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Ofensiva del Canal de Isabel II contra los clientes morosos para recuperar 5,2 millones: o pagan sus deudas o les lleva al juzgado lb66

La gestora pública de aguas busca despachos de abogados para repartir 3.029 expedientes de deuda de clientes y terceros. 4p5a20

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Por no pagar las facturas del agua, por anular un contrato o por darse de baja... Un cliente del Canal de Isabel II puede deber dinero a la entidad pública de aguas por diferentes razones. La compañía pública madrileña ha identificado miles de deudas entre sus consumidores en los últimos años.

La entidad, en cuyo accionariado están representados la Comunidad de Madrid y 116 ayuntamientos de la región, busca a cuatro despachos de abogados que le ayuden a reclamar el capital que le deben.

El servicio también incluirá las reclamaciones a terceros que hayan dañado las redes de abastecimiento y saneamiento del Canal.

Así consta en la documentación del concurso público que la empresa de aguas lanzó hace unas semanas. En total, la gestora está dispuesta a gastarse 1.161.600 euros (IVA incluido) para cobrar las deudas.

En total, repartirá 3.029 expedientes entre las cuatro contratistas. La suma de todas estas deudas alcanza los 5.289.526 euros.

Fuentes de la compañía aclaran: "Las cifras del contrato son orientativas para los licitadores y no es posible conocer con exactitud el importe que será finalmente objeto de reclamación judicial".

El servicio de los despachos durará cinco años y sus profesionales no podrán dejar el trabajo a medias.

Pactar o ir a los tribunales 3c1ix

Los adjudicatarios tendrán varias obligaciones. El objetivo es lograr el "mejor resultado" posible, ya sea por "vía extrajudicial" o "judicial". Es decir, primero intentarán llegar a acuerdos amistosos con los deudores. arán con ellos, harán averiguaciones, les ofrecerán un plazo voluntario de pago, etcétera.

Si los letrados logran cobrar la deuda o firmar un acuerdo de fraccionamiento, se cerrará la vía extrajudicial. Eso sí, en "ningún caso se considerará resuelto el expediente hasta su completo pago o, en su defecto, a la finalización del contrato".

Si no se alcanza un acuerdo y persiste el impago, se recurrirá a la vía judicial. En general, las reclamaciones en la Justicia se harán mediante el proceso monitorio.

El proceso monitorio es una forma rápida de reclamar deudas. Solo hay juicio si el moroso se niega a pagar. En el caso de que no abone el dinero o no se oponga en el plazo concedido, se le pueden embargar los bienes para cobrar la deuda.

Los despachos informarán al Canal de Isabel II de diferentes trámites judiciales que se vayan sucediendo, como la demanda o la petición del proceso monitorio, de la contestación del deudor, de los señalamientos, de las resoluciones o de los decretos.

En el caso de que el cliente o tercero reconozca la deuda y pida fraccionar el pago, la compañía pública lo valorará y, si lo acepta, se homologará el acuerdo ante el juzgado.

Tal pacto concluiría el proceso judicial. Eso sí, no cierra el expediente, algo que ocurrirá cuando se abone toda la cantidad adeudada. El Canal decidirá, llegado el caso, la interposición de recursos en segunda instancia.

El contrato obligará a los despachos legales a tratar la información de los expedientes de forma confidencial, a no prestar servicios que afecten a los intereses del Canal y a elaborar informes cuatrimestrales sobre la situación de la gestión de cobro de las deudas.

Miles de expedientes 2u3h67

Dentro de la gestora de aguas existe un departamento de Contencioso para las reclamaciones judiciales. Sin embargo, el "elevado volumen" de expedientes ha empujado a la empresa a buscar servicios legales externos de apoyo.

El Canal afirma que "no es posible" cifrar la deuda exacta de la que es acreedora cada año ni el número de clientes que le deben dinero. Aunque en los últimos cinco años ha contabilizado 8.682 posiciones deudoras.

En total, apunta a 5.307 expedientes "susceptibles de ser judicializados". De ellos, asignará a los bufetes 3.027 casos con documentación completa o solicitada o contratos activos "cuyo importe de deuda debe ser actualizado".

Las firmas interesadas en el concurso público tienen hasta el 9 de junio para presentar sus ofertas.