Uría, Garrigues, Hogan... La avalancha de demandas por el apagón desata una guerra para fichar a los mejores bufetes 1i2l60

Iberdrola, que siempre tiene como referencia jurídica a Garrigues, el mayor despacho de España, ha sorprendido al mercado con la contratación del segundo en el ranking, Uría Menéndez, que cuenta entre sus filas con uno de los mejores especialistas en derecho energético.

La eléctrica, que tiene un claro enfrentamiento con Redeia sobre las causas del apagón, contará con un tercer bufete, Hogan Lovells, para atender y defenderse de las demandas de particulares y empresas que pueda recibir.

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Redeia, como responsable máximo de la seguridad eléctrica, y las dos mayores operadoras que mezclan generación, distribución (mayorista) y comercialización (minorista), Iberdrola y Endesa, son las que más están ahora en el foco de la investigación.

Aunque ni empresas ni bufetes confirman los contratos realizados, los fichajes se van conociendo en el mercado y, en este caso, sin escatimar gastos para tener a los mejores en cada área de práctica jurídica. Dos empresas no pueden contratar al mismo despacho por incurrir en un conflicto de interés.

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Todos los bufetes implicados tienen expertos jurídicos en energía de alto nivel, pero el caso de Uría Menéndez es importante por la figura de Roberto Fernández, que hasta 2023 era abogado del Estado jefe de la Secretaría de Estado de Energía, desde donde ha participado en todas las reformas del sector energético del Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector jurídico aseguran que esa era en un principio la apuesta de Redeia (Red Eléctrica), sobre la que están puestas todas las miradas como responsable de la gestión de la red, y que ha trabajado durante años con el abogado que fichó Uría. 

Las compañías buscan asesor jurídico que cumpla esas dos condiciones: experto en la regulación legal del sector y litigación, y a la vez, conocedor de todos los detalles del funcionamiento del sistema eléctrico español en la última década.

Eso hace que todos los focos estén puestos además en alguna de las Big Four -PwC, EY, KPMG o Deloitte-, cuyos departamentos jurídicos han crecido mucho, pero con especialistas en el sector a nivel europeo y que han colaborado con numerosos estudios para el Gobierno y las propias eléctricas. No pueden ofrecer servicios jurídicos si son a la vez los auditores de la compañía.

Avalancha de demandas 692h2z

No es solo la sanción por infracción istrativa que puedan sufrir, que no pasará de 60 millones de euros, es la avalancha de demandas de industrias, empresas y miles de particulares que le puedan llegar al responsable (culpable) aguas arriba a largo plazo.

Fuentes jurídicas ajenas a la pelea en marcha y conocedoras del sector desde hace décadas, advierten que ese proceso puede durar más de dos años hasta que se sepa con certeza de quién fue la culpa y se puedan empezar a sustanciar demandas jurídicas, como ha ocurrido en otros apagones menores.

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"La cadena de reclamaciones puede durar diez años -señala un experto jurídico en energía-, y los políticos de ahora no estarán a la hora de pagar el pato, con lo que la fórmula del 'sálvese quien pueda' a corto plazo puede ser peligrosa para determinar las verdaderas causas y culpables".

El desarrollo jurídico se puede complicar si las causas y sus responsables son varias, si bien para que haya responsabilidad legal siempre hay que descartar que todo ocurrió por razones de fuerza mayor.

Los profesionales de la abogacía temen mucho, además, el impacto que en la investigación en marcha van a tener las implicaciones de política energética, como la apuesta española por las renovables, como elemento distorsionador del informe final.

En cualquier caso, los equipos de la élite jurídica de este país que se puedan conformar tienen sobre la mesa todos los escenarios, a la espera del pistoletazo de salida, que será la determinación de las causas del apagón y sus responsables.

Costes de gestión y descuentos 26a60

Mientras se busca al culpable, las empresas, particulares o clientes cualificados que sufrieron algún daño pueden plantear una demanda a sus comercializadoras, y éstas a las distribuidoras mayoristas que deberían haber garantizado el suministro sin cortes. En la cúspide del sistema se sitúa Redeia.

En esa cascada de miles de demandas por daños jugarán un papel importante las aseguradoras, si bien para ello siempre se deberá demostrar el perjuicio y, ante una sentencia o resolución de sanción, el pago final del seguro dependerá de lo que se estipule en la póliza.

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El daño será más fácil de cuantificar en el caso de la industria y las empresas que ante demandas de particulares. Ya se prevén más de 1.000 millones de costes en la gran industria intensiva en el uso de energía, que pueden multiplicarse si se incluyen todo tipo de empresas de comercio o servicios.

Ese proceso lógico de reclamaciones se complica con los descuentos a aplicar en el recibo de la luz por interrupciones, que varía según el tipo de consumidor y cliente, pero que puede llegar a ser el 10% de la facturación anual de la comercializadora.

Eso generará otra cascada de demandas entre compañías para ver quién asume el coste adicional que supone para muchas comercializadoras minoristas, cuya rentabilidad suele estar muy ajustada.

Incluso hay un tercer coste que se puede reclamar por parte de las comercializadoras que es el que supone dedicar más gente y recursos a la gestión de las reclamaciones, derivado de la situación de crisis generada, que puede perdurar años en la estructura de la compañía.

Desde el sector está asumido que, a priori, van a ser las compañías aseguradoras y las eléctricas quienes asuman los primeros gastos e indemnizaciones por causa del apagón, a la espera del 'operador culpable' (o culpables), que finalmente se determine.