exmandos.

En la causa está implicada Ana María Padilla, que aprobó en 2023 la oposición a comisaria y que, según voces sindicales, mantuvo una "relación física" con el director general. Según El Mundo, lo que se investiga es un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por el vínculo de los aspirantes con del tribunal y con una academia de Policía dirigida por la mujer del comisario Miguel Carmona, también investigado.

El otro caso judicial abierto que salpica a Pablo Enrique se abrió tras una denuncia presentada por Hazte Oír. La asociación ultracatólica informó en diciembre que "diferentes unidades policiales distribuidas a lo largo y ancho de la capital habían detenido, retenido y propuesto para sanción al CapoBús" en noviembre de 2024.