Hacienda plantea al juez paralizar la inspección fiscal al financiador de la campaña de Alvise investigado por estafa 5p6d8

Ahora, Romillo está siendo investigado judicialmente. Por un lado, por la Audiencia Nacional, por la supuesta estafa cometida por el MIC contra cientos de inversores que confiaron su dinero a este chiringuito financiero, tal y como lo definió la CNMV.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra Pérez y contra él por la supuesta entrega de dinero, que habría servido para sufragar la plataforma Se Acabó La Fiesta. Fue con esta plataforma con la que Alvise se presentó al 9-J y con la que consiguió un escaño en el Parlamento Europeo. Antes de eso, durante la campaña, el todavía candidato promocionó en un evento las bondades de invertir en el MIC y de la economía cripto.

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Desde diciembre de 2024, paralelamente a la causa que instruye la Audiencia Nacional, el Ministerio de Hacienda comenzó una investigación a las cuentas de Romillo, conocido en el sector de las criptomonedas como CryptoSpain.

Sin embargo, debido a que existe un procedimiento penal abierto, el caso Madeira, la Agencia Tributaria ha planteado al juez José Luis Calama congelar, de momento, la inspección fiscal contra Romillo y varias de las empresas que formaban parte del MIC. Entre ellas, EluLegal España SL, dedicada al asesoramiento en elusión fiscal, o Sabrosso Lda, una mercantil radicada en Portugal propiedad de CryptoSpain.

Hacienda investiga el pago del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto a la Renta de los No Residentes por parte de Romillo. En concreto, en los ejercicios económicos de 2022 y de 2023.

No obstante, la AEAT expresa en un documento enviado al juez que tiene "constancia de la existencia del citado procedimiento penal", por lo que insta a Calama a que ordene congelar la inspección tributaria. Así lo establece la ley, que concede primacía a los procedimientos penales frente a las actuaciones istrativas de Hacienda.

Así lo habían alertado también los abogados de Romillo, que señalaron a la AEAT que la documentación que requería al empresario "guarda una estrecha relación con los hechos investigados en el procedimiento penal".

Así las cosas, la decisión de paralizar la inspección tributaria queda ahora en manos del juez, del mismo magistrado que, por otro lado, ha rechazado impedir a Hacienda que siga exigiendo documentación a los denunciantes del caso Madeira, quienes también trataron de frenar los requerimientos que Hacienda les ha dirigido.

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Tal y como marca la Ley General Tributaria, la suspensión del procedimiento istrativo sólo es posible si lo dispone el juez. Y así se lo solicita ahora la AEAT "por un principio de economía procesal, puesto que la investigación de unos mismos hechos no es lógico que la realicen varios órganos distintos".

Asimismo, Hacienda considera que la Audiencia Nacional instruirá este asunto con "mayor eficacia", debido a sus "más intensas facultades investigadoras". Todo ello, a fin de evitar "duplicidades", la "posible utilización ineficiente de recursos públicos" y "calificaciones contradictorias en la vía penal y la istrativa".