Centro La Cantueña, lugar donde se construirá el centro de primera acogida en Fuenlabrada. E. E. 4e5j5m
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La Comunidad de Madrid estudia otros casos y solicita la reagrupación de los menores inmigrantes no acompañados con dificultades de adaptación. 362x4a
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La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno la reagrupación familiar de los menores inmigrantes no acompañados con dificultades de adaptación para salvaguardar su protección. En concreto, ha remitido cuatro expedientes tras los últimos incidentes en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada.
Así lo ha precisado el consejero de Presidencia, Justicia y istración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha añadido que esto se ha hecho con un interés "siempre en defensa del interés superior del menor", después de la última reyerta de este lunes. Dicha pelea multitudinaria se saldó doce menores detenidos, dos de ellos heridos, así como siete trabajadores del centro, uno de ellos vigilante de seguridad.
Conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha comenzado a enviar a la Delegación del Gobierno en Madrid expedientes de menores inmigrantes no acompañados que presentan graves dificultades de adaptación y que podrían ser susceptibles de esta medida siempre y cuando el interés superior del menor lo aconseje. De esta manera, el Gobierno de la región le insta a que cumpla sus competencias.
Hasta el momento, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha remitido a Delegación en las últimas semanas estos cuatro expedientes de menores con estos perfiles que permanecen en centros de la Comunidad de Madrid. Además, este órgano colegiado continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración.
En este sentido, ha iniciado el estudio de los expedientes de los menores involucrados en los incidentes del Centro de La Cantueña para proponer su reagrupación familiar, en los casos en los que sus circunstancias así lo aconsejen y lo permitan.
Desde el Gobierno regional aseguran que esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas. "Además, resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar", tal y como afirman en un comunicado.
Añaden que "cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades".
Por ello, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha decidido que "en estos casos la mejor opción para su desarrollo es el regreso a su entorno familiar". Esto lo hace en virtud de lo contemplado en el Real Decreto 557/2011 y en los mismos términos en el Real Decreto 1155/2024, aprobado por el Gobierno de España hace menos de un año, y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo.
Para el Ejecutivo regional, "es imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como ha remarcado recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social".
Asimismo, han afirmado que es "urgente la necesidad de que se despliegue una política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos".
Recurso ante el Tribunal Constitucional 535x69
Por otro lado, la Comunidad también ha recurrido la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. En concreto, se trata del Real Decreto ley 2/2025 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese real decreto ley infringe "varios preceptos" de la Carta Magna de 1978 y es "inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores".
